Lista de reproducción
- No hay más artículos para escuchar
Las autoridades migratorias de Costa Rica tienen en sus manos casi 200,000 solicitudes de refugio pendientes de resolver, la gran mayoría de nicaragüenses. Esto les impone el formidable desafío de resolver esta situación de acuerdo a las leyes nacionales y a los convenios del derecho humanitario internacional, para garantizar a los migrantes una integración efectiva, consideran autoridades, legisladores y activistas prorefugiados.
Organizaciones de la sociedad civil costarricense proponen un conjunto de medidas para no solamente agilizar el proceso de revisión de aplicaciones y emitir resoluciones, sino también acometer reformas legislativas y administrativas que supriman barreras burocráticas y legales que impiden a miles de refugiados y solicitantes de refugio un empleo formal de acuerdo a su formación y experiencia, que favorezca la efectiva integración.
Dieciséis organizaciones cívicas, fundaciones y oenegés proderechos humanos que trabajan alrededor de los temas de refugio y refugiados en Costa Rica, sostuvieron el jueves 23 de abril en la Asamblea Legislativa un encuentro con diputados electos o con sus representantes. El encuentro fue organizado por la diputada Vanessa Castro y la organización no gubernamental (ONG) Refugees International.
En el encuentro dieron a conocer el documento: «Fortaleciendo la integración de las personas solicitantes de refugio y refugiadas en Costa Rica».
Lea además: Museo de la Memoria expone abusos del régimen de Nicaragua
Marco legal “robusto”, pero disociado de la realidad
Costa Rica posee “un marco normativo robusto” en materia de protección internacional que está en concordancia con normas y tratados internacionales, afirman los organismos. Sin embargo, advierten que hay “una brecha estructural entre el diseño normativo y la implementación efectiva”.
Esta situación bloquea una integración económica efectiva de la población refugiada y solicitante de refugio y aumenta su vulnerabilidad.
Aportan 6.5% del PIB, pero subutilizan sus habilidades
Según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 2023, entre 2017 y 2021, migrantes y refugiados aportaron aproximadamente el 6.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de Costa Rica.
Su participación es clave en sectores como la agricultura, manufactura, construcción y turismo. Estos sectores “dependen de su mano de obra para sostener la productividad”, sostiene el documento del FMI.
“Sin embargo, persisten desafíos relacionados con la informalidad, la subutilización de habilidades técnicas y profesionales, así como barreras administrativas que dificultan la inserción laboral y la integración económica”, añade.
La discusión abarcó la situación de numerosos profesionales extranjeros que encuentran barreras legales y económicas para homologar sus títulos académicos y ver reconocida su experiencia; son obstáculos que impiden su ejercicio profesional en Costa Rica.
“Los más de 300,000 refugiados y solicitantes de refugio ya trabajan, consumen y pagan impuestos en Costa Rica. Sin embargo, el Estado les niega las condiciones para integrarse plenamente, limitando su contribución a la economía y sociedad. Eso no tiene ningún sentido económico ni moral”, dijo Martha Guerrero Ble, oficial de incidencia de Refugees International.
Que Costa Rica aproveche el capital humano
Las organizaciones cívicas exhortan a mejorar las políticas para integrar a refugiados y solicitantes de refugio dentro de los planes de desarrollo nacional, para un mejor acceso al mercado laboral, a los servicios nacionales y a la contribución fiscal.
Además, para facilitar la formalización laboral, reconocimiento de competencias y el aprovechamiento del capital humano que representan estas decenas de miles de personas.
Lea también: Fiscalía de Costa Rica investiga omisiones de la DIS en caso de Roberto Samcam
Funcionaria expone falta de personal
Cindy Molina, jefa de la Unidad de Refugio de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de Costa Rica, dijo que actualmente tienen 193,000 solicitudes de refugio pendientes, la mayoría de personas de Nicaragua.
La unidad tiene solamente seis funcionarios propios, reveló Molina.
Hasta principios de 2025, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, conocida como ACNUR, había provisto 48 agentes para cubrir la demanda, pero las reducciones globales de fondos de cooperación en hasta un 41 por ciento para ACNUR redujeron esa cifra a 18 agentes.
Molina afirmó que su unidad, que procesa y resuelve las solicitudes de refugio, tiene un personal muy reducido y escasez de fondos.
«Como persona refugiada en Costa Rica he vivido las brechas entre lo que establece la ley y la realidad. Todo esto se traduce en vulneraciones a derechos humanos básicos. No se trata solo del acceso al empleo, sino también a la educación, a la información y a condiciones dignas para reconstruir una vida», dijo Cristian Méndez, director ejecutivo de Acción Universitaria.
Proponen más recursos para Migración
Las organizaciones cívicas sostienen que debería haber suficientes fondos para la DGME según el marco legal existente, pero apuntan a un problema de subejecución presupuestaria y coordinación institucional.
Han hecho varias propuestas al respecto: la primera es dotar de un papel real rector al Consejo Nacional de Migración (CNM) como responsable legal de la política nacional migratoria, reformando los artículos 9 y 11 de la Ley General de Migración y Extranjería (Ley No. 8764). Un segundo punto es establecer una obligación legal del CNM de presentar reportes anuales ante comisiones legislativas.
El tercero es impulsar reformas legales para mejorar la entrega y ejecución de los recursos del Fondo Especial (artículo 231 de la Ley 8764, Ley General de Migración y Extranjería de Costa Rica), Fondo Social (artículo 241 de la Ley 8764) y Fondo de la Ley de Trata de Personas (Ley 9095, Ley contra la Trata de Personas, en su artículo 52 y ss.); y cuatro, buscar recursos del Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras fuentes para la respuesta al desplazamiento forzado.
Regularizar a solicitantes
Las organizaciones cívicas llaman a regularizar a la población solicitante por su importancia social y económica. “Sin estatus regular no es posible acceder al empleo formal, servicios públicos, fiscalización, ni mecanismos de protección social, lo que convierte la regularización en condición indispensable para la integración”, aseguran.
También hacen un llamado a fomentar el empleo “decente” y digno de esa población y el respeto a sus derechos laborales.
Atender a los sectores más vulnerables
Por otro lado, hacen hincapié en que se incorpore en la definición y ejecución de políticas migratorias “un enfoque interseccional que reconozca las necesidades específicas de grupos vulnerables”.
Las políticas migratorias deben incorporar un enfoque interseccional que reconozca las necesidades específicas de grupos vulnerables —incluidas mujeres, niños, niñas, personas LGBTI+, con discapacidad o de etnias indígenas—, piden las organizaciones.
Puede leer: Mandan a juicio a sicario en el caso de Joao Maldonado
Organizaciones firmantes
Las organizaciones que firmaron estas peticiones son: A Rocha Costa Rica; Acción Universitaria Asociación Azomalli; Asociación Intercultural de Derechos Humanos (Asidehu); Asociación Promoción Claretiana para el Desarrollo (Proclade); Asociación Unidad Juvenil y Estudiantil para el Desarrollo Regional Cenderos; Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes (Cidehum); Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas); Fundación Mujer; Global Strategic Litigation Council; y el Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ (IRCA-Casa Abierta).
Además: Comisión Nacional de la Pastoral de Movilidad Humana, la Conferencia Episcopal de Costa Rica; Refugees International; Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica; y la Universidad de Costa Rica (UCR), Escuela de Ciencias Políticas TC-73.
