Durante gran parte de la última década, México mantuvo la estabilidad macroeconómica, incluso mientras la tendencia a centralizar el poder erosionaba las instituciones democráticas. La inflación se mantuvo bajo control, los déficits fiscales permanecieron en su mayoría controlados y los mercados financieros parecían, en general, estables. Esta paradoja contribuyó a sostener una narrativa reconfortante: que México podía flexibilizar sus normas democráticas sin quebrar sus cimientos económicos. Pero esa narrativa comienza a desmoronarse.
El expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (conocido como AMLO) lideró la consolidación política. Tras 2018, AMLO debilitó las instituciones autónomas, desmanteló los controles y contrapesos, y amplió el control del poder ejecutivo sobre sectores clave. En 2024, este proceso culminó en una controvertida reforma constitucional, aprobada por una mayoría cualificada del Congreso, que desencadenó una reforma judicial que, en esencia, concentró el poder en el Ejecutivo, reconfigurando así el equilibrio de poder dentro del Estado.
Si bien la economía mexicana se mantuvo resiliente en medio de esta transformación institucional, su desempeño ha sido consistentemente decepcionante. A pesar de las condiciones externas favorables, el crecimiento promedio del PIB durante el mandato de AMLO (así como bajo el de su sucesora, Claudia Sheinbaum) se ha quedado rezagado con respecto a las tendencias históricas y a las de otros mercados emergentes. Esto no es simplemente una recesión cíclica. Refleja limitaciones estructurales más profundas, como la debilidad de la inversión, la disminución de la productividad y la persistente incertidumbre política.
En lugar de invertir en sectores esenciales como la salud, la educación y la capacidad regulatoria, el gobierno ha concentrado los recursos fiscales en transferencias sociales insostenibles y proyectos emblemáticos, como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a pesar de los dudosos retornos, los sobrecostos y la escasa transparencia. En un contexto de bajo crecimiento económico, esta estrategia ha resultado ser desacertada.
Sheinbaum ha buscado compensar la asignación ineficiente de los escasos recursos públicos con inversión privada, particularmente en infraestructura y energía. Recientemente propuso un proyecto de ley para promover la inversión pública y privada en infraestructura estratégica con el fin de liberar capital, preservando al mismo tiempo la disciplina fiscal y manteniendo el papel central del Estado.
El problema radica en el marco subyacente. El gobierno pretende atraer capital privado a gran escala, manteniendo el control sobre sectores estratégicos y limitando la deuda pública. En la práctica, estos objetivos son difíciles de conciliar. Los inversores privados requieren seguridad jurídica, mecanismos creíbles de reparto de riesgos y contratos ejecutables. Los cambios de política, la discrecionalidad regulatoria y el debilitamiento de las instituciones independientes impiden que se cumplan estas condiciones. Como resultado, la cartera de proyectos se ha mantenido escasa.
Esto se hace especialmente evidente en el sector energético, donde el Estado busca preservar el control operativo al tiempo que invita a los inversores a participar en condiciones cada vez más restrictivas. Este enfoque no movilizará capital privado, no aliviará las presiones fiscales ni ayudará a satisfacer la creciente demanda de electricidad.
Al mismo tiempo, el debilitamiento del Estado de derecho se ha hecho más evidente en el ámbito de la seguridad. Los grupos del crimen organizado han expandido su alcance territorial, diversificado sus actividades económicas y asumido funciones cuasi gubernamentales en algunas zonas del país, influyendo en los mercados y las condiciones laborales. La creciente evidencia de captura política a nivel local y la superposición entre las organizaciones criminales y las autoridades públicas apuntan a una erosión institucional más profunda. Estas dinámicas distorsionan la actividad económica, encarecen la actividad empresarial y socavan la confianza en el Estado.
Esto ya no es un asunto de política interna. El gobierno estadounidense ve cada vez más a México desde una perspectiva de seguridad , centrándose en el tráfico de fentanilo, la migración y la creciente influencia de las organizaciones criminales transnacionales. Estas preocupaciones han comenzado a afectar el comercio y la cooperación económica. Por ejemplo, se espera que las consideraciones de seguridad y cumplimiento de la ley tengan un papel más destacado en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) de este año. En ese sentido, la erosión institucional ha creado una doble limitación para México: deprime la inversión interna y aumenta el escrutinio internacional.
En este contexto, el panorama político también comienza a transformarse. Sheinbaum, de quien se esperaba que consolidara y ampliara la agenda de AMLO, sufrió un revés en marzo cuando una iniciativa de reforma electoral no logró ser aprobada en la Cámara de Diputados. Este episodio es más que una anomalía procedimental; representa una ruptura con la práctica habitual del gobierno de coalición de obtener la aprobación legislativa casi automáticamente. Por primera vez, la fuerza numérica del partido Morena, liderado por Sheinbaum, no se tradujo en dominio político.
Las implicaciones son claras. Las coaliciones gobernantes no solo dependen de mayorías formales, sino también de la cohesión percibida. Una vez que esa percepción se debilita, resulta más difícil imponer disciplina de partido y la ejecución de las políticas se vuelve más incierta.
Existen otros indicios tempranos de que el apoyo a Sheinbaum y Morena podría estar disminuyendo. Además de la reticencia de los socios más pequeños de la coalición a alinearse incondicionalmente con Morena, los índices de aprobación de Sheinbaum, si bien siguen siendo relativamente altos, ya no muestran el mismo impulso ascendente. En conjunto, estos acontecimientos sugieren que el sistema ya no es tan fluido como antes.
Nada de esto implica una crisis inminente. México posee importantes fortalezas, incluyendo una profunda integración con la economía estadounidense. Sin embargo, la resiliencia no es inmunidad. La combinación de un crecimiento débil, estrategias de inversión fallidas, erosión institucional y fisuras en la coalición gobernante está comenzando a evidenciar los límites del modelo actual. Durante años, la estabilidad macroeconómica enmascaró la deriva autocrática de México. Ahora, resulta más difícil ignorarla, y la trayectoria económica del país ya no parece tan segura como antes.
El autor es exministro de Hacienda de México y exgobernador del Banco de México, es el tesorero del G-30.
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