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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una orden ejecutiva en la que manda a los reguladores del Sistema Financiero a emitir advertencia formal a los bancos sobre el riesgo que implica prestar servicios financieros a personas sin autorización para trabajar en Estados Unidos y que están sujetas a deportación, así como fortalecer las medidas de seguridad para evitar que el sistema sea usado por personas indocumentadas para prácticas ilícitas, como financiamiento al terrorismo o tráfico de personas.
Los reguladores tienen 60 días para hacer la advertencia orientada por Trump, pero por ahora esta orden no significa que las personas que no cuentan con un estatus legal o un número de Seguridad Social en Estados Unidos quedan inahabilitadas para, por ejemplo, abrir una cuenta bancaria o aplicar por algún crédito usando un Número de Identificación Personal del Contribuyente (conocido como ITIN), como aceptan algunas entidades financieras.
La abogada de inmigración, Kathia Quirós, explicó ayer a través de un en vivo en sus redes sociales que en la práctica esta orden ejecutiva es solo para que los reguladores eleven sus estándares de control cuando se trate de personas indocumentadas y que representen un riesgo en materia de actividades ilícitas, como narcotráfico, lavado de dinero, entre otros.
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También, según Quirós, la finalidad de la misma es que los reguladores «le avisen a los bancos que si le prestan dinero a las personas indocumentadas, estas personas pueden ser deportadas y después no les van a pagar y entonces el Sistema Financiero va a colapsar».
La intención inicial
Por lo tanto, la especialista aclara que esta orden ejecutiva no va a impedir que un migrante sin documentos deposite su dinero en un banco de Estados Unidos. La abogada explicó que meses atrás la idea original de Trump era que los bancos pidieran estatus legal a cualquier persona que quisiera abrir una cuenta.
«Los bancos se volvieron locos, porque dijeron que en los Estados Unidos hay millones de dólares de millonarios que viven en cualquier parte del mundo y que invierten su dinero en los Estados Unidos y pedirle a todas las personas que tienen su dinero en los Estados Unidos que tengan estatus legal, sería sacar de los Estados Unidos y de estos bancos millones o incluso billones de dólares. Entonces en el momento que salió el rumor de que el presidente quería hacer este tipo de orden, pues le saltaron todos los bancos y hasta ahí llegó el asunto», enfatizó.
En resumen, Quirós dice que esa orden ejecutiva de Trump es una forma «de alguna manera de mantener el tema de los inmigrantes en su campaña, en la campaña de las próximas elecciones para mantener el voto antinmigrante vivo y fuerte y que salgan a votar, pero realmente no le afecta a los inmigrantes como usted o como yo. Si algo nos dice esta orden ejecutiva es que nosotros los inmigrantes tenemos que bancarizar el dinero, ¿por qué? Porque si no lo tenemos en el banco, entonces es más fácil para el Gobierno de acusarnos de que estamos lavando dinero o que estamos haciendo algo debajo de la mesa».
Hasta 2023, la comunidad de migrantes nicaragüenses en Estados Unidos había crecido un 84 por ciento en tres años, según cifras de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Hasta el 2020, cuando se realizó la última medición poblacional, oficialmente 406,613 nicaragüenses residían en ese país, pero debido a la represión del régimen de Daniel Ortega unos 342,857 llegaron a ese país huyendo de la dictadura.
Sin embargo, un análisis realizado por LA PRENSA con base en cifras del Gobierno de Estados Unidos, determinó que en los últimos cuatro años, un total de 536,632 nicaragüenses dejaron el país para migrar a EE. UU., la mayoría de manera irregular cruzando fronteras de los países centroamericanos de paso para poder alcanzar el sueño americano y otros, en el último año, usaron las vías legales, como el parole humanitario, facilitadas por la Administración de Joe Biden.
Trump no quiere que migrantes se beneficien de sus políticas
En su orden ejecutiva, Trump dijo que en los últimos años su «administración ha tomado medidas significativas para reducir los costos de la prestación de servicios financieros a los estadounidenses y disminuir las regulaciones federales innecesarias y onerosas que restringen el crecimiento económico y obstaculizan la competitividad de los proveedores de servicios financieros en todo el país. Sin embargo, desde hace tiempo, la política de Estados Unidos ha sido adoptar medidas específicas para proteger nuestro Sistema Financiero del uso ilícito y promover prácticas crediticias y de otro tipo seguras y sólidas por parte de las instituciones financieras».
«Mi Administración no tolerará los riesgos para la seguridad nacional y la seguridad pública causados por la actividad financiera transfronteriza ilícita, ni permitirá los riesgos para nuestro Sistema Financiero derivados de la concesión de crédito o servicios financieros a la población extranjera inadmisible y sujeta a deportación», advirtió.
Asimismo indicó que «las transferencias transfronterizas de fondos de bajo monto se han utilizado para facilitar o cometer financiación del terrorismo, narcotráfico, trata de personas y otras actividades ilegales. Los análisis de tendencias financieras han revelado centros de actividad financiera relacionada con el fentanilo en Estados Unidos, vinculados a cárteles con sede en México».
