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En Nicaragua, el aval político se ha convertido en una llave silenciosa para acceder a oportunidades laborales. Hasta ahora era requisito indispensable en el sector público, pero ya lo piden también algunas empresas del sector privado. El problema es que a muchos ciudadanos que presentan un aval que demuestra que son militantes sandinistas les garantiza empleo. Pero a otros ni siquiera ese documento les abre las puertas del mercado laboral en Nicaragua, porque por encima del aval las influencias también pesan.
En las instituciones públicas no basta con títulos universitarios, experiencia o trayectoria profesional. La pertenencia —o al menos la aparente o comprobada lealtad— al partido gobernante es determinante para conseguir trabajo. Pero la oferta de plazas es tan pequeña, que estos requisitos, aunque necesarios, no son determinantes y las quejas comienza a aparecer. También el reclamo de que muchas empresas privadas también los están pidiendo.
Así lo demuestran los testimonios de algunos universitarios que lamentan la situación. Uno de los casos es el de un graduado universitario que frustrado porque el aval no le garantizó el empleo, decidió exponer públicamente su situación. El hombre, con estudios en Ciencias Ambientales en el Centro Universitario Regional (CUR)-Estelí de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), expresó públicamente su frustración tras años de militancia.
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“Antes, cuando era estudiante universitario, me involucraban en todas las actividades del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Había espacio, había reconocimiento. Después, siendo profesional, ya no me toman en cuenta”, reclamó en su perfil de Facebook.
Secretarios políticos tienen el poder
Las reacciones no faltaron. Militantes sandinistas lo mandaron a callar, porque «los reclamos se deben hacer internamente», es decir «los trapos sucios se lavan en casa». Otros descalificaron su opinión y no faltó quienes criticaron que el tráfico de «avales» sea un requisito para intentar conseguir trabajo.
El militante frustrado publicó en sus redes sociales el aval político que emitió en 2016 el secretario político departamental del Frente Sandinista y alcalde de Estelí, Francisco Ramón Valenzuela Blandón. En el documento, Valenzuela certifica que Zelaya es “una persona honesta, trabajadora y de buenas costumbres”, destacando que es miembro activo del partido, y solicitando apoyo para sus gestiones.
Sin embargo, una década después, ese aval no le sirvió para conseguir oportunidades laborales, como ocurre con otros militantes a los que si les funciona el aval, se quejó Zelaya.
Este tipo de documento, aunque no está regulado por normas públicas, se ha consolidado como un mecanismo informal de certificación política. En la práctica, abre o cierra puertas. Permite acceder a empleos estatales, contratos o ascensos, mientras quienes no lo poseen quedan relegados, independientemente de su experiencia. Los avales políticos son extendidos y firmados por los secretarios políticos de cada localidad.
“Es un mecanismo silencioso. No se habla abiertamente, pero todos sabemos que sin ese aval no sos nadie”, explicó un militante al equipo periodístico de LA PRENSA.
¿Traés aval político?
Otra historia todavía más frustrante es la de una ingeniera de alimentos a quien llamaremos «Gina», que relató a LA PRENSA su experiencia buscando trabajo en el sector público y en el privado de Nicaragua.
Según su testimonio, al presentarse en una alcaldía con todos sus documentos en regla, incluido su título universitario, notó que otros aspirantes contaban con requisitos adicionales vinculados a la militancia política.
“Yo preparé el currículum, fui a sacar mi título porque la alcaldía buscaba a alguien experto en alimentos para capacitaciones… y cuando estaba con tres personas más incluyendo un primo mío… vi que él llevaba un aval político y un carnet de militante y yo no llevaba nada de eso”, relató.
La joven asegura que desde ese momento se desilusionó, comprendió la importancia de ese documento en los procesos de selección. “Yo le dije: ‘Ala, entonces vos vas a quedar’», y así fue, su primo se quedó con la plaza.
Tras no obtener el puesto, Gina decidió buscar oportunidades en el sector privado, y para su sorpresa también allí se lo exigieron.
“Cuando entregué mis documentos en una financiera, porque ya me había cansado de buscar trabajo en mi rama (especialidad)… me preguntaron si tenía aval político… después me dijeron que lo pedían porque Managua lo revisa”, indicó.
El aval político se consigue con facilidad
Ante la necesidad de empleo, la profesional optó por gestionar el documento, pese a no haber participado en actividades partidarias. “Finalmente tuve que ir y me dieron un aval y un carnet sin siquiera ser militante… ellos te lo dan, lo único es que no seas reconocido como contrario (opositor)”, sostuvo.
La mujer de 32 años cuestionó que este requisito condicione el acceso el trabajo, por encima de la preparación académica. “Uno no estudia para demostrar que es militante (partidario) en un trabajo, uno estudia para demostrar que sabe lo que hace, que es profesional”, lamentó.
Su experiencia coincide con otras denuncias sobre el uso del aval político como un mecanismo determinante en la contratación, tanto en instituciones públicas como en algunos espacios privados, en un contexto donde el acceso al empleo formal es cada vez más limitado.
