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El asesinato del mayor retirado del Ejército de Nicaragua y activista intelectual contra la dictadura, Roberto Samcam, ocurrido en junio del año pasado en San José de Costa Rica donde vivía como exiliado, es calificado como “crimen ideológico”, por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de ese país.
Así lo ha informado el medio de comunicación costarricense Teletica, que dijo haber tenido acceso al expediente judicial del caso Samcam, cuya investigación no ha terminado. La OIJ califica el asesinato de Samcam como “crimen ideológico” porque el occiso había trabajado en una investigación sobre la participación del Ejército en la sangrienta represión contra los participantes en la insurrección democrática cívica de abril de 2018. Investigación que habría servido para la denuncia del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU (GHREN) de que la fuerza militar del Estado de Nicaragua intervino en la matanza de civiles desarmados en 2018.
Por lo general se califica como crimen político el asesinato o atentado contra la vida de una persona que, de cualquier manera, directa o indirecta, se dedica a la política, sea gubernamental u opositora, partidista o ciudadana. Pero lo político y lo ideológico están íntimamente relacionados y se condicionan recíprocamente, de manera que las causas del crimen político o ideológico generalmente son las mismas en ambos casos.
Tomás Darío Gutiérrez Hinojosa, un estudioso jurídico e historiador colombiano, escribe en un ensayo publicado en la Revista Sistema Penal Crítico que “hay un factor nunca señalado, y que, no obstante, ha contribuido a la gestación de la criminalidad, a través de la historia de manera dramática y permanente; son las ideologías de diferentes naturalezas, mismas que forjan un tipo particular de criminal ideológicamente alienado y, como tal, fanático nunca dispuesto a arrepentirse de sus acciones a las que, además, considera benéficas”.
Específicamente, se dice que un crimen ideológico es “aquel que se comete motivado principalmente por una ideología (política, religiosa o filosófica), es decir, por un sistema de creencias que el autor (del crimen) considera verdadero y que busca imponer, defender o realizar”. En tanto que el crimen político es definido técnicamente por la legislación penal, como “aquel que se dirige contra el orden político o el Estado, o que tiene consecuencias directas sobre el poder político”.
Por supuesto que en ambos casos el hechor material del crimen político o ideológico cuando se trata de un opositor o disidente, puede ser —y generalmente lo es— un sicario o asesino profesional a quien no le importa y ni siquiera le interesa el motivo que tenga quien le paga para cometer el crimen.
Lo cierto es que el asesinato de una persona que se dedica a la política, ya sea partidista o intelectual como era el caso de Roberto Samcam, se puede calificar igualmente como crimen ideológico o político. En todo caso, llámesele político o ideológico al crimen cometido contra la vida de Samcam, lo más importante es comprobar que fue ejecutado por orden o instigación de la dictadura de Nicaragua y que se haga justicia a la memoria de la víctima y a sus familiares.
Además, según la información de Teletica, el expediente del caso Samcam incluye una lista de otras 9 personas nicaragüenses exiliadas en Costa Rica, que supuestamente podrían ser objetivos de la dictadura para asesinarlas, o atentar contra sus vidas como, ya lo hizo contra Joao Maldonado y su pareja conyugal.
Esta información debería servir para motivar a las autoridades de Costa Rica a proteger o fortalecer la protección de los nicaragüenses que figuran en esa supuesta lista y permanecen en territorio costarricense. Pero también para interesar a la llamada comunidad democrática internacional a actuar, con los recursos y posibilidades a su disposición, contra una dictadura que ha hecho de Nicaragua un Estado forajido que practica la represión y comete crímenes políticos e ideológicos, incluso más allá del territorio nacional.
