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El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica anunció como ganadora de la elección presidencial de este domingo 1 de febrero a la candidata del oficialista Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, que consiguió el 48.33 por ciento de los votos, según los primeros reportes oficiales, y el 94 por ciento de las mesas escrutadas. Con ese porcentaje, superaría por mucho el exigido 40 por ciento para evitar una segunda vuelta.
Aunque en su plan de gobierno y en sus discursos no mencionó directamente a los inmigrantes nicaragüenses ni a otros grupos nacionales, la candidata Fernández propone varios temas en seguridad relacionados a la migración y seguridad, que podrían afectar, directa o indirectamente a los nicaragüenses.
De acuerdo con cifras oficiales, unos 53 mil nicaragüenses pudieron votar el 1 de febrero para elegir a las autoridades costarricenses. En 2025, el Tribunal Supremo Electoral registraba 96 mil extranjeros naturalizados, entre los que destacaban el número de nicaragüenses, pero también colombianos, salvadoreños y venezolanos.
En Costa Rica viven miles de nicaragüenses. Hasta marzo de 2025, Costa Rica acogía a más de 194,000 solicitantes de asilo nicaragüenses y a 9,216 refugiados nicaragüenses reconocidos, según datos de Naciones Unidas.
Aunque Fernández propone medidas migratorias más estrictas, también contempla, entre otras cosas, facilitar la integración de la población migrante regularizada al sistema educativo y laboral; e impulsar programas de integración comunitaria, para que la migración contribuya a la productividad y cohesión social.
El programa del Partido Pueblo Soberano propone:
Fortalecer el control fronterizo
Este control se impulsaría en los 16 puntos de ingreso autorizados, mediante la verificación obligatoria contra bases de datos nacionales e internacionales. Bases de datos del Poder Judicial, Interpol, listas de terroristas, maras y pandillas, para detectar de forma temprana riesgos criminales y de seguridad nacional.
Ampliar la Policía Migratoria
Ampliar en al menos 30 por ciento la cantidad de efectivos de la Policía Profesional de Migración, que hoy cuenta con apenas 500 oficiales. Para ello se incorporarían más plazas, tecnología de patrullaje fronterizo y mecanismos de coordinación con cuerpos policiales nacionales y extranjeros.
Reducir la migración irregular
Ejecutar operativos conjuntos en las vías públicas, transporte y lugares de hospedaje, para detectar migración irregular, prevenir la explotación laboral y reforzar el principio de cero tolerancia contra la trata y el tráfico ilícito de migrantes.
Agilizar procesos de regularización
Agilizar y simplificar los procesos de regularización migratoria. Con ello garantizaría el cumplimiento de los plazos legales (máximo tres meses), especialmente en categorías laborales, de inversión y refugio, para reducir la irregularidad y fortalecer el control institucional.
Verificar antecedentes penales de migrantes
Reforzar la rigurosidad en los procesos de naturalización, al exigir antecedentes penales apostillados del país de origen y de Costa Rica. Con ello pretende evitar que miembros de redes criminales utilicen la naturalización como mecanismo de encubrimiento o consolidación en el territorio nacional.
Establecer más centros de detención de migrantes
Ampliar y modernizar los centros de detención migratoria, con el fin de superar la actual limitación de cien plazas. Esto garantizaría procesos de deportación seguros, humanitarios y libres de evasiones o colapsos administrativos.
Endurecer trámites de regularización y naturalización
Impulsar reformas legales que permitan a la autoridad migratoria suspender de pleno derecho todo trámite de residencia, naturalización o cualquier otra gestión migratoria, cuando una persona extranjera sea detenida o procesada por participación en delitos graves. Entre los delitos a tomar en cuenta están el crimen organizado, narcotráfico, sicariato, trata de personas, legitimación de capitales y otros de similar gravedad.
En caso de que la persona resulte condenada mediante sentencia firme y, una vez cumplida la pena correspondiente en el país, se procedería a su expulsión del territorio nacional y la prohibición definitiva de su reingreso, para evitar que el país sea utilizado como base de operaciones ilícitas o refugio de estructuras delictivas.
Facilitar inserción educativa y laboral
Facilitar la integración de la población migrante regularizada al sistema educativo y laboral. Esto incluiría la documentación de casi 40,000 menores de edad que hoy estudian sin estatus migratorio regular.
Promover la integración comunitaria
Impulsar programas de integración comunitaria, para que la migración contribuya a la productividad y cohesión social, en vez de convertirse en un factor de vulnerabilidad.
