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En campaña electoral, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, prometió mano dura contra la delincuencia y una intensificación de la lucha contra los grupos armados.
A esas promesas se les atribuyó parte de su éxito en las elecciones del pasado mes de junio.
Pero las imágenes que compartió De la Espriella en que se le ve caminando entre los cadáveres de presuntos guerrilleros muertos en una operación militar generaron debate y fuertes críticas.
El video causó controversia en una nación traumatizada por décadas de conflicto armado y brutalidades cometidas tanto por insurgentes como por efectivos del ejército y paramilitares.
De hecho, este jueves 10 de septiembre un juez en Bogotá ordenó al presidente ocultar temporalmente dichas publicaciones, según la agencia de noticias AFP, que accedió al documento.
Una de las que condenó esas imágenes fue la Defensora del Pueblo, Iris Marín: «El Estado y el Gobierno no pueden entrar en una competencia por demostrar quién puede ser más cruel», dijo en una publicación en X.
«Incluso en la guerra hay límites, y la dignidad humana no desaparece con la muerte. Las imágenes y los símbolos del poder público también importan», escribió.
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Precisamente en lo que comunican esas imágenes y símbolos podría estar la explicación de lo que busca De la Espriella con su estrategia de seguridad.
Fuerza e intimidación
El presidente divulgó un primer video tras un operativo de las fuerzas militares colombianas en el Guaviare en que murieron 23 presuntos integrantes de disidencias de las Farc y dos menores de edad.
El momento en el que se lo ve caminando entre los cadáveres forma parte de un material más largo, de algo más de siete minutos, en el que da detalles de las operaciones militares y de los insurgentes capturados y dados de baja.
«Mostrar eso manda un mensaje de fuerza e intimidación», dice el politólogo Carlos Cortés.
Cortés ve en las imágenes una consistencia con la línea dura de De la Espriella dijo que iba a adoptar en seguridad.
Se desmarca así de la estrategia de su antecesor, Gustavo Petro, quien apostó por negociar con grupos armados para salir del conflicto.
Elizabeth Dickinson, analista del centro International Crisis Group, coincide en que lo que busca el presidente colombiano es «enfatizar una narrativa de ofensiva, de asegurar el control del Estado».
«Las imágenes muestran el dominio del Estado sobre actores criminales», apunta la experta.
Para una parte importante de los colombianos su principal preocupación son los desafíos que enfrenta el país en temas de seguridad y orden público, según reflejan encuestas.
De la Espriella, desde que se lanzó a la presidencia, se mostró en eventos públicos con chaleco antibalas, detrás de atriles blindados y entonando consignas contra lo que él llama «narcoterrorismo».
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Catalina Suárez, estratega política, cree que esa puesta en escena nunca fue casualidad: «Usa símbolos para mostrar que no se amedrenta».
Su paseo entre cadáveres enfatiza esa imagen de hombre fuerte con la que ganó las elecciones y que ahora quiere mantener en el gobierno.
Debate en Colombia
Muchos de sus seguidores quedaron satisfechos con las imágenes, como muestran los numerosos mensajes de apoyo que recibió en redes sociales.
Pero muchos otros ciudadanos y figuras de la oposición las cuestionaron con dureza.
«Asistimos a la necrofilia mediática», dijo la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, el partido de Petro.
Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y excandidata presidencial, se refirió a la polémica y dijo que «el autoritarismo mafiosongo no respeta la vida ni la muerte».
El debate cobró otra dimensión cuando se pronunció la Defensora del Pueblo, pidiendo que el Estado no compita por demostrar crueldad.
Su postura fue contestada por el ministro de Interior, Rodrigo Lara Restrepo, hijo del asesinado ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, acribillado en un crimen atribuido al cartel de Medellín en tiempos de Pablo Escobar.
«Lamentamos (…) lo que consideramos una triste equivocación: equiparar al Estado con las bandas narcoterroristas, como si compitiera en crueldad (…) El Estado cumple un deber constitucional de combatir a los criminales que ejercen el terror», escribió el ministro.
Dickinson recuerda que este tipo de demostraciones de autoridad no son nuevas en Colombia. «En la lucha contra Escobar y los carteles circulaban imágenes. Se celebró la famosa foto con Escobar muerto con los policías».
«Es un tema recurrente lidiar con el conflicto. También se hizo durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010). Se usan este tipo de imágenes para mandar mensajes morales y normativos al público», añade.
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Lo cierto es que, pese a las críticas por el primer video, dos días después De la Espriella volvió a publicar nuevas imágenes en las que se lo veía junto a otros cadáveres tras una operación en que se dio baja a Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, su pareja Angélica Tarazona, alias La Bebecita y otras dos personas en La Guajira.
Una corriente regional
La exhibición de autoridad y mano dura es un fenómeno que se ha repetido en el continente en los últimos años.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, muestra con frecuencia las imágenes de presuntos pandilleros encarcelados y sometidos en masa en su lucha contra las maras.
Donald Trump también ha compartido videos de ataques de militares estadounidenses a supuestas narcoembarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico.
«La campaña estadounidense, en la que esencialmente matan extrajudicialmente a presuntos narcos, abre la puerta, creo, a otros comportamientos que se repiten en la región», dice Dickinson.
«Si EE.UU. se comporta así, baja los estándares para el resto», añade la experta.
En el caso de Colombia, donde producto del conflicto armado de más de 60 años se ha vivido la violencia de guerrillas, carteles, paramilitares y el ejército, Dickinson advierte sobre la otra cara de esta exhibición de poder.
«En comunidades afectadas por el conflicto, las imágenes de De la Espriella son escalofriantes porque muestran un mensaje que enfatiza el recuento de muertos», señala.
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Y recuerda que amplificar ese mensaje ha llevado en el pasado a la muerte de civiles inocentes y a un aumento de la violencia por parte del Estado.
«No estoy diciendo que eso pase ahora, pero sí que puede resonar así en el contexto colombiano», aclara.
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