«Un análisis reciente de redes chinas de lavado de dinero identificó cómo titulares de pasaportes extranjeros han utilizado cuentas en Estados Unidos para facilitar el lavado de más de 312 mil millones de dólares para organizaciones criminales, destacando la trata de personas entre las actividades asociadas a las transferencias. Se necesitan programas sólidos de identificación del cliente y medidas de debida diligencia reforzadas para mitigar estos riesgos», agrega.
En materia crediticia, Trump dijo que «los bancos y otras instituciones financieras también deben prestar atención a los riesgos crediticios que supone la concesión de hipotecas, préstamos para automóviles, tarjetas de crédito y otros créditos al consumo a la población extranjera inadmisible o sujeta a deportación».
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«Muchos de estos prestatarios se enfrentan a la posibilidad de perder sus salarios debido a la deportación o a las decisiones de sus empleadores de cumplir con la ley de inmigración. Prestar dinero a extranjeros sin autorización legal para trabajar o que se enfrentan a un riesgo sustancial de pérdida de salario crea una deficiencia estructural en la capacidad de pago que socava la seguridad y la solidez del sistema bancario nacional», se lee en la orden ejecutiva.
Al respecto, la abogada de inmigración recordó que muchas de las orientaciones que recoge Trump en su orden ejecutiva ya es sabido por los bancos desde hace varios años. «Los bancos saben que cuando dan un préstamo de una casa a alguien con un número ITIN, es una persona que no tiene documentos legales y la historia ha demostrado que cuando una persona con ITIN es deportada pues o la casa se vende o la familia viene y sigue pagando y el banco no pierde. Entonces creo que esto es más una movida política, que algo que realmente va a afectar a los bancos, porque aquí, los más afectados no son los inmigrantes, son los bancos».
Aún así, Trump ordenó que «dentro de los 60 días siguientes a la fecha de esta orden, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor deberá considerar aclarar que la posible deportación y la pérdida de salarios son factores que podrían afectar negativamente la capacidad de un prestatario no autorizado a trabajar para pagar una extensión de crédito según los estándares de ‘capacidad de pago’ en 12 CFR Parte 1026 y sus apéndices y suplementos, y que los prestamistas pueden considerar dichos factores como parte de una determinación de suscripción razonable y de buena fe».
Control sobre pago de nómina de empleadores
Además Trump ordenó a la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, la Oficina del Contralor de la Moneda, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos y la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito enviar a las instituciones financieras advertencia formal para aumentar el control sobre operaciones financieras relacionadas también con pagos de empleadores a personas que no están autorizadas para laborar en Estados Unidos, pero tienen una cuenta bancaria y reciben pagos de empresas en concepto de nómina salarial.
Asimismo vigilar «la utilización de ciertos documentos de identidad extranjeros, cuentas ficticias, empresas fantasma o estructuras complejas de ‘embudo’ diseñadas para ocultar la identidad de los beneficiarios finales o la verdadera naturaleza de los desembolsos de nómina».
Igualmente ordena que se aumente el control sobre el «uso de un número de identificación fiscal individual (ITIN) para obtener productos crediticios o abrir cuentas de depósito cuando el solicitante carece de un estatus migratorio legal verificado. Si bien un ITIN facilita el cumplimiento tributario, su uso en lugar de un número de Seguro Social o una visa válida que autorice el trabajo puede considerarse un factor de riesgo que requiere una mayor diligencia debida para garantizar que la cuenta no se utilice para facilitar el empleo ilegal de extranjeros no autorizados».
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Es por eso, que dentro de «los 90 días siguientes a la fecha de esta orden, el Secretario del Tesoro, en consulta con los reguladores financieros funcionales federales correspondientes, propondrá cambios a las reglamentaciones de aplicación de la Ley de Secreto Bancario para fortalecer los requisitos de debida diligencia del cliente basados en el riesgo para las instituciones financieras cubiertas».
La medida de revisar la reglamentación de la Ley de Secreto Bancario estaría enfocada en asegurarse de que «las instituciones recopilan y verifican información suficiente sobre la identidad de los clientes para identificar razonablemente a los titulares nominales y beneficiarios de las cuentas con el fin de evaluar los riesgos relacionados con las finanzas ilícitas, la evasión de sanciones, el fraude u otra actividad ilícita».
Trump dio «60 días siguientes a la fecha de esta orden, cada regulador financiero funcional federal correspondiente emitirá orientación sobre la gestión de los riesgos crediticios potenciales que plantea la población no autorizada a trabajar». Lea completa la orden ejecutiva en este enlace.
Quirós dijo que sin duda este tipo de acción ejecutiva lo más que puede generar entre los inmigrantes es pérdida de confianza en el sistema bancario, en llevar su dinero al banco, pero en la práctica todo seguiría igual.
