Este miércoles 19 de agosto, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) sesiona nuevamente para decidir si se convoca a una reunión de cancilleres solicitada por Estados Unidos y copatrocinada por 13 países, en la que se aborde la situación de Nicaragua. De lograrse, ¿qué sigue después?
Contrario a lo ocurrido en la sesión del pasado 5 de agosto, en la que no se sometió a votación la propuesta de resolución presentada por Estados Unidos, el catedrático costarricense y experto en relaciones internacionales, Carlos Murillo, ve muy probable que esta vez se convoque a una reunión de cancilleres porque la mayor parte de los países miembros de la OEA en este momento “son afines o subordinados a Estados Unidos”.
La solicitud de la Misión Permanente de Estados Unidos de una reunión de cancilleres en la OEA, forma parte de tres mecanismos de presión por parte de la administración de Donald Trump al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los otros dos son la nominación de una nueva embajadora en Managua y la propuesta de más sanciones a través de la Ley de Condicionalidad de la Inversión en Nicaragua (Nicaraguan Investment Conditionality Act, conocida como Nica Act), según han explicado analistas consultados por LA PRENSA.
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“Lo que ocurriría es que se emite una sanción en función de la Carta Democrática de las Américas y se implementarían las disposiciones de la Carta. Hay que recordar que eso no va a provocar ningún cambio en el régimen en Managua, puesto que no es parte de la OEA y, aunque lo fuera, no hay un mecanismo coercitivo excepto de la fuerza armada para obligar al régimen a cambiar de rumbo”, explica el catedrático.
¿Qué pasa si no se aprueba la convocatoria de cancilleres?
Si el escenario fuera lo contrario, pondría en duda la influencia del presidente estadounidense Donald Trump en el hemisferio, según Murillo. El 5 de agosto no se logró la aprobación de la primera propuesta de resolución de Estados Unidos en la que se planteaba la situación de Nicaragua como un problema de seguridad hemisférica. La nueva propuesta ahora aborda “los acontecimientos recientes en Nicaragua” como “un problema de carácter urgente y de interés común para los Estados Americanos”.
“El que no se logren los votos, cosa que yo no creo… Eso es un triunfo que sin duda capitalizará el régimen nicaragüense. Estados Unidos, sin duda, terminaría muy afectado porque evidenciaría que no tiene el verdadero respaldo de los miembros del escudo de las Américas”, sostiene el analista.
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Murillo explica que el solo hecho de que Estados Unidos haya promovido nuevamente la valoración de la situación de Nicaragua en la OEA “es porque ya hicieron las cuentas de que se aprobaría la resolución”. La propuesta necesita 18 votos para ser aprobada, de los cuales ya cuenta con el respaldo de 14 países, es decir, solo faltan cuatro.
Opositores cabildean
En los últimos días se supo que grupos opositores nicaragüenses sostuvieron reuniones con representantes de distintos países en la OEA. Además, presentaron al gobierno norteamericano una propuesta de plan de transición para Nicaragua.
Juan Sebastián Chamorro, coordinador del partido Ciudadanos por la Libertad en el Exilio (CxL), dice que “la oposición está pasando por un buen momento” y que hay un “ambiente bastante positivo” porque distintas plataformas están trabajando unidas “con un mismo lenguaje”.
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El también excarcelado político agrega que además de la incidencia en los Estados miembros de la OEA, realizan acciones similares de cara a la Asamblea General de las Naciones Unidas el próximo mes.
¿Cómo está la dictadura?
Esta nueva sesión de la OEA se encuentra con un Daniel Ortega, de 80 años, cada vez más senil, con alta dificultad para movilizarse y articular palabras, como lo demostró en el acto del 46 aniversario de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, la noche del 17 de agosto, y con una desgastada Rosario Murillo, de 75 años, que exalta a Dios, pero que no deja de arremeter contra quienes critican y señalan las violaciones a los derechos humanos. Ambos buscan perpetuarse en el poder en medio de una fuerte presión internacional.
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Ortega lleva 19 años en el poder. Ha sostenido su régimen a través de fraudes electorales y represión, documentados en informes de organismos nacionales e internacionales, entre estos últimos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN). La declaración de Ortega, en julio, de que en Nicaragua no volverá a haber elecciones le trajo como consecuencia el rechazo y condena internacional.
Días después, la dictadura optó por promover una reforma electoral, actualmente en “consulta”, que busca perpetuar en el poder a través de siete años prorrogables a los copresidentes, cargos de elección popular, jefaturas del Ejército y la Policía, así como los otorgados por designación ejecutiva y legislativa.
