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La discusión sobre el llamado “aterrizaje suave” en Nicaragua ha sido durante años parte de una gramática minada políticamente. Para algunos sectores, el término evocaba una estrategia ingenua, casi complaciente, frente a un régimen que no daba señales de ceder; para otros representaba una vía pragmática para evitar que el país se precipitara hacia un colapso violento. Hoy, dicho concepto adquiere nuevos matices, mutando ya no hacia la permanencia del régimen Ortega‑Murillo, sino hacia la posibilidad de que la oposición política —que ya empezó a organizarse— impulse su salida inevitable mediante un diálogo político que conduzca a elecciones para noviembre de 2026.
Existen variantes, por supuesto, entre la tesis planteada por el académico y ex aspirante presidencial Arturo Cruz —formulada en una conferencia impartida en octubre de 2019 en la Cámara Americana de Comercio de Managua (AmCham)— y el escenario actual, que sin precedentes acumula el desgaste del régimen: decadencia partidaria, crisis social y económica creciente, estancamiento productivo y la puesta en marcha de la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos para el hemisferio, “Escudo de las Américas”.
En aquella propuesta expuesta en su charla “Nicaragua: hacia un nuevo bipartidismo”, Arturo Cruz planteó que la salida a la crisis política no debía ser “traumática”, sino producto de una transición electoral y en la que el empresariado nacional tendría una presencia intrínseca.
Es un hecho que el conferencista se refería a la coalición que se intentó configurar en el 2019-2020 con los partidos Liberal Constitucionalista (PLC), Ciudadanos por la Libertad (CxL), Restauración Democrática (PRD), Alianza Cívica, UNAB y el Partido Conservador, que habiendo sido invitado decidió darse un tiempo y al final no se integró dada la disolución de la coalición en ciernes que en esa época planteaba dar la batalla electoral con el FSLN de Ortega. A ese bipartidismo se refería.
Frente al escenario actual, esa visión presenta coincidencias y contrastes. La dirigencia empresarial, una vez activado el diálogo político y la convocatoria electoral, seguirá manteniendo un peso específico en la salida a la crisis. Sin embargo, las diferencias son claras: hoy se toma distancia del “bipartidismo”, pues el escenario apunta a una salida total del régimen y a un replanteamiento político post‑Ortega sin él ni su estructura ni sus obsoletas riendas de un capitalismo autoritario combinado con embalajes ruso-chinos. Fascistas y comunistas.
El régimen enfrenta un panorama nada parecido al inicio de la presente década. La presión internacional ahora simboliza un cerco sostenido que incluye sanciones, investigaciones por violaciones sistemáticas de derechos humanos y crecientes señalamientos sobre vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado.
Estos elementos no sólo erosionan la legitimidad del sistema, sino que limitan su capacidad de maniobra en los ámbitos financiero, político y geopolítico. En este contexto, la ruta electoral deja de ser una concesión y se convierte en la única válvula de escape para evitar un aislamiento total. Y de consecuencias peores.
Aceptar que las elecciones son la salida no implica ingenuidad ni pacto. Implica reconocer que incluso en regímenes autoritarios, los procesos electorales pueden abrir grietas que permitan una transición, como ha ocurrido en muchos países a lo largo de nuestra historia. Esto contradice a quienes repiten que “con el diablo no se negocia”, frase atribuida a Konrad Adenauer, cuyo sentido real es que sí es posible dialogar incluso con actores adversos cuando se trata de entendimientos de nación. Ir a elecciones no significa ir a ciegas, sino bajo estricta vigilancia de la comunidad internacional y del pueblo de Nicaragua ansioso de libertad.
Esta vez, la beligerancia de la unidad política —que debe iniciar con la reapertura de las personerías jurídicas de los partidos CxL, Evangélico, Conservador y la devolución de la representación legal a los herederos legítimos del PLI‑Histórico— será clave. Junto con el pueblo y la comunidad internacional, deberán evitar el error histórico de ceder a los chantajes orteguistas una vez oficializada la transición y convocadas las elecciones.
Ortega enfrenta un dilema que ya no controla. Si se aferra al poder, profundiza su aislamiento y expone a su círculo cercano a consecuencias penales internacionales. Si acepta una transición electoral, conserva un margen mínimo de maniobra para negociar garantías personales las que en su momento la justicia deberá abordar. Por consiguiente, el “aterrizaje suave” no fue un regalo para el régimen; fue una estrategia para evitar el costo de un colapso abrupto, coincidiendo incluso con la visión estadounidense de evitar conflictos cruentos en el hemisferio, como ya ocurre en Venezuela y como ocurrirá en Cuba.
La salida del régimen es inevitable, pero la administración de su salida es responsabilidad de todos. Nicaragua no necesita un estallido, sino una transición que permita reconstruir el país sin repetir los ciclos de violencia del pasado. El “aterrizaje suave”, entendido correctamente, no fue una traición ni una fantasía planteada por Arturo Cruz: fue la administración responsable de una caída que ya comenzó y que, para bien de Nicaragua, Ortega no podrá evitar esta vez.
El autor es escritor y periodista nicaragüense exiliado en Estados Unidos. Columnista internacional y vocero en el exterior del Partido Liberal Independiente (PLI‑Histórico).
