El nicaragüense Julio César Morales Jarquín, de 23 años, enfrenta cargos en Estados Unidos por presunta agresión sexual en segundo grado contra residentes de un centro de atención para adultos mayores en el estado de Wisconsin, donde trabajaba.
Según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Morales Jarquín ingresó al país con el parole humanitario en 2023, durante la administración de Joe Biden. Cuando el programa fue suspendido se quedó de manera ilegal en Estados Unidos, desde abril de 2025.
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Posteriormente, trabajó en un centro residencial para adultos mayores, donde, de acuerdo con las autoridades, habría aprovechado su posición de superior para cometer los abusos. En total, enfrenta dos cargos por agresión sexual. La Policía de Fitchburg inició las investigaciones del caso, lo que llevó a su detención el mes pasado.
Piden que no sea liberado
El DHS informó además que presentó una orden de detención migratoria ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el pasado 27 de abril, con el fin de evitar que en el condado de Dane el nicaragüense sea liberado una vez enfrente el proceso judicial.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, Dane es una jurisdicción santuario que se niega a honrar a los detenidos de ICE. A veces le dan a ICE solo 30 minutos para recoger a un extranjero ilegal criminal bajo su custodia.
«El DHS está pidiendo a los políticos santuario en el condado de Dane, Wisconsin, que NO liberen a este criminal de la cárcel de nuevo en las calles para cometer más crímenes», señala el pronunciamiento publicado el pasado 6 de mayo.
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«Necesitamos que los políticos santuario de Wisconsin cooperen con nosotros para retirar a los criminales de nuestro país», agrega.
Recibió una fianza
De acuerdo con la información divulgada el pasado 29 de abril por el medio estadounidense WKOW, el nicaragüense permanece detenido bajo una fianza en efectivo de US$200,000 tras su primera comparecencia judicial. Un comisionado de la corte le ordenó que no tuviera ningún contacto con las víctimas.
«Los políticos del santuario del condado de Dane, Wisconsin, se niegan a cooperar con ICE y eligen liberar a los delincuentes de regreso a las comunidades de Wisconsin», advirtió el DHS.
