La presidenta mexicana, señora Claudia Sheimbaum, presidió la solemne celebración oficial del 216 aniversario de la independencia nacional de México, este miércoles 16 de septiembre.
Es una tradición patriótica mexicana, que cada año la persona que ejerce la Presidencia de la República encabece la celebración de la independencia nacional; y que repita el Grito de Dolores que pronunció el clérigo y prócer Miguel Hidalgo y Costilla, en el poblado de Dolores, estado de Guanajuato, el 16 de septiembre de 1810, cuando llamó al pueblo a alzarse en armas por la independencia nacional de México.
En un marcado contraste que tiene mucha significación cultural, ideológica y política, los codictadores de Nicaragua que se hacen llamar copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, este martes 15 de septiembre otra vez estuvieron ausentes en la celebración oficial de la Independencia Nacional de Nicaragua. Es obvio que para ellos es más importante la celebración del 19 de julio, aniversario de la Revolución Sandinista, que ha sido impuesta como festividad oficial lo mismo que la bandera roja y negra del FSLN como símbolo patriótico junto a la bandera azul y blanco, que es el legítimo, verdadero y único pabellón nacional.
Pero no es del falso patriotismo y el fingido nacionalismo de los codictadores de Nicaragua, de los que queremos ocuparnos esta vez; sino del patriotismo y soberanismo de la presidenta Sheimbaum de México, que sin duda es legítimo y lo demuestra a menudo con palabras y hechos, no solo en la celebración oficial del aniversario de la independencia nacional mexicana.
Ahora bien, el nacionalismo y el patriotismo no son ni deben ser excluyentes o incompatibles con la promoción y defensa de los derechos humanos, la libertad y la democracia. Por el contrario, son complementarios.
Es a partir de este criterio fundamental que hemos criticado la indiferencia o neutralidad, rayana en la complicidad, de la presidenta de México y su gobierno ante la tragedia de derechos humanos y la abolición de la libertad y la democracia en Nicaragua, por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Que el principio de no intervención y respeto a la soberanía nacional no son incompatibles con los derechos humanos, la libertad y la democracia, lo tienen que saber muy bien los gobernantes de México. Los que, además, por derecho internacional están comprometidos a cumplirlos internamente y velar porque se cumplan en los demás países de las Américas.
Es que México es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuya Carta constitutiva y su complementaria Carta Democrática Interamericana, determinan con fuerza de ley que el respeto a los derechos humanos, la libertad y la democracia son la base del sistema interamericano.
Basada en esos principios jurídicos y políticos la OEA está tratando de ayudar a Nicaragua a recuperar su condición de Estado democrático y que los derechos humanos de los nicaragüenses vuelvan a ser respetados. Y con ese propósito ha convocado a una reunión extraordinaria de cancilleres del sistema interamericano a celebrarse en los próximos días.
Pero el Gobierno de México, alegando los principios de no intervención y respeto a la soberanía nacional, se negó a apoyar la convocatoria de la reunión extraordinaria de cancilleres sobre Nicaragua. No votó en contra, como sí lo hizo Brasil de manera descarada, pero con la abstención motivada por su afinidad ideológica con los dictadores de Nicaragua, avaló de hecho, aunque no fuera esa su intención, las atrocidades que estos cometen contra el pueblo nicaragüense
Por supuesto que la presidenta Sheimbaum y su gobierno tienen derecho de manejar como quieran sus relaciones con Estados Unidos, y ser solidarios con la dictadura de Nicaragua e insolidarios con el pueblo nicaragüense. Pero al menos deberían reconocer con franqueza las razones que tienen para hacer eso y no escudarse en los principios de independencia y no intervención. Estos no merecen ser manoseados para respaldar de hecho a una dictadura totalitaria que niega los derechos más sagrados de los pueblos y representa una amenaza a la convivencia interamericana.