Salud condicionada por la lealtad
El impacto del aval político no se limita al empleo. Un médico, que pidió anonimato, asegura que también influye en el acceso a servicios de salud: “Si una persona se fractura y necesita una prótesis… tiene que esperar de 4 a 6 meses. Pero si vos tenés un aval político… inmediatamente la dirección va y compra ese material, si sos remitido por un autoridad sandinista, así funciona ahora”, afirmó.
El especialista también denunció el deterioro del sistema sanitario, la falta de insumos y medicamentos, y la ausencia de brigadas médicas internacionales que antes apoyaban con equipamiento. “Hay hospitales nuevos, pero no hay personal capacitado ni medicamentos. Esto va peor, la gente es la que aguanta. Con o sin aval todos deberían ser atendidos con prioridad”, aseguró el médico.
Corrupción y clientelismo
El sociólogo Douglas Castro advierte que los avales políticos han adquirido un peso determinante dentro del mercado laboral nicaragüense, funcionando como un mecanismo que redefine las reglas de acceso al empleo y la estabilidad.
“Funcionan más como capital político convertido en empleo, estabilidad y accesión institucional que es la que la gente está buscando, pues en el entorno de precariedad que mencioné anteriormente caracteriza el mercado laboral nicaragüense. Sustituyen el mérito por la lealtad”, comentó desde su exilio.
Castro sostiene que este fenómeno refleja la ausencia de una verdadera carrera pública basada en capacidades profesionales. “En Nicaragua no existe existe meritocracia ni carrera pública en el sentido estricto, porque la permanencia en el Estado no depende solo de cumplir requisitos, desempeñarse bien, como debería de ser el trabajo público en un Estado de derecho donde se respetan las normas, y las leyes. Aquí es someterse a lineamientos partidarios y a una arbitrariedad permanente y eso genera mucha zozobra», sostiene Castro.
Aval político para priorizar atención médica
Esta zozobra se refiere a que una persona puede tener hoy un puesto estatal, con ingreso y seguridad social que le permite mantener cierta estabilidad y de la noche en la mañana caer en vulnerabilidad por el despido político.
El especialista también contextualiza esta dinámica dentro de las cifras del mercado laboral, señalando que los indicadores oficiales no reflejan completamente la precariedad existente.
“Las cifras oficiales pueden mostrar una ocupación alta y un desempleo abierto relativamente bajo… desde el 2004 el desempleo abierto decían que era casi el 4 por ciento, pero el subempleo estaba entre el 37 y el 39 por ciento…eso significa significa baja productividad», indicó el también economista.
En base al contexto anterior, el empleo público adquiere un valor particular para la población: “El empleo público tiene un peso especial porque ofrece formalidad, seguridad social…porque estamos viviendo momentos bastante convulsos”, apunta el experto.
Avales son control social
Castro enfatiza que el aval político también opera como un instrumento de control social. “La dictadura sabe que como dicen popularmente la calle está dura, la situación es precaria y ellos se aprovechan de eso. El mensaje es claro, si no estás alineado, no puedes trabajar en el estado, así de brutal. Eso excluye a mucha gente con vocación de servicio público y al mismo tiempo disciplina a quienes ya están adentro”, reflexiona la respecto.
Castro, advierte sobre las consecuencias estructurales de tráfico de avales políticos, que solo promueve prácticas corruptas.
“A largo plazo las consecuencias son bastante graves porque hay una desinstitucionalización todavía más del Estado, del mercado del empleo público, destruye la idea del servicio civil, del servicio público, premia la obediencia del trabajador sobre la competencia y profundiza el clientelismo, pues que es una de las principales características del régimen de Ortega, es su regla de acceso a oportunidades”, criticó.
¿Un sistema con fecha de caducidad?
El economista y analista exiliado Marco Aurelio Peña considera que los avales políticos no solo distorsionan el acceso al empleo, sino que además están profundamente ligados a prácticas que incentivan la corrupción y debilitan la institucionalidad del Estado.
“Hacen que las personas se esfuercen por ser súbditos, no por ser ciudadanos. No se esfuerzan por ser buenos profesionales, sino que se esfuerzo está centrado en su fidelidad al partido y a la familia, porque el Estado está capturado por una familia”, lamentó Peña.
Desde su perspectiva, este modelo no solo condiciona el empleo, sino que también erosiona derechos fundamentales y transforma la relación entre el ciudadano y el Estado y subraya la necesidad de cambios estructurales en un escenario de transición política y económica.
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“En una transición política y económica de una economía del malestar a una economía del bienestar, eso tiene que quedar atrás los avales políticos son una manera desvergonzada en la administración pública”.
Añadió que: «Debemos pasar a una profesionalización del servicio público, porque los servidores y los funcionarios públicos deben de estar sujetos a una ley que determine su escalafón, que se rija por la meritocracia y que estén sujetos a la rendición de cuentas y que estén sujetos a normas de transparencia, no a una recomendació política», concluyó Peña.
