Las familias de los diputados indígenas Brooklyn Rivera Bryan y Nancy Elizabeth Henríquez James, confirmaron que ambos siguen detenidos en Nicaragua, a pesar de que 135 presos políticos fueron excarcelados y desterrados a Guatemala este jueves 5 de septiembre.
La hija del diputado indígena emitió un comunicado este viernes 6 de septiembre en el que afirma que Brooklyn Rivera no está entre los excarcelados del régimen.
“Se le comunica a la población en general, en especial a mis hermanos de la Muskitia Hondureña y Nicaragüense, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, amigos y familiares de mi padre Brooklyn Rivera Bryan, no fue liberado como parte del grupo de los 135 excarcelados políticos que actualmente se encuentran en Guatemala”, expresa en el comunicado la hija del aún preso político.
Asimismo, en el comunicado expresa que lamenta tener que dar esta noticia, ya que esperaban que Rivera estuviera en el grupo de los liberados.
“Lamentamos mucho como familia esta noticia porque teníamos la esperanza de que saliera libre”, se lee en la misiva.
Por otro lado, algunos familiares, que pidieron no ser identificados para evitar más represalias contra los diputados, manifestaron que no han tenido nueva información sobre la situación de ellos y solo esperan que el próximo 19 de septiembre les permitan la visita programada.
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Preliminarmente se había conocido que Nancy Henríquez estaba en una de las listas de los excarcelados, pero luego se confirmó que la exdiputada suplente no fue llevada entre las presas políticas al aeropuerto.
Sin conocer su estado de salud
La mayor preocupación de los familiares es el estado de salud de ellos. El diputado Rivera, quien pronto cumplirá 72 años, desde el día de su arresto se supo que fue hospitalizado por problemas de presión alta. Mientras que la familia de la diputada Henríquez, de 62 años, también reportó que ha tenido problemas médicos que nunca había tenido antes, como diabetes y afectaciones de la vista. Debido a que sus familiares han hecho denuncias en los medios de comunicación, la Policía ha limitado las visitas y les niegan la información sobre ellos.
Brooklyn Rivera era el único diputado del partido indígena Yatama en la Asamblea Nacional y Henríquez era la diputada suplente de este partido. También era la presidenta y representante legal de Yatama, partido que fue cancelado por la dictadura Ortega Murillo tras la detención de sus líderes. Ambos diputados además fueron borrados de la lista de diputados de la Asamblea Nacional.
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Henríquez, encarcelada el 1 de octubre de 2023, está en el Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres (EPIM), mejor conocido como La Esperanza, donde ha recibido solamente dos visitas desde su detención. Mientras que del diputado Rivera, detenido el 29 de septiembre de 2023, nunca se ha informado oficialmente de su ubicación, por lo cual los organismos de derechos humanos lo califican como desaparición forzada.
Otros que siguen en la cárcel
Otros presos políticos que siguen en las cárceles del país son:
—Walner Ruiz Rivera, quien fue deportado de Costa Rica en noviembre de 2021 por un pedido de Nicaragua Interpol, ya que el régimen lo acusó de crimen organizado, asesinato agravado, robo agravado, tráfico interno de estupefacientes y fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas.
—El abogado Manuel Urbina Lara, quien fue declarado culpable de homicidio imprudente, pero que no se dejó apelar. El proceso judicial estuvo plagado de irregularidades.
—Jaime Navarrete fue detenido por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo el 24 de julio de 2019; en enero de 2023 ya había cumplido la condena de tres años y seis meses que le impusieron por los delitos de drogas y posesión ilegal de armas, aún así sigue detenido en La Modelo.
—Carlos Alberto Vanegas Gómez fue recapturado el 26 de enero de 2022 por el delito común de robo con fuerza. Autoridades policiales lo señalaron por supuestamente irrumpir a una vivienda y llevarse electrodomésticos.
—Marvin Vargas también continúa detenido, es el preso político más antiguo del régimen Ortega y Murillo. Vargas fue apresado en 2011. Desde su captura ha sido beneficiado con al menos cuatro órdenes de libertad que no se han acatado. Dos en 2011, poco después de ser apresado; la tercera en 2015, cuando un juez le concedió libertad condicional; la cuarta en noviembre de 2016, cuando terminó de cumplir su condena por el delito de estafa que le imputaron.
Pero luego en 2017 lo acusaron de tráfico de estupefacientes y lo condenaron a 12 años y medio de prisión.
En Nicaragua, las personas que se expresan públicamente contra el régimen orteguista son perseguidas, hostigadas, encarceladas y confiscados sus bienes. La mayoría de los presos políticos han sido desnacionalizados y desterrados, sin embargo, todavía queda un grupo en prisión y otros con ubicación desconocida o casa por cárcel.