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El apátrida no regresa a su país ni siquiera después de muerto. Su cuerpo no puede ser repatriado para sepultarlo en la tierra que lo vio nacer. A ese extremo de crueldad llega la apatridia y por eso quienes condenan a las personas a la apatridia son criminales de lesa humanidad.
Así lo determina el derecho penal internacional, porque privar a las personas de su nacionalidad, dejándolas sin ninguna, es una violación gravísima de los derechos humanos.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Apátridas, aprobada en 1954, establece que “el término ‘apátrida’ designará a toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación”.
Siete años después, en 1961, las mismas Naciones Unidas aprobaron la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, con el propósito de que mediante acciones políticas y jurídicas internacionales, y la buena voluntad de los dirigentes de los Estados, hubiese menos apátridas en el mundo, o que no hubiese ninguno.
Sin embargo, la perduración de regímenes autoritarios encabezados por individuos inhumanos y extremadamente crueles, como es el caso de Nicaragua, ha hecho que aumente en vez de disminuir la cantidad de personas condenadas a la apatridia de hecho o en base de leyes y sentencias totalitarias.
Por lo menos 452 nicaragüenses han sido condenados a la apatridia mediante condenas judiciales de la dictadura de Ortega y Murillo, desde febrero de 2023 hasta comienzos de 2026. Así lo registró en su más reciente informe el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN).
Otros nicaragüenses han sido condenados de facto a la apatridia, porque la dictadura no permite a muchos compatriotas ingresar o regresar al país después de viajar a otros países. O les niega la renovación en el exterior de sus pasaportes. En fin, la cantidad de los apátridas nicaragüenses de facto no se puede determinar, porque la mayoría no lo denuncia por temor a más represalias o castigos vengativos contra sus familiares que están en el país.
Algunos nicaragüenses condenados a la apatridia han sido acogidos generosamente en otros países, cuyos gobiernos les han otorgado su nacionalidad, les han concedido asilo político o les han brindado refugio. Pero muchos otros viven en la angustia y la incertidumbre porque no son bien vistos en los países donde se encuentran, o los califican como criminales y los están encarcelando, deportando o amenazando con deportarlos al mismo país del que huyeron porque corrían grave peligro de muerte, o no encontraban condiciones para vivir con una mínima dignidad humana.
Ahora bien, hemos mencionado la cifra de 452 casos de apatridia por sentencia judicial de la dictadura, y de una cantidad indeterminada de apátridas de facto. Pero el daño que causa la apatridia afecta a mucha más gente, considerando a los familiares de los apátridas que han sido borrados de los registros civiles y por eso son apátridas en su propio país.
Es tan inhumano el castigo de la apatridia, que se sigue siendo apátrida hasta después de la muerte.
Según una investigación de la revista Confidencial, publicada la semana pasada, la repatriación de los restos mortales de cualquier persona que muere en el extranjero es complicada y costosa. Por ejemplo, repatriar un cuerpo desde Costa Rica cuesta por lo menos dos mil dólares; de Estados Unidos (EE. UU.) hasta 10,000 dólares; y desde España entre 6,000 y 6500 dólares. “Estos costos se reducen a la mitad si las familias deciden cremar el cadáver y repatriar las cenizas”.
Pero los apátridas ni siquiera tienen el “privilegio” de poder regresar a su tierra natal después de morir, a cambio de esas cuantiosas cantidades de dinero.
Por todo eso, y más, el crimen de condenar a la gente a la apatridia es tan repugnante. Y por eso mismo el GHREN ha pedido que la dictadura de Nicaragua sea llevada ante la justicia internacional. Siempre y cuando haya gobernantes que quieran hacerlo, por razones políticas o por humanitarismo.
