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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que controla a todas las instituciones del Estado de Nicaragua, incluyendo al Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide), cumplió más de dos años de ocultar los resultados del IX Censo Nacional de Población y Vivienda, que lanzó el 30 de abril de 2024 y prometió concluir en 30 días, plazo que se completaba el 29 de mayo de ese mismo año.
En 2024 el Inide ni siquiera logró cumplir con el plazo de empadronamiento inicial, extendiendo la aplicación de las encuestas hasta junio de ese mismo año. Sin embargo, tras dicha ampliación, no volvió a informar sobre una nueva prolongación del empadronamiento y tampoco divulgó una ficha técnica que permitiera comprobar la posible fecha de divulgación de resultados y la inversión que se hizo para aplicarlo.
Confirman errores en aplicación de encuestas
Trabajadores públicos que participaban en la ejecución del empadronamiento del Inide, en entrevista con LA PRENSA, explicaron que las encuestas incluso se siguieron después de esa ampliación de junio de 2024 y se ordenó —al menos en Managua— el desarrollo de una nueva aplicación para aplicar las encuestas.
“Lo que se supo es que hubo errores en las encuestas. En Managua se nos mandó varias veces, incluso a finales de 2024, a confirmar datos en las casas. En algunos casos se entregó stickers de más y a otros menos. No se supo si es que los empadronadores mentían sobre que no encontraban a la gente, si pegaban los sticker de ‘censado’ sin aplicar la encuesta y la llenaban ellos, o si la gente en realidad no salía de la casa a recibirlos y por eso se nos mandó varias veces a nosotros como trabajadores a ciertos barrios”, afirmó un colaborador del sector público entrevistado por LA PRENSA.
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El sociólogo Óscar René Vargas, desde el exilio, apuntó que el hecho de que la dictadura orteguista no haya publicado los resultados podría obedecer a dos situaciones: una, que no se haya aplicado de forma correcta, o bien porque no quisieron dar a conocer la realidad del país.
Dictadura pretende ocultar la realidad del país
“El hecho de que no lo hayan publicado hasta ahora es que no quieran dar a conocer la realidad que está pasando en el país, porque hay que recordar que en 2024 hicieron el censo y la crisis fue a partir de 2018; por lo tanto, el censo demostraría una caída en los niveles de educación, en los problemas de la tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad materna, etcétera”, señaló Vargas.
El ocultamiento de estos resultados, advirtió el experto, recae directamente en la planificación de políticas públicas, por una parte, a nivel interno de las instituciones y, a nivel externo, “le oculta a los organismos internacionales la verdadera radiografía del país”.
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“Ellos (la dictadura) pueden informar de datos que no son comprobables, decir que todo va bien y no está exactamente pasando lo mismo si se conociera exactamente lo que arrojó el censo. Entonces, ellos pueden ocultar la realidad del país al no publicar los resultados del censo”, añadió.
Censos deben aplicarse cada 10 años
Vargas recordó que los censos, tal como lo recomienda la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), normalmente deben realizarse cada diez años, pero en Nicaragua se ejecutó después de 19 años, hasta 2024, pese a que correspondía realizarse en 2015, cuando Ortega ya acumulaba su segundo mandato consecutivo en el poder.
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“Un censo se hace cada 10 años. Es un censo que es sobre la población y para saber exactamente cuál es la distribución de la población, cuántos son los adultos mayores, la distribución de la población, etcétera. Normalmente, esto se usa tanto para el consumo interno, para poder planificar, digamos, las políticas públicas que sean tanto en la educación, la salud, etcétera, y cuáles son los rubros que habría que implementar, favorecer o priorizar para desarrollar mejor la economía del país”, explicó.
Falta de divulgación de los resultados «no es un descuido burocrático»
El sociólogo y politólogo Juan Carlos Gutiérrez Soto señaló que el hecho de que se guarden los resultados de un censo, «lejos de ser un descuido burocrático, es una decisión política coherente con un régimen que administra la percepción antes que la realidad».
«Además del retraso del censo, y con ello la opacidad del manejo de esos recursos; también es la negación del derecho a la sociedad nicaragüense tal y como somos hoy en día», señaló Gutiérrez.
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Advirtió que a nivel ténico «sin un censo confiable cada tasa de pobreza, mortalidad o cobertura que se calcule en Nicaragua descansa sobre una base poblacional adivinada, y ese error crece con los años».
Dicha situación, apuntó, además acarrea al país «consecuencias presupuestarias y de políticas a las verdaderas demandas de la población, ya que al carecer de un dato real sobre la población y las dimensiones concretas de los problemas la proyección presupuestaria se calcula erróneamente y por tanto se corre el riesgo de no cubrir necesidades o destinar presupuestos en zonas y temas que carecen de demanda. Es decir, una planificación presupuestaria errónea, y por tanto un Estado ineficiente».
«En otras palabras, se gobierna a ciegas o sobre una ficción conveniente: no se pueden diseñar políticas específicas si no se conocen las necesidades reales, pero para un régimen autoritario esa ceguera tiene una contrapartida útil, sostener proyecciones optimistas que nadie puede desmentir con datos», añadió.
El sociólogo asegura que la falta de un censo actualizado también afecta en el plano inernacional, ya que el país «pierde comparabilidad y cae en los índices de capacidad estadística, lo que complica su relación con la cooperación y la banca multilateral. Y a largo plazo, cada año sin censo publicado es un año que no se recupera: se hipoteca la capacidad del país de conocerse a sí mismo, no solo para este gobierno, sino para la próxima generación».
Más de 150 millones de córdobas para el censo de 2024
El Inide, al realizar el lanzamiento del Censo Nacional de Población y Vivienda en 2024, detalló que movilizarían a 8 mil empadronadores que aplicarían una encuesta de 38 páginas. Sin embargo, ocultó el costo que se pagaría para realizar todo este trabajo de empadronamiento.
En el último censo de población y vivienda en Nicaragua del que públicamente se conocen sus resultados es el de 2005, que se realizó para el Gobierno de Enrique Bolaños (q.e.p.d.). Para este se contrataron más de 12,000 empadronadores —4,000 más que los que movilizó el orteguismo en 2024— y el costo de ese se estimó en más de 14 millones de dólares, que se cubrieron con fondos de cooperación de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y los gobiernos de Japón y Gran Bretaña.
El costo del censo de 2024 públicamente, en dos años, no ha sido aclarado. Reportes de este diario revelaron que en el Informe de Liquidación del Presupuesto General de la República de 2024 se incluyó una partida por más de 4 millones de dólares para el censo, el cual, según ese documento, habría sido ejecutado en un 100 por ciento por el Inide.
