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En la reunión extraordinaria de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se realizará próximamente para analizar la situación política de Nicaragua, estará a prueba una vez más la Carta Democrática Interamericana.
Una vez más, porque ya fue puesta a prueba en 2018, cuando la dictadura masacró sangrientamente las protestas ciudadanas en demanda de democracia; y en 2021, cuando encarceló a todos los precandidatos presidenciales de la oposición, liquidó a todos los partidos opositores y se reeligió nuevamente en una farsa electoral que la misma OEA calificó como “elecciones ilegítimas”.
Ahora, en la próxima reunión extraordinaria de cancilleres sobre Nicaragua, los gobernantes de las Américas demostrarán si tienen voluntad para aplicar la Carta Democrática a un régimen que ha renegado de la democracia interamericana. O si se mantendrán en el nivel de la retórica política, sonora pero inefectiva.
La Carta Democrática Interamericana, que fue aprobada en septiembre de 2001 es de obligatorio cumplimiento para todos los Estados de las Américas, incluyendo al de Nicaragua, aunque por ahora este no sea miembro formal de la OEA porque los dictadores Ortega y Murillo lo sacaron en 2023 para tratar de evadir sus denuncias y reclamos.
La Carta Democrática Interamericana declara categóricamente en su artículo primero que “los pueblos de las Américas tienen derecho a la democracia y sus gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla”. Sin embargo, ese derecho le ha sido conculcado al pueblo nicaragüense, por una dictadura atroz que no respeta el derecho internacional y rechaza las normas de la convivencia humana civilizada.
Algunos expertos en el derecho internacional interamericano aseguran que la aplicación de la Carta Democrática ha adolecido de ineficacia por varias deficiencias. Así lo dice, por ejemplo, el profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, Thomas Legler, en un análisis publicado en la revista Americas Quartely el 9 de septiembre corriente.
Según Legler, el texto de la Carta Democrática “no ofrece una definición clara de qué amenazas constituyen violaciones graves (a la democracia), y su estatus jurídico como resolución, en lugar de tratado, deja su aplicación sujeta a la interpretación política de los Estados miembros de la OEA”. Y agrega que el uso de la Carta Democrática Interamericana “es vulnerable a las fluctuaciones del panorama político y a las tendencias geopolíticas e ideológicas en todo el hemisferio”.
Pero es que en general todos los textos de derecho internacional, ya sean tratados o resoluciones de organismos jurídicamente competentes como la OEA y la ONU, aunque sean claros y precisos su interpretación y aplicación, dependen de la voluntad política de los gobiernos que están obligados a ellos.
De manera que dependerá de la voluntad política de los gobiernos de los países miembros de la OEA que sus cancilleres determinen si las violaciones de la dictadura de Ortega y Murillo a las normas de la Carta Democrática Interamericana y a la Convención Americana de Derechos Humanos son suficientemente graves para ameritar la imposición de medidas drásticas, colectivas y unilaterales. Y si así lo determinan, promover acciones que ayuden al pueblo de Nicaragua a recuperar la libertad y la democracia.
El mismo Thomas Legler reconoce en su análisis publicado por Americas Quartely que “la resolución del Consejo Permanente de la OEA, que convocaba una reunión urgente de ministros de Relaciones Exteriores para septiembre con el fin de contrarrestar las intenciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de suprimir las elecciones y constitucionalizar el autoritarismo, subrayó la coherencia de la acción con la Carta Democrática”.
Eso es muy cierto. De manera que ahora le corresponderá a los cancilleres de las Américas, en su próxima reunión sobre Nicaragua, convertir la coherencia de principios en las correspondientes acciones prácticas efectivas.
Como dijo recientemente el exsecretario general de la OEA, Luis Almagro, la soberanía que alegan Ortega y Murillo como escudo de impunidad para proteger sus fechorías, no puede ser limitante de una drástica acción interamericana para ayudar al pueblo de Nicaragua a liberarse de la dictadura.
