Este lunes 9 de febrero se cumplen tres años de la excarcelación masiva de 222 presos políticos (189 hombres y 33 mujeres) lograda gracias a las gestiones políticas y humanitarias del Gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) que también trasladó a los excarcelados a territorio estadounidense, en un avión fletado especialmente para ese fin.
El Gobierno de EE. UU. llamó Operation Nica Welcome (Operación Nica Bienvenido) a aquella hazaña. Por su parte, el imaginario popular y los mismos excarcelados la llamaron el Vuelo de la Libertad, porque las 222 personas que salieron de las prisiones y algunos pocos de sus viviendas en las que permanecían encerrados con casa por cárcel, volaron libremente hacia EE. UU.
También la acción de rescate de los 222 presos políticos fue llamada Operación Guardabarranco (en alusión al pájaro nacional de Nicaragua), por el Instituto Raza e Igualdad que se ocupó de la logística para recibir a los excarcelados en Washington D.C. Además, este Instituto, en conjunto con el medio de comunicación nicaragüense en el exilio, Divergentes, realizó un documental titulado Operación Guardabarranco: Un vuelo urgente hacia la libertad… y el destierro, que, según dice en su presentación, “aborda este hecho no solo como una operación diplomática, sino como una experiencia humana de desarraigo, fe y resistencia. A través de una narrativa coral que entrelaza testimonios de excarcelados, diplomáticos y defensores de derechos humanos la película revela las tensiones entre el poder y la dignidad”.
Ciertamente, son tensiones o contradicciones antagónicas entre el poder estatal despótico que dispone a su capricho de las vidas humanas, y la dignidad de muchas personas que siendo víctimas indefensas de la dictadura están revestidas de la dignidad que les conceden el derecho y la justicia.
Cabe destacar que la película documental mencionada, Operación Guardabarranco: Un vuelo urgente hacia la libertad… y el destierro, propone a quienes han tenido la oportunidad de verla y valorarla, “una reflexión sobre la identidad y la pertenencia frente a la pérdida del país, transformando un hecho político en una meditación sobre el destierro como política de Estado y como condición existencial”.
Es que los 222 ex presos políticos del “vuelo de la libertad” siguen sufriendo el castigo del destierro y el exilio, la mayoría de ellos enfrentando múltiples desafíos y graves dificultades y prácticamente todos ansiando poder regresar a su patria añorada, que sigue oprimida por una dictadura aberrante, por decir lo menos ella.
Es que si bien es cierto que los 222 ex presos políticos salieron de las cárceles por la gestión extraordinaria de EE. UU., también es verdad que fueron condenados al destierro y, peor todavía, despojados de su nacionalidad y convertidos en apátridas por la dictadura, junto con casi un centenar de otros compatriotas castigados con ese mismo monstruoso abuso dictatorial. Y lo llamamos monstruoso, no por ser superlativos sino porque condenar a las personas a la apatridia es una acción “cruel, abominable, aborrecible, execrable e inhumana”, que son los distintos significados de monstruoso.
En realidad, la condena a la apatridia de los 222 exprisioneros políticos —y a 94 personas más— mediante decreto de la dictadura, y a muchos otros nicaragüenses por las vías de hecho al impedirles regresar a su país o negarles la renovación de sus pasaportes, constituye un abominable crimen de lesa humanidad. Pues se trata, como lo ha determinado el Grupo de Expertos de la ONU en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) en su informe actualizado del 23 de septiembre de 2025, “de violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos que, en algunos casos, constituyen, prima facie, crímenes de lesa humanidad”.
Por eso y más el GHREN ha pedido a la comunidad internacional llevar a la dictadura de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, para juzgarla y condenarla por los crímenes atroces que ha cometido y sigue cometiendo contra el pueblo nicaragüense.
