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La red regional Voces del Sur advirtió esta semana en su informe Cartografía del silencio, que la represión contra el periodismo y los medios de comunicación en la región se ha transformado durante 2025 —el año más reciente de su evaluación— en mecanismos más sutiles, menos visibles, pero igual de restrictivos.
En el caso de Nicaragua, el documento señala que, tras 18 años de poder ininterrumpido hasta 2025, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha logrado «consolidar un control casi absoluto sobre la información». Así han afianzado un modelo que limita severamente el ejercicio libre del periodismo en el país.
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Voces del Sur confirma que la represión en Nicaragua ha evolucionado hacia formas más sofisticadas y menos visibles, como la vigilancia tecnológica, el hostigamiento digital y la persecución judicial. Esto ha configurado una maquinaria estatal de presión sistemática, orientada a silenciar al periodismo y restringir el acceso de la ciudadanía a información de interés público.
Este modelo de control se ha fortalecido mediante reformas constitucionales y bajo el argumento de la defensa de la soberanía nacional.
Aumenta agresión contra periodistas
De acuerdo con la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), citada en el informe, se registraron 63 alertas que afectaron a 110 periodistas y medios. Eso representó un incremento del 35,8 por ciento en el número de víctimas en comparación con 2024. De estas afectaciones, 48 están dirigidas a periodistas hombres, 28 a mujeres y 34 a medios de comunicación.
Asimismo, el documento señala que el 34,4 por ciento de los agresores son agentes del régimen, lo que evidencia el peso de actores alineados con el poder en la ejecución de ataques contra la prensa desde 2018. No obstante, durante el último trimestre de 2025, se observó un aumento de agresiones provenientes de actores no estatales que buscan desacreditar el trabajo periodístico.
Estos actores presentan a los periodistas como responsables de «generar inestabilidad política o social». Con esto, el informe advierte que el espacio digital se ha convertido en un terreno cada vez más hostil para el ejercicio del periodismo. De esa manera, se ha transformado en un foco de riesgo para la libertad de expresión y el derecho a la información. Este ámbito ya concentra el 62,2 por ciento de los casos documentados y se consolida como el principal escenario de violencia.
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Este señalamiento se produce en el mismo contexto (2025) en que a LA PRENSA, así como a otros medios independientes como Confidencial y 100% Noticias, les fueron bloqueados sus dominios .ni, administrados por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), institución bajo control del régimen.
«Zonas de silencio»
El informe sintetizó lo que ya se temía: el aumento de las «zonas de silencio», es decir, donde el periodismo independiente desapareció por completo. Según el observatorio, este comportamiento constituye la consecuencia más crítica de la violencia de la dictadura contra los profesionales de la información y los medios.
2025 fue el año final para la prensa en Chinandega. Se elevaron a 11 los departamentos sin cobertura plural, dejando al 65 por ciento del territorio nacional al control exclusivo de la narrativa oficialista. Este comportamiento aumentó desde el inicio de 2021, en el contexto de las cuestionadas elecciones presidenciales, con la persecución a periodistas y medios.
El informe detalla también que esta dinámica de presión sistemática orientada a silenciar a la prensa independiente se traduce en acciones concretas, como la prohibición de ingreso o retorno al país de periodistas.
A ello se suma un marco legal cada vez más restrictivo, que incluye la Ley de Telecomunicaciones Convergentes —que permite el acceso estatal a comunicaciones privadas sin orden judicial— y la Ley de Ciberdelitos, que penaliza la difusión de información considerada falsa. Los informes más recientes de FLED indican que al menos 308 periodistas se han ido al exilio desde 2018 para resguardar su integridad.
