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Mientras la atención de la Administración Trump se concentra en Venezuela, Cuba e Irán, en Washington Nicaragua se perfila como el próximo objetivo en la ofensiva estadounidense contra los regímenes autoritarios.
Quienes creen que la dictadura Ortega-Murillo ha logrado normalizar su permanencia en el poder deberían leer con atención el proyecto de ley H.R. 7055, titulada Ley para Restaurar la Soberanía y los Derechos Humanos en Nicaragua. Esta iniciativa es la culminación de años de escalamiento legislativo en Estados Unidos, y marca el tránsito de sanciones dirigidas a una estrategia más contundente contra las fuentes de financiamiento de la dictadura.
La iniciativa representa una evolución que pasó de condicionar el financiamiento internacional del régimen y el apoyo de sanciones individuales, a una legislación encaminada a desmantelar las fuentes estructurales de poder de la dictadura.
Durante años, el debate legislativo estadounidense se centró en elecciones fraudulentas, presos políticos y represión. Todo eso sigue sucediendo y es denunciado, pero con la H.R. 7055 el nuevo enfoque es poner en la mira las fuentes de financiamiento de la dictadura que fluyen desde el exterior.
Primero, la inversión privada —especialmente de empresas estadounidenses— continúa operando bajo la ficción de que Nicaragua sigue siendo el mercado emergente y democrático que fue entre los años 1990 y 2007. Pero ya no lo es. Desde las elecciones municipales fraudulentas del año 2008, cada dólar que entra sin condiciones refuerza un sistema de control político y económico diseñado para perpetuarse en el poder y constituirse en una dictadura dinástica.
Segundo, el rol del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) es imposible de ignorar. Mientras otras instituciones multilaterales han cerrado sus ventanillas, el BCIE ha seguido prestándole a Nicaragua, convirtiéndose en el principal sostén financiero externo del régimen. Al contrario de lo que argumentan sus autoridades de que lo que financian es el desarrollo, en realidad lo que hacen es financiar una estructura autoritaria que ha desmantelado el Estado de derecho y la democracia.
La H.R. 7055 reconoce esta realidad y apunta directamente a ella, y el mensaje es claro: quien siga financiando al régimen será parte del problema.
Otro énfasis significativo de la H.R. 7055 es la introducción de sanciones sectoriales. Esto es un reconocimiento de que, por un lado, el sector privado tradicional se sigue haciendo de la vista gorda; y que, por otro, siguen obteniendo beneficios de un sistema legal que solo favorece a los que apoyan, explícita o implícitamente a la dictadura. También es un reconocimiento a cómo el régimen utiliza ciertos sectores para el enriquecimiento de la familia gobernante.
El caso más emblemático es el sector aurífero, que se ha convertido no solo en fuente de divisas para la dictadura, sino que también en un sistema de patronazgo político, donde convergen la corrupción, la discrecionalidad y la captura estatal.
Al apuntar al oro y otros sectores, Estados Unidos está diciendo, lo que en efecto es una realidad que muchos evitan reconocer, que la economía nicaragüense no está separada del régimen, sino que más bien es una extensión de este.
La H.R. 7055 representaría el fin de la ambigüedad. Durante años, el régimen ha disfrutado de los beneficios del acceso preferencial al mercado estadounidense mientras destruía las condiciones mínimas de democracia y legalidad. En este contexto, el proyecto de ley también contempla revisar la participación de Nicaragua en el Cafta-DR. Esto es congruente con la determinación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) que con base en la Sección 301 de la ley comercial de 1974 encontró que las políticas y prácticas del Gobierno de Nicaragua son injustificadas, irrazonables y discriminatorias, y que imponen carga y restricciones al comercio de Estados Unidos.
De ser aprobada, esta iniciativa de ley es una clara señal de que para los legisladores estadounidenses Nicaragua está entrando en una nueva fase de aislamiento económico progresivo y de presión estructural. Le están diciendo a quienes aún operan bajo la lógica de que todo sigue igual, que el entorno está cambiando y rápido, y que si continúan invirtiendo, financiando o facilitando negocios que directa o indirectamente favorecen al régimen, deben entender que el costo de esa relación será cada vez mayor.
