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El 24 de septiembre, el diputado y líder indígena Brooklyn Rivera cumplirá 73 años, mientras su familia teme por su vida, por las condiciones de aislamiento en las que se encuentra, desde hace dos años, en las celdas del régimen de Daniel Ortega. Rivera fue apresado por la dictadura sandinista el 29 de septiembre de 2023 en su natal Bilwi, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN).
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«Mi preocupación desde hace 24 meses es que me lo entreguen muerto. Yo no sé cómo es su situación. Espero que si eso pasa que me lo entreguen, vivo o muerto, porque está en mano de ellos, yo no puedo decidir si está bien o mal», dijo su hija Tininiska Rivera a LA PRENSA.
«Este mes es difícil para nosotros como familia. No podemos hacer nada más que denunciar su desaparición y pedir su libertad inmediata», añadió.
Tininiska Rivera salió al exilio para mantener una denuncia constante por la detención de su padre.
Ella asegura que previo al arresto del exlegislador, tenía una condición delicada de salud. «Él era prediabético, posiblemente después de dos años, puede ser que ya tenga diabetes y también tuvo una crisis de hipertensión», indicó.
Fue de los primeros a los que negaron el ingreso
El abogado Salvador Marenco, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, dijo a LA PRENSA que la detención del exdiputado nicaragüense es «arbitraria» porque su arresto se dio luego de que no le permitieron ingresar al país y él buscó otras vías para hacerlo.
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«Fue uno de los primeros casos a quienes no se le permitió ingresar al país», aseguró Marenco. El abogado señaló que en el caso del exdiputado ha habido un ensañamiento por ser un líder indígena, pero también por ser disidente del régimen.
«Las personas adultas mayores corren una situación de vulnerabilidad. Brooklin tiene más de 70 años. Esta privación ha llevado a personas al empeoramiento de múltiples personas enfermas crónicas», lamentó.
En Nicaragua actualmente se registran 73 personas reconocidas como reos políticos, de los cuales 33 están bajo estado de desaparecidos; y desde 2019 a la fecha, al menos seis personas consideradas presos políticos murieron bajo custodia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.