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El Ministerio Público solicitó una condena de 25 años de prisión contra Axel Eliezer Olivas Cano, declarado culpable del asesinato de su tío, Pablo Absalón Cano Hernández, ocurrido el pasado 31 de enero en la comunidad Bethel, municipio de Chichigalpa, departamento de Chinandega. La defensa, por su parte, pidió una pena de 20 años al insistir en que el acusado presenta problemas de salud mental.
Durante la continuidad del juicio, el pasado 19 de junio, el juez Juan de Dios González Quintana, titular del Juzgado Segundo Distrito Penal de Juicio de Chinandega, dictó culpabilidad contra el joven de 27 años y su traslado al Sistema Penitenciario, donde deberá purgar la sentencia que sea dictada en los próximos días.
Durante el juicio, la defensa intentó incorporar una prueba pericial relacionada con la condición mental del procesado. Los abogados solicitaron que el Instituto de Medicina Legal (IML) emitiera un informe psiquiátrico que, según sostuvieron, había sido solicitado desde etapas tempranas de la investigación y que podría respaldar su tesis sobre un supuesto deterioro mental del acusado.
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Sin embargo, el Ministerio Público se opuso a la petición, argumentando que la diligencia pretendía introducirse como un acto investigativo fuera de los plazos procesales establecidos. La Fiscalía señaló que dicho informe no fue incorporado oportunamente durante el intercambio de información y que, por tanto, no debía admitirse en esa fase del juicio.
Tras escuchar los argumentos de ambas partes, el juez rechazó la solicitud planteada por la defensa y determinó que no existió violación a los derechos ni garantías del acusado. Además, recordó que correspondía a la defensa gestionar y presentar los medios probatorios de los que pretendía valerse durante el proceso.
Una brutal agresión
Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que logró demostrar la responsabilidad penal de Axel Olivas Cano en el crimen de su tío de 55 años, mediante pruebas testimoniales, periciales y documentales.
Según la acusación, los hechos ocurrieron en la vivienda de la víctima, en Chichigalpa. Por razones que no quedaron plenamente establecidas en el proceso, el acusado atacó inicialmente a Pablo Absalón Cano Hernández con un cuchillo metálico. Posteriormente continuó la agresión utilizando un trozo de madera con clavos, causándole múltiples fracturas en la cabeza.
Las investigaciones determinaron que el ataque comenzó dentro de la vivienda y continuó en el exterior, donde la víctima intentó escapar de su agresor. No obstante, Axel Olivas lo persiguió hasta provocar las lesiones que finalmente le causaron la muerte.
Entre los testimonios más relevantes figuró el de Julio César Cano, quien declaró haber acudido al lugar tras escuchar gritos. Según relató, observó al acusado golpeando violentamente a la víctima mientras esta permanecía en el suelo y ensangrentada. El testigo aseguró que intentó intervenir para detener la agresión.
Asimismo, familiares tanto de la víctima como del acusado describieron ante el tribunal la forma en que ocurrió el crimen. A ello se sumaron las declaraciones de investigadores y peritos policiales que presentaron evidencias recolectadas en la escena del hecho.
Quedó demostrada su culpabilidad
Uno de los elementos que más peso tuvo en la decisión judicial fue el testimonio del médico forense, quien afirmó que el rostro de la víctima se encontraba severamente destruido a consecuencia de la violencia del ataque.
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El especialista concluyó que la causa de muerte fue producto de graves traumatismos provocados por los golpes recibidos. Además, señaló que los análisis practicados confirmaron que la víctima no se encontraba bajo efectos del alcohol al momento del crimen.
Para la Fiscalía, la forma en que se ejecutó el asesinato permitió acreditar la agravante de ensañamiento, debido a la intensidad y prolongación del ataque. También destacó que el hecho ocurrió en presencia de familiares, entre ellos la madre del acusado.
Por otra parte, las autoridades presentaron evidencias de manchas hemáticas encontradas en la vestimenta del acusado, elemento que contribuyó a ser identificado como autor del crimen.
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El juez concluyó que el conjunto de pruebas presentadas por el Ministerio Público desde el 22 de mayo, demostraba más allá de toda duda razonable la responsabilidad del acusado, por lo que lo declaró culpable del delito de asesinato.
Debate de pena
Durante el debate de pena, la Fiscalía solicitó imponer la condena de 25 años de prisión, argumentando la existencia de agravantes como el ensañamiento y la magnitud del daño causado.
La defensa, en cambio, pidió una pena de 20 años de cárcel, reiterando que el acusado presenta limitaciones relacionadas con su salud mental y rechazando la solicitud formulada por el Ministerio Público.
La sentencia será dada a conocer por la autoridad judicial en los próximos días.
