LA PRENSA ha publicado en su edición de este lunes 16 de febrero un documentado informe periodístico sobre “un entramado de sociedades vinculadas a la familia de Daniel Ortega y Rosario Murillo, (que) ha sacado provecho en los últimos años al jugoso negocio del oro nicaragüense”.
Explica la información mencionada que las cifras que produce el negocio familiar del oro “son difíciles de precisar”. Pero indica que “según estimaciones conservadoras”, los Ortega Murillo “pudieron obtener más de 80 millones de dólares” con su esquema de corrupción en el negocio del oro. Y aclara que “ese dato no incluye el comercio del oro al exterior”.
Pero el negocio del oro es solo uno de los innumerables que ha hecho y sigue haciendo la familia Ortega Murillo al amparo del poder del Estado. Al parecer quieren superar al imperio económico familiar que crearon los Somoza durante su dictadura dinástica de 1937 a 1979.
Impúdicamente los Ortega Murillo llaman “el buen gobierno” al poder autoritario que detentan desde hace 19 años. Es impúdico, porque el buen gobierno no lo es porque realiza obras públicas de infraestructura y recreativas con financiamiento externo y maneja bien las cifras de la macroeconomía. Un “buen gobierno”, según la definición de la ciencia política, es el que funciona en base de “un conjunto de principios éticos, de transparencia y eficiencia en la gestión pública, que busca satisfacer el interés general, promover el desarrollo sostenible y fortalecer la confianza ciudadana”. El buen gobierno practica la rendición de cuentas, promueve la participación inclusiva y la equidad, respeta los derechos humanos y el Estado de derecho con todos sus atributos virtuosos.
Pero la dictadura de la familia Ortega Murillo no solo no practica ninguno de esos principios y condiciones del “buen gobierno”, sino que representa todo lo contrario porque es represiva, excluyente, turbia y deshonesta hasta las náuseas.
En realidad, lo que hay en Nicaragua es un “Estado botín”, como se le llama al sistema de poder estatal donde se gobierna para beneficio del dictador o la dictadora, de la camarilla familiar o política que detenta el poder; que gobierna para enriquecerse y solo por disimular reparte algunas migajas de su festín a los gobernados.
En el siglo pasado la familia Somoza estableció en Nicaragua el típico Estado botín. Gracias al poder que detentó de manera autoritaria y mediante fraudes electorales durante más de cuarenta años, para 1979 cuando fue derrocada por la lucha armada de los sandinistas, se calcula que había acumulado entre quinientos y mil millones de dólares, equivalentes a miles de millones de córdobas actuales.
Ahora, la fortuna que la familia Ortega Murillo ha acumulado en el ejercicio del poder del Estado debe ser más o menos igual a la que acumularon los Somoza. O tal vez más, pues si al caído en desgracia, purgado y encarcelado excomandante de la Revolución y antiguo tesorero y administrador de la riqueza del FSLN, Bayardo Arce, la dictadura sandinista lo acusó de haber robado unos cinco mil millones de dólares, entonces la fortuna de los Ortega Murillo tendrá que ser mucho más que eso.
Algún día se podrá conocer. Por ahora, quien busque casos clásicos o típicos de Estado botín y de un “buen gobierno” rapiñador los puede encontrar fácilmente en las dictaduras de Nicaragua, la somocista y la sandinista revolucionaria del siglo pasado, y la sandinista de los Ortega y Murillo en la actualidad.
