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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo habría llegado a un acuerdo con BHMB Mining Nicaragua S.A., minera de capital estadounidense, por lo que podrá reactivar sus operaciones en el plantel BHMB Palacagüina, según un comunicado de prensa emitido por la Procuraduría General de Justicia (PGJ).
De acuerdo con la misiva, publicada este 27 de mayo, el acuerdo se dio tras un «proceso de diálogo y coordinación desarrollado en un ambiente de cooperación y respeto mutuo, alcanzando un entendimiento orientado a la normalización y reactivación operativa de la Planta BHMB Palacagüina; de manera ordenada y segura».
En septiembre de 2025, ocurrió el despojo del plantel mencionado. Los pormenores fueron relatados entonces en un reportaje exhaustivo de LA PRENSA. La empresa de capital estadounidense contaba con un permiso de diez años, pero los inversionistas operaban el plantel desde octubre de 2021.
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BHMB Mining Nicaragua, S.A. es propiedad de BHMB Inc., una empresa de capital estadounidense y británico, incorporada en la Florida, que según sus dueños tenía un plantel valorado en más de 80 millones de dólares para el procesamiento de material en Palacagüina, ubicado al norte del país.
La pesadilla comenzó el 12 de agosto de 2025, según fuentes consultadas bajo el anonimato. Representantes del Ministerio de Energía y Minas (MEM) informaron al gerente que debía cesar operaciones de inmediato. Las posteriores comunicaciones, pidiendo una aclaración a las autoridades, nunca fueron respondidas.
Demanda en EE. UU.
En marzo pasado se conoció que los inversionistas de la empresa BHMB Mining habían iniciado en Estados Unidos un proceso de demanda contra el Estado de Nicaragua por más de 80 millones de dólares, casi seis meses después de la toma arbitraria de su plantel de procesamiento de oro.
Según los propietarios, el control de facto de las instalaciones fue transferido por las autoridades a las empresas chinas Zhong Fu Development y Santa Rita Mining.
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El representante legal de la compañía expropiada, Baruch Rapaport, explicó en ese momento a LA PRENSA que la demanda se centra en una «expropiación directa e ilegal, sin compensación, junto con violaciones a principios fundamentales del derecho internacional de inversiones».
Enseguida, explicó que la base jurídica de la acción ante el Ciadi es que las inversiones de BHMB Mining en Nicaragua se encuentran protegidas por el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (Cafta-DR) y también por el Tratado Bilateral de Inversiones entre el Reino Unido y Nicaragua (UK- Nicaragua BIT).
Tras el despojo, Richard Grenell, un diplomático cercano a Donald Trump que fungió hasta octubre de 2025 como su emisario para Venezuela, calificó como «indignante» la confiscación.
Términos y condiciones son de carácter confidencial
El régimen sostiene que el acuerdo tiene como propósito «contribuir al desarrollo ordenado de las actividades vinculadas al proyecto, en observancia del marco jurídico aplicable y en condiciones que favorezcan su adecuada operación y aporte a la dinámica económica».
A su vez, destaca que los términos y condiciones específicos del acuerdo «mantienen carácter confidencial».
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En abril pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a siete mineras, entre ella figuran Zhong Fu Development S.A. y Santa Rita Mining Company S.A., a quienes identificó como empresas que participaron en la toma forzosa de la planta de procesamiento de oro de BHMB Mining Nicaragua S.A.
