Lista de reproducción
- No hay más artículos para escuchar
Los cambios en las reglas migratorias en Estados Unidos no paran. Y los nicaragüenses en ese país deben estar preparados e informados sobre las nuevas regulaciones que se avecinan en septiembre, especialmente aquellos que están pensando aplicar por un permiso de trabajo o pedir al Gobierno de ese país algún beneficio económico, que puede echar por la borda cualquier proceso migratorio que esté en trámite.
El primer cambio que entrará en vigencia será el 15 de septiembre cuando el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, por sus siglas en inglés) publicará el nuevo Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo, el cual aplicará las nuevas peticiones, las renovaciones o reposición de este documento, que permite a los migrantes trabajar legalmente.
A partir de esa fecha, explicó la agencia migratoria, todas las peticiones deben presentarse con ese nuevo formulario, que en caso de no hacerlo se van a rechazar las aplicaciones, lo que puede traer graves retrasos en la obtención de una nueva tarjeta e implicaría la pérdida de su trabajo.
Presentar la petición con un formulario no actualizado no significa que no se puede reaplicar, pero esto en los momentos actuales puede conllevar a sufrir mayores retrasos en el proceso de obtención del documento.
«No hay un periodo de gracia para la edición de revisada del Formulario I-765 ya que esta edición es necesaria para que USCIS aplique la regla final. Debido a que no hay un periodo de gracia, estamos proporcionando una versión preliminar de la edición del 09/15/26 del Formulario I-765 y sus instrucciones», explica la agencia en su anuncio sobre esta decisión.
Generalmente los nicaragüenses que están en proceso de asilo y están en espera de una entrevista en USCIS o una Corte pueden obtener un permiso de trabajo, al cual se puede aplicar 180 días después de haber presentado la petición de dicha protección migratoria. También lo pueden hacer los que tienen una petición familiar.
Lea además: ¿Qué está pasando en el Estado? Barridas, renuncias y pérdida de beneficios sacuden a los trabajadores
Más cambios: carga pública
Tres días después de que entre en vigencia el nuevo formulario para pedir un permiso de trabajo ante USCIS, la administración de Donald Trump endurecerá la evalución para los peticionarios de residencia permanente, visa de trabajo, visas de turistas o de inversionistas y que hayan pedido beneficios económicos al Gobierno en el pasado.
Se trata del denominado concepto de carga pública, que según la abogada de inmigración Kathia Quirós, implicará que desde un sentido más estricto un oficial de inmigración va a intentar responderse: ¿es probable que esta persona dependa principalmente del gobierno para subsistir en el futuro? Esto en caso de que el peticionario en el pasado haya recibido algún tipo de ayuda, que ahora se amplía el espectro de lo que antes se consideraba carga pública.
No es que se trate de una ley nueva. La abogada explica que esto ya existe, pero durante la administración de Joe Biden se había delimitado a algunos beneficios. «En 2019, la primera administración Trump amplió mucho la definición e incluyó beneficios no monetarios; una corte federal la bloqueó y en 2021 quedó sin aplicación. En 2022, la administración Biden emitió una regla más angosta que solo consideraba asistencia en efectivo (como TANF o SSI) e institucionalización de largo plazo pagada por el gobierno», explicó.
«Ahora, según la regla final publicada el 20 de julio de 2026, DHS eliminó por completo el marco de 2022 —lo calificó de ‘excesivamente restrictivo’— y regresó a un análisis mucho más amplio», precisó.
Es decir, el oficial de inmigración tendrá un concepto más amplio para definir si una persona por haber recibido algún tipo de beneficio gubernamental en el pasado pueda convertirse en el futuro en una carga pública, que en caso de que haya una alta probabilidad corre el riesgo de recibir un rechazo a su petición.
Los programas afectados
Entre las ayudas federales que ahora estarán consideradas como carga pública figura pedir ayuda en efectivo, personas que residan en viviendas públicas, quienes pidan ayuda para el pago de la universidad, los cupones de alimentos o estampillas, así como cobertura médica financiada por el Gobierno como Medicaid u Obamacare.
En caso que las personas continúen con estos beneficios federales, Quirós dice que no es necesario que se den de baja, pero sí recomienda pedir asesoría legal antes de iniciar un proceso migratorio desde el 18 de septiembre, cuando se espera que USCIS dé mayores detalles de la nueva directriz.
«USCIS todavía no ha publicado el manual de políticas detallado que explique programa por programa cómo se pesará cada uno. La regla del Federal Register da el marco legal; la guía operativa para los oficiales suele venir después, y es la que de verdad determina cómo se aplica caso por caso», aclara.
«Bajo la regla de 2022, solo contaban la asistencia en efectivo (como TANF, SSI o programas estatales equivalentes) y la institucionalización de largo plazo a costa del gobierno. Todo lo demás —Medicaid, CHIP, SNAP, WIC, vivienda pública, Section 8— estaba explícitamente protegido y no se tomaba en cuenta», indica.
Y añade: «La regla de 2026 elimina esa lista cerrada y permite que el oficial considere cualquier beneficio público sujeto a prueba de necesidad económica (means-tested), sin restringirse a la asistencia en efectivo. Eso amplía el universo de programas que, en teoría, pueden entrar en el análisis: salud (Medicaid, CHIP), nutrición (SNAP, WIC) y vivienda, entre otros no monetarios».
La especialista recomienda reunir evidencia de tu historial laboral, ingresos actuales y cualquier activo (cuentas de ahorro, propiedad, vehículo), confirmar si necesitas un patrocinador conjunto para tu I-864 y empezar a organizar esa documentación con tiempo. También revisar si calificas para alguna exención por tu categoría migratoria (asilo, VAWA, U, T, SIJS) y agendar una evaluación legal antes de presentar, especialmente si tu caso incluye beneficios públicos, ingresos bajos o una condición de salud.
Lea también: Ortega le robó a los empleados públicos despedidos su derecho a la indemnización, dice especialista
Durante el proceso de evalución el oficial de inmigración deberá tomar en cuenta la edad del peticionario, su estado de salud, la situación familiar, su situación financiera, el nivel de educación de la persona y sus habilidades, entre otros.
Las excepciones
Las únicas personas a las que no se les aplicará esta nueva regla o que no deben preocuparse por haber recibido algún beneficio gubernamental y que están pidiendo la residencia son: asilados y refugiados, beneficiarios de visa U (víctimas de ciertos delitos), beneficiarios de visa T (víctimas de trata de personas), autopeticionarios bajo VAWA (Ley de Violencia Contra la Mujer) y menores con estatus especial de Inmigrante Juvenil (SIJS).
Tampoco aplica a solicitudes de naturalización (N-400), DACA, Estatus de Protección Temporal (TPS) ni permisos de trabajo, explica la abogada.
Eso sí, los migrantes que presenten la solicitud de los estatus migratorios descritos antes del 18 de septiembre de 2026 van a ser evaluados bajo el estándar de 2022, o sea el más limitado y aplicado bajo la administración Biden. Las presentadas en o después de esa fecha enfrentan el nuevo marco de totalidad de circunstancias, indica.
Puede leer también: Dictadura “destituye” derecho a los trabajadores del Estado que renuncian: solo podrán tener indemnización si laboran más de tres años
