La crisis de la dictadura Ortega-Murillo se profundiza día tras día. Su factor principal es la sucesión de Daniel Ortega, cuyo deterioro físico y mental resulta cada vez más evidente.
Las sucesivas reformas constitucionales aprobadas desde febrero de 2025 persiguen dos objetivos: ganar tiempo y dotar de una apariencia de legitimidad a la continuidad del régimen. El primero lo han conseguido; el segundo, no.
Es evidente que Rosario Murillo aspira a suceder a Ortega y a concentrar todo el poder, tanto de hecho como de derecho. También es evidente que desde hace tiempo es ella quien gobierna, quien decide y deshace, frente a un Ortega cada vez más ausente. Sin embargo, pese a todos sus esfuerzos, no ha logrado el reconocimiento ni la aceptación de amplios sectores del propio orteguismo. Ella lo sabe, y de ahí las purgas que ha impulsado y que, inevitablemente, terminarán volviéndose en su contra.
El anuncio de Ortega, el 19 de julio, de que en Nicaragua no habría más elecciones volvió a situar la crisis nicaragüense en la agenda internacional, particularmente en el ámbito regional. La resolución aprobada por consenso durante la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, el pasado 2 de octubre, y la posterior conformación de un Grupo Ministerial abren la posibilidad de que la comunidad internacional contribuya a una salida democrática. Sin embargo, conviene decirlo con claridad: se trata de una posibilidad limitada y condicionada por numerosos factores.
Aunque la comunidad internacional tiene una responsabilidad innegable y deberá desempeñar un papel invaluable en la recuperación de la democracia, el peso principal de esa responsabilidad recae sobre los propios nicaragüenses. Recae sobre quienes hemos sostenido esa bandera a costa de sacrificios inmensos, pero también sobre quienes, aun formando hasta ahora parte de las filas del orteguismo, no están dispuestos a precipitarse al abismo junto con la familia Ortega-Murillo.
La paranoia de Murillo, expresada en encarcelamientos, despidos y purgas, alcanza a cualquiera, incluso dentro del partido gobernante, la Policía, el Ejército y las instituciones del Estado. Por eso, afirmar que nadie está a salvo es mucho más que una consigna: es una realidad cotidiana.
A medida que se agrave la salud física y mental de Ortega, o que la propia Murillo perciba amenazadas sus aspiraciones, las purgas y la persecución se intensificarán, arrastrando consigo a nuevos sectores. Nadie está exento. Todos son víctimas potenciales.
Ante esta realidad, quienes aún permanecen al lado del régimen deberían reflexionar y cambiar de actitud. Ser militar, policía o funcionario público no les obliga a convertirse en cómplice ni a obedecer órdenes que violen los derechos humanos.
Deben saber, además, que en la Nicaragua posdictadura tendrán un papel que desempeñar en la construcción de la democracia y en la reconstrucción de la institucionalidad. Habrá memoria y justicia, con reconciliación.
Conviene recordar que, en la hora final, los dictadores solo velan por sí mismos y que, llegado ese momento, las lealtades dejan de tener valor.
El autor es miembro de Unamos.