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El líder indígena Brooklyn Rivera, desaparecido forzosamente por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde el 29 de septiembre de 2023, «podría haber muerto en detención», denunciaron nueve expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) este viernes 1 de mayo.
A través de un comunicado, los especialistas expresaron su profunda consternación ante denuncias de muertes bajo custodias de personas desaparecidas forzosamente. «Cuando una persona es desaparecida forzadamente, cada minuto cuenta y conlleva un sufrimiento y una angustia enorme para sus familias, quienes quedan atrapadas entre las dudas sobre la suerte de sus seres queridos y esperanza», dijeron.
El líder comunitario, de 73 años, es uno de los 46 prisioneros de la dictadura que contabiliza el Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas hasta febrero de 2026. Además, forma parte de los 15 adultos mayores «en riesgo», junto al exasesor presidencial y amigo de Daniel Ortega, Bayardo Arce Castaño, catalogado recientemente por este organismo como «reo de conciencia», un tema que ha dividido opiniones porque el asesor se mantuvo leal públicamente a Ortega hasta su detención.
Rivera también está entre el grupo de las diez personas catalogadas como «desaparecidos», ante la negativa del régimen a reconocer la detención, a informar sobre el lugar de reclusión o a permitir el contacto con sus familiares y defensa legal, según el Mecanismo.
Quienes suscriben el comunicado son miembros del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones forzadas o involuntarias: Gabriella Citroni (presidenta), Grazyna Baranowka (vicepresidenta), Ana Baulde (miembro) Ana Lorena Delgadillo Pérez (miembro) y Mohammed AI-Obaidi (también integrante). También las relatoras especiales Tlaleng Mofokeng (sobre el derecho del disfrute al más alto nivel de salud física y mental), Gina Romero (relatora especial sobre la libertad de reunión), Irene Khan (promoción de la libertad de opinión) y el relator Morris Tidball-Binz (sobre ejecuciones extrajudiciales)
«Seguimos exigiendo una prueba de vida», dice su hija
Tininiska Rivera, hija del líder miskito, en declaraciones con LA PRENSA indicó que como familia «seguimos exigiendo una prueba de vida de mi padre».
«Yo como hija quiero ver a mi padre, que el régimen lo presente públicamente no solo por nosotros como familia, porque hay un pueblo detrás que quiere verlo. Seguimos exigiendo su libertad plena y sin condiciones», apuntó Tininiska.
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Su hija se niega siquiera a detenerse a imaginar el deceso de su padre. «No quiero imaginarme, ni pensar que algo así le pudiera pasar, pero si algo le pasa a mi padre el gobierno es el único culpable, cualquier situación de salud que pueda pasarle a mi padre o ni siquiera quiero imaginarme de cualquier otra situación dolorosa para nosotros como su familia», expresó.
La hija del líder miskito aseguró que lo único que conoce la familia es que su salud se ha deteriorado y agravado por las condiciones en las que se puede encontrar, que se desconocen. «Él es hipertenso, tenía una cirugía del estómago que se hizo hace varios años, por lo que su comida tiene que ser especial y solo tomaba agua purificada», aseguró.
La negativa del régimen de dar a conocer su paradero persiste. «Nosotros como familia lo hemos buscado en los hospitales, en las cárceles, y no lo hemos encontrado, nadie le ha dado información de él», denunció.
Otra persona habría muerto en febrero 2026
Los expertos de la ONU aseguraron que también recibieron información que indica que otra persona que se encontraba en condición de desaparición forzada murió en febrero de 2026, pero no revelaron su identidad.
«Su cuerpo fue devuelto a sus familiares sin certificado de defunción», mencionaron. Enseguida apuntaron que «en estos casos, han transcurrido meses y años sin información verificable sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas forzadamente».
Hasta agosto del 2025, el régimen Ortega Murillo arrastraba con la responsabilidad de al menos cinco muertes de prisioneros de la dictadura en los últimos seis años. Entre ellos, el opositor Mauricio Alonso, de 64 años, quien fue entregado sin vida el 25 de agosto de 2025 tras casi seis semanas de encierro arbitrario.
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Asimismo, el exjefe y fundador del Ejército, Humberto Ortega Saavedra, de 77 años, falleció el 30 de septiembre de 2024 en el Hospital Militar Dr. Alejandro Dávila Bolaños, después de permanecer bajo arresto domiciliario desde el 19 de mayo.
La madrugada del sábado 12 de febrero de 2022 falleció el general en retiro Hugo Torres Jiménez, a los 73 años, tras 244 días de su captura como parte de la represión política en Nicaragua. Se encontraba en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) y antes de su muerte fue trasladado al hospital de la Policía orteguista.
En noviembre de 2021, de manera sospechosa, falleció Santos Sebastián Flores Castillo, en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro mejor conocido como La Modelo. El hombre denunció un abuso sexual de Ortega. El 16 de mayo de 2019, a los 57 años, el preso político Eddy Montes Praslin se convirtió en la primera víctima de la dictadura. Fue capturado en octubre de 2018 y pasó 56 días en las mazmorras del antiguo Chipote.
Víctimas de torturas y tratos crueles
En el comunicado de la ONU, los especialistas denunciaron que las condiciones de detención en Nicaragua son, según informes, inhumanas y quienes han sido desaparecidos forzadamente podrían «haber sido sometidos a tortura y otros tratos crueles».
Tienen conocimiento de que una persona está detenida con las manos y los pies encadenados y es sedada periódicamente. «También se habrían colocado cortinas sobre los barrotes de su celda para impedir que otros detenidos pudieran ver el interior. También se les negaría atención y cuidado médico», afirman.
Denunciaron que, pese a las reiteradas solicitudes de familiares a la Policía y autoridades penitenciarias, el paradero de sus parientes han sido ocultados sistemáticamente. «Es profundamente preocupante que las personas en Nicaragua carezcan de mecanismos judiciales efectivos para proteger sus derechos, lo que está permitiendo la continuación de graves violaciones de los derechos humanos», señalan.
Finalmente, hacen el llamado urgente para que se esclarezca de inmediato el paradero de las más de 112 personas víctimas de desaparición forzada en el país y de la misma manera exigen «una prueba de vida de Brooklyn Rivera, y en caso de que haya fallecido durante la privación de libertad, las circunstancias y causas de dicho fallecimiento y el destino de los resto».
Desde hace unos días, organismos de derechos humanos han demandado también una prueba de vida por el coronel en retiro Carlos Brenes, su esposa Salvadora Martínez. La situación de incertidumbre que viven sus familiares fue retratada por su hija Thelma Brenes, quien lo definió como casi una tortura también para ellos.
