La crisis de asequibilidad va más allá de los precios

A primera vista, la política parece pragmática y compasiva. Pero si se analiza con detenimiento, se descubre una renuencia a afrontar las causas estructurales del aumento de los precios. En lugar de intervenir en los mercados, el Tesoro negocia con ellos, lo que evidencia su incapacidad para comprender la magnitud de la crisis de asequibilidad a la que se enfrenta. El problema no reside únicamente en el elevado precio del pan y la leche, sino en una incapacidad sistémica y a largo plazo para abordar el estancamiento salarial, el alto coste de la vivienda y el elevado precio de los servicios esenciales.

Peor aún, si bien protestar públicamente por el precio de los productos básicos puede parecer una medida eficaz, conlleva el riesgo de ser contraproducente. ¿Qué hará el gobierno si los minoristas simplemente se resisten, demoran el pago o lo cumplen de forma selectiva? La política no dará resultados y la credibilidad del Estado se verá aún más debilitada.

En 2023, el gobierno francés negoció una «cesta de productos antiinflacionarios», mediante la cual los supermercados podían seleccionar un conjunto limitado de productos para venderlos a precios reducidos durante un período determinado. Si bien tuvo visibilidad política, el programa dependía de la participación voluntaria, abarcaba solo una pequeña parte de los productos, variaba entre los minoristas y tuvo un impacto limitado y efímero en la dinámica general de los precios de los alimentos. Estos programas pueden reducir los precios de determinados artículos, pero permiten a los minoristas ajustar sus márgenes en otros ámbitos.

De forma similar, en 2022, Grecia implementó una iniciativa de «cesta de la compra» que incentivaba a los supermercados a mantener precios asequibles para determinados productos básicos e informar periódicamente sobre los precios para demostrar su capacidad de respuesta. Si bien el programa generó visibilidad a corto plazo y cierta moderación de precios en artículos específicos, no alteró sustancialmente los márgenes de beneficio subyacentes ni la dinámica inflacionaria general.

Los enfoques más intervencionistas también han encontrado problemas. Cuando Hungría impuso topes de precios directos a determinados alimentos en 2022-2023 —pasando de la coordinación voluntaria a los controles obligatorios—, los minoristas respondieron subiendo los precios de los productos no sujetos a topes, lo que provocó distorsiones en la oferta y escasez periódica. España, por el contrario, redujo temporalmente su impuesto al valor agregado sobre los alimentos básicos, lo que alivió marginalmente los precios al consumidor; pero dado que el plan dependía de que los ahorros se transmitieran a través de múltiples eslabones de la cadena de suministro, los resultados generales no fueron ni uniformes ni transformadores.

A pesar de sus diferencias, estos casos reflejan un modelo común que resultó inadecuado. Ya fueran voluntarias, coercitivas o indirectas, las intervenciones gubernamentales se basaron en los minoristas, dirigidas a una gama limitada de productos en el punto de venta. Si bien estos planes pueden aumentar la visibilidad, no alteran las estructuras de mercado; los topes de precios conllevan el riesgo de fomentar la evasión y las interrupciones en el suministro; y las medidas indirectas, como las reducciones de impuestos, dependen del comportamiento de las empresas para transmitir los ahorros . En ninguno de estos casos la política modificó las estructuras de costos subyacentes, la dinámica de las ganancias ni los patrones de distribución.

En el Reino Unido, centrarse únicamente en el sector minorista resulta especialmente desacertado, ya que los elevados costes de la vivienda y los servicios públicos absorben una proporción cada vez mayor de los ingresos familiares y reducen drásticamente lo que queda para el consumo esencial. Al centrarse exclusivamente en los precios de los supermercados, el gobierno diagnostica erróneamente el problema y pierde la oportunidad de abordar las verdaderas causas de la crisis de asequibilidad.

Estas intervenciones reflejan un sesgo persistente en la forma en que los gobiernos responden a la inflación. El instinto de los responsables políticos es actuar sobre los precios al final de la cadena de suministro, en lugar de sobre las condiciones que los determinan. Sin embargo, la inflación de los precios de los alimentos suele estar impulsada por los costos de la energía, los insumos agrícolas, las condiciones laborales, los mercados mundiales de materias primas y las estrategias de precios de las empresas.La crisis de asequibilidad no se limita a los precios minoristas. Proviene de la relación entre precios, ingresos y la organización general de la asistencia social. Lo que importa no es si el precio del pan es ligeramente más bajo en la caja, sino si los hogares tienen los medios para obtener bienes esenciales de forma fiable. La cuestión no es cómo limitar los precios, sino cómo garantizar el acceso.

El sistema mexicano de canasta básica resulta ilustrativo en este sentido. En lugar de centrarse exclusivamente en los precios de los supermercados, define una canasta de bienes esenciales y busca garantizar su asequibilidad mediante una combinación de instrumentos: apoyo a los ingresos, políticas de salario mínimo, coordinación con productores y minoristas, y estabilización selectiva de precios. Si bien aún depende en parte de acuerdos con las empresas, lo hace dentro de un marco de política social más amplio.

De manera similar, Brasil se ha centrado menos en limitar los precios minoristas de una canasta básica de alimentos y más en dar forma al acceso a través de políticas de transferencia de ingresos y fiscales, contratación pública y coordinación del suministro, y provisión directa de alimentos.

En cada caso, la asequibilidad se garantiza no solo mediante los precios, sino también mediante la organización institucional del acceso a bienes esenciales. Fundamentalmente, estas estrategias reconocen que la asequibilidad está determinada tanto por el poder adquisitivo como por los precios mismos. La conclusión —tanto para países desarrollados como en desarrollo— es que el Estado debe intervenir a través de los canales de ingresos, aprovisionamiento y producción, en lugar de hacerlo en el punto de venta.

En el caso del Reino Unido, esto requeriría ir más allá de los topes de precios voluntarios y adoptar una estrategia coordinada que aborde la presión estructural sobre los presupuestos familiares. Esto implica fortalecer el apoyo a los ingresos de los hogares de bajos y medianos ingresos, reducir la carga de los costos de vivienda y servicios públicos, e involucrar a los proveedores de toda la cadena alimentaria para estabilizar los insumos clave. En lugar de negociar reducciones marginales de precios con los minoristas, el Estado definiría las necesidades esenciales e implementaría instrumentos de política en los sectores pertinentes para garantizar que se satisfagan.

Este cambio aliviaría las presiones inmediatas y, al mismo tiempo, construiría un sistema más resiliente y equitativo para el suministro de bienes básicos. Sin él, políticas como los topes de precios voluntarios solo ofrecen la ilusión de control y corren el riesgo de reproducir las mismas dinámicas que generan vulnerabilidad, concentración empresarial, regulación débil y resultados decepcionantes.

La autora es profesora asociada de Economía en el Instituto para la Innovación y el Propósito Público del University College de Londres y miembro del Girton College de la Universidad de Cambridge.

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