SOLO PARA SUSCRIPTORES.
SOLO PARA SUSCRIPTORES.Lista de reproducción
- No hay más artículos para escuchar
Presiones de superiores para que los servidores públicos renuncien. Otros están recibiendo cartas de despidos. Y en general se están recortando todos los beneficios que antes ofrecía el Estado, incluso aquellos convenios colectivos que se firmaron en los gobiernos «neoliberales», como tilda la dictadura Ortega Murillo a las administraciones democráticas. «Hay mucho acoso laboral en el Estado». Así resumen fuentes vinculadas al sector público, la situación que está pasando con el empleo en el Gobierno, cuyas cifras del Banco Central solo revelan la punta del iceberg.
Solo en junio, la planilla estatal perdió 535 trabajadores, lo que elevó la reducción de plazas en el Estado en 3,742 desde diciembre del año pasado, cuando comenzó la caída constante y gradual de trabajadores públicos, según cifras del Banco Central de Nicaragua (BCN). En noviembre habían 109,390.
De esta manera, el aparato burocrático estatal hasta junio cayó a 105,648, su nivel más bajo desde el 2016, cuando ascendió a 104,970 trabajadores activos. De hecho, desde el 2021, cuando el Estado registró el máximo número de servidores públicos, con 113,634, un total de 7,986 plazas han sido destruidas, lo que refleja que la crisis actual comenzó desde años anteriores, pero en 2026 se ha profundizado.
«Lo que está pasando es que los salarios están muy bajos. En vista de que los ministros están recortando los beneficios sociales que antes otorgaban a los servidores públicos. Y al no tener beneficios solo aparece su salario», explica a LA PRENSA una fuente ligada al sector público.
Y ejemplifica: «la tabla que va del 1 al 20 por ciento de salario, el incentivo por antigüedad lo congelaron y en otras instituciones quitaron los convenios colectivos, los han venido desapareciendo».
Otro ejemplo es el mismo Ministerio de Salud, donde «tenía un buen convenio colectivo, que se logró en los gobiernos neoliberales, pero no se está cumpliendo con el convenio colectivo y se dice que la ministra de Salud (Meyling Liseth Brenes Calderón) ha orientado quitar las cláusulas económicas de dicho convenio. Es decir, en el Estado está desapareciendo la convención colectiva y solo están pagando salarios, que no cubren ni el 50 por ciento de la canasta básica», explicó otra fuente a este Diario.
De hecho, los números del Banco Central indican, que en junio un total de 122 trabajadores del sector salud salieron de la planilla pública respecto a mayo, lo que ocasionó que el número de personas empleadas en este sector cayera a 20,277.
No obstante, la reducción se profundiza si se compara con agosto del año pasado, cuando comenzaron los recortes en el sector salud. En ese entonces había 21,380 trabajadores, por lo que desde ese mes 1,103 trabajadores de la salud han sido enviados al desempleo o han puesto su renuncia.
En este caso, una fuente empresarial que analizó las cifras oficiales, precisa que si bien la planilla en este sector ha bajado en más de 800 empleos desde el 2021 este número sigue siendo mayor que en el 2017. Y cuando «comparás la participacion sobre el total (de trabajadores del Estado), en el 2017 los empleados en Salud representaban el 18.4 por ciento del total; y al primer semestre del 2026 representan el 19.3 por ciento del total. Es decir, han mantenido la participación más o menos igual o ligeramente superior sobre el total».
En el 2017 habían 19,884 trabajadores, es decir que desde entonces ha habido un aumento absoluto de 393 trabajadores.
Según la fuente empresarial, lo que está pasando en toda la planilla estatal «está relacionado con una realidad económica que no pueden controlar, ya que más allá de su intento de vender una economía en crecimiento, la realidad es que lo que hay es un crecimiento basado principalmente en remesas que no te garantiza sostenibilidad a largo plazo. Y con la caída en inversión privada tanto nacional como extranjera y la caída de que también tienen en financiamiento y donaciones, se están viendo obligados a reducir cada año el número promedio de empleados en el gobierno central», explicó.
La fuente observa que entre el 2017 y 2021, en promedio la planilla estatal aumentó en 5,425 y pero desde entonces y hasta el primer semestre de este año hay un decrecimiento promedio de 6,802.
