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Abrir una peluquería canina propia era uno de los proyectos que más entusiasmaba a Ligia de Fátima Centeno Martínez, la médica veterinaria de 31 años que falleció la noche del pasado 25 de julio en un accidente de tránsito ocurrido en el barrio El Pilar, en Managua, y en el que también murió el conductor de la camioneta en la que se trasladaba, quien fue identificado como Javier María Jarquín Gallard, de 66 años.
Originaria del barrio Loma Linda, del Distrito Tres de Managua, y madre soltera de una niña de 5 años, Ligia construyó su carrera profesional guiada por una profunda vocación de servicio. Se graduó de Medicina Veterinaria en la Universidad Nacional Agraria (UNA), donde destacó por su excelencia académica y obtuvo becas durante toda su formación.
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Familiares y amigos recordaron que desde sus años universitarios mostró una pasión especial por el cuidado animal. Tras graduarse trabajó en clínicas veterinarias donde fortaleció sus conocimientos, una de ellas en el Mercado Israel Lewites, y adquirió experiencia en cirugías, atención especializada y emergencias.
Con el tiempo comenzó a realizar consultas a domicilio en Managua y Ciudad Sandino, atendiendo desde perros y gatos hasta ganado mayor.
«Si la llamaban a medianoche porque una vaca tenía problemas durante el parto, ella iba. Si un cachorro estaba enfermo, también iba. Nunca decía que no», manifestó bajo anonimato una persona cercana a la familia.
La veterinaria que daba seguimiento a cada paciente
La doctora se ganó la confianza de muchos conocidos, quienes después se convirtieron en sus mejores clientes. La buscaban constantemente para consultas, tratamientos y seguimiento médico de sus mascotas. Quienes acudían a su clínica destacan que su trabajo no terminaba cuando concluía una consulta.
Ligia acostumbraba a llamar a los propietarios para conocer la evolución de los animales, recordar fechas de vacunación y asegurarse de que los tratamientos se cumplieran correctamente.
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Su compromiso era tal que en ocasiones permitía que algunos clientes pagaran después cuando atravesaban dificultades económicas. Era la única veterinaria de su familia.
«No estaba pendiente únicamente del dinero. Le importaba que el animal saliera adelante», comentó una persona que la conoció de cerca.
Gracias a su prestigio profesional, la clínica que fundó después de la pandemia de covid-19 y que bautizó con el nombre La Huellita, se convirtió en un espacio de referencia para estudiantes y futuros veterinarios. Incluso universidades enviaban pasantes para realizar prácticas bajo su supervisión.
El proyecto que la ilusionaba
Aunque había logrado consolidar su clínica veterinaria, Ligia, la primera de dos hermanos, soñaba con dar un paso más. Su objetivo era abrir una peluquería canina especializada, un servicio que ya comenzaba a ofrecer de manera complementaria en sus citas.
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Le gustaba cortar uñas, realizar baños especiales, secar y arreglar el pelaje de las mascotas, actividades que combinaban su formación profesional con su gusto por la estética animal.
Amigos aseguraron que hablaba con frecuencia del proyecto y trabajaba para hacerlo realidad. Era un sueño que planeaba desarrollar sin abandonar la atención veterinaria que tanto disfrutaba.
Con frecuencia recogía perros y gatos abandonados para alimentarlos, atenderlos y buscarles un hogar. Uno de esos rescates fue Estrella, una perrita que terminó convirtiéndose en su compañera inseparable.
Tras la muerte de la veterinaria, familiares quedaron sorprendidos por el comportamiento del animal. Durante los dos días de vela y posteriormente en el entierro, Estrella permaneció junto al féretro de su dueña. La escena conmovió a quienes acudieron a despedir a la joven profesional.
Un legado que permanece
Además de su amor por los animales, amigos la recordaron como una mujer alegre, carismática, emprendedora y profundamente creyente.
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Incluso la relacionan con actos de solidaridad que iban más allá de su profesión. Meses atrás intentó auxiliar a un niño vecino que se había atragantado con una semilla de mamón y lo trasladó de emergencia a un hospital junto con sus familiares.
Hoy, tras su fallecimiento, quienes la conocieron coinciden en que su legado no se mide únicamente por los animales que atendió, sino por la cercanía y la empatía con la que ejerció su profesión.
Así ocurrió la tragedia
La doctora Ligia murió en un violento accidente de tránsito que dejó dos fallecidos en el barrio El Pilar, en Managua, provocado por una patrulla de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), según testigos. La veterinaria viajaba como acompañante en la camioneta Toyota, roja, placas M 020963 —conducida por Javier Jarquín— la cual fue impactada por un oficial.
Este fue identificado como el suboficial Kelvin Enrique Zapata Carrión, de 27 años, quien resultó lesionado y fue trasladado al Hospital Carlos Roberto Huembes. Medios oficialistas han insistido en que el responsable fue el conductor de la camioneta por irrespetar una señal de alto.
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Sin embargo, una fuente que presenció el hecho manifestó a LA PRENSA que las primeras labores de auxilio estuvieron dirigidas al oficial involucrado, quien sufrió lesiones leves. En tanto, las personas que viajaban en la camioneta permanecían atrapadas y gravemente heridas sin ser auxiliadas.
La tensión aumentó luego que los vecinos se congregaron alrededor de la escena y una mujer gritaba que el oficial «los mató». Las autoridades establecieron un amplio perímetro de seguridad y solicitaron con amenazas a los presentes retirarse del sector mientras se realizaba el levantamiento de los cuerpos.
«Que sea policía no significa que deba quedar impune»
El abogado Harry Valle explicó a LA PRENSA que la legislación nicaragüense no establece que un funcionario policial esté exento de responsabilidad penal en caso de provocar un accidente de tránsito, como ha sido señalado el caso de la doctora Ligia. Por el contrario, debido a la naturaleza de sus funciones, tiene el deber de actuar con especial cuidado para resguardar la vida e integridad de los ciudadanos.
Indicó que si las investigaciones se realizaran con claridad e independencia y concluyeran que existió responsabilidad penal por parte del conductor de la unidad policial, el caso podría ser procesado bajo la figura de homicidio imprudente, contemplado en el artículo 141 del Código Penal de Nicaragua.
Según su criterio, la normativa establece penas que varían según el grado de imprudencia que determine la autoridad judicial. En los casos de imprudencia simple, la sanción puede oscilar entre uno y cuatro años de prisión. Si se acreditan circunstancias agravantes que configuren una imprudencia temeraria, la pena podría aumentar de cuatro a ocho años de cárcel.
Además de las posibles sanciones penales, la legislación contempla la suspensión o inhabilitación de la licencia de conducir y el pago de las indemnizaciones civiles que correspondan a los familiares de las víctimas.