Lea también: Ortega le robó a los empleados públicos despedidos su derecho a la indemnización, dice especialista
Menos beneficios estatales
Paralelo a esto, hay pérdida también de beneficios. Tal es el proceso de desaparición de los beneficios del Estado, que «en algunas alcaldías no se están pagando horas extras y quieren que los vigilantes solamente se les pague lo básico de su sector». Al estar en el rango del salario mínimo, estos trabajadores devengan 7,716.69 córdobas, que solo cubre un tercio del valor de la canasta básica de 53 productos que tiene un costo superior a los 21,000 córdobas.
Según datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide), el costo de la canasta básica a julio ascendió a 21,474.94 córdobas, un incremento sustancial respecto a igual periodo del año pasado, cuando se ubicó en 20,549.67 córdobas. Solo para la compra de alimentos, los trabajadores deben garantizar en sus bolsillos 15,424.61 córdobas.
«No pagan horas extras y a los vigilantes unas alcaldías se las pagan, pero la mayoría no las pagan. La gente renuncia por ese motivo», dijo otra fuente.
Una de las fuentes consultadas por LA PRENSA dijo que «en otras instituciones no hay despidos, pero hay orden de no contratar servidores públicos en el Estado. Algunos han renunciado por presiones de sus superiores».
Educación sufre embestida
«El sector más afectado es el de docencia que ha visto reducida su participación porcentual en 3.5 puntos porcentuales que equivale a más de 5,000 empleos menos. En otras palabras, la Educación es el sector que han escogido para pagar los costos de su inefectividad», explica por su parte, una fuente empresarial tras analizar las cifras del BCN.
Según datos del Banco Central, hasta junio habían 46,603, inferior a los 46,907 que habían en mayo. La reducción es más drástica respecto a 2019, cuando se registró el máximo de contratados con 52,957 trabajadores activos, es decir hay una pérdida acumulada de 6,354.
Puede leer también: Dictadura “destituye” derecho a los trabajadores del Estado que renuncian: solo podrán tener indemnización si laboran más de tres años
Respecto a las reducciones en los últimos meses, desde diciembre se han despedidos a 1,903 trabajadores de la Educación. A finales del año pasado habían 48,506 servidores públicos activos, según cifras del BCN.
«Esto no es de extrañar porque el régimen no quiere ciudadanos más educados. A mayor educación menos posibilidad de engañar a la población y de que esta entienda que el gran perdedor de esta dictadura es el pueblo al que pregona tanto defender», advierte la fuente empresarial, que pide no ser citado por temor a represalias.
Advierte: «El costo no lo asumen en reducir los gastos militares, pero sí en educación. Lo que importa es la represión no la educación».
Por otra parte, la fuente ligada al sector público dijo que «lo que sucede es que los servidores públicos se le están recargando más funciones de los corridos y no hay mejoras en los salarios…En algunas instituciones se le está orientando reducir gastos y están corriendo servidores públicos y no contratación».
La medida que según algunos economistas es parte también de la compactación estatal que se anunció en 2024, va en línea con la recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI), que en su reporte del examen anual conocido como Artículo IV del 2023, hizo varias recomendaciones. Una de ellas fue reducir el gasto corriente, principalmente en salarios y bienes y servicios en entre ½ y ¾ por ciento del PIB, porcentaje que equivaldría a unos 300 millones de dólares.
Esto permitió incrementar el control de la pareja Ortega Murillo sobre la planilla estatal; e incluso ahorrar recursos en las liquidaciones, ya que en 2023 se elevó hasta más de veinte años consecutivos la antigüedad para que los empleados públicos y municipales reciban cinco salarios en concepto de liquidación cuando renuncian, y para que los despedidos se vayan sin este beneficio.
Otros sectores
Además de salud y educación otros sectores también han sufrido recortes o congelamiento de planilla. En los cargos de dirección, había hasta el junio de este año 5,256 trabajadores, apenas tres más que los 5,253 registrados en noviembre, cuando se profundizó la barrida en el Estado.
En los servicios administrativos el Estado tenía empleados a 13,702 trabajadores hasta junio, menos que los 14,092 contabilizados en noviembre. De esta área han salido directo al desempleo 390 trabajadores.
En los puestos relacionados con técnicos-científicos, la planilla al primer semestre era de 10,164, menos que los 10,326 registrados en noviembre, para un total de 162 despedidos. No obstante, respecto a mayo, se reportó un recorte de 21 plazas.
Y finalmente en el área de producción, es quizás la excepción en medio de los despidos. Es de las pocas posiciones que registra un ligero aumento. La planilla pasó de 897 trabajadores en noviembre a 942 en junio.
