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Hasta 2024, al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo le importaba más remover embajadores que cambiar o nombrar funcionarios en el país. Pero en 2025, la imposición de la nueva Constitución sandinista consiguió que Murillo asumiera el cargo mal llamado de «copresidenta». Después vendrían otros nombramientos claves en su Estado totalitario: una superministra, codirectores y magistrados con una lealtad probada a su proyecto político.
Sin dudas, la jerarca de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), Wendy Morales Urbina, fue quien se coronó de mejor manera en esta movida de fichas institucionales. Es considerada como la mujer con más poder en la dictadura después de Rosario Murillo.
El reacomodo más significativo ocurrió en el poder judicial, particularmente en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Tras la imposición de la nueva Constitución sandinista que redujo el número de magistrados, al menos cinco jerarcas presentaron su renuncia en noviembre de 2025, en un lapso de pocos días.
Entre quienes dejaron sus cargos se encuentran: Yadira Centeno González, Ellen Joy Lewin Downs, Armengol Cuadra, Virgilio Gurdián Castellón y José Manuel Martínez Sevilla. Oficialmente, las salidas fueron atribuidas a razones de salud, edad o jubilación, aunque ocurrieron en un contexto político altamente controlado y con candidatos ya definidos para sustituirlos.
Las vacantes abrieron el camino para la promoción de figuras cercanas al régimen, como: Ana Julia Guido Ochoa, Octavio Ernesto Rothschuh Andino y Ernesto Leonel Rodríguez Mejía, todos vinculados al aparato judicial y político sandinista, en algo que analistas consultados por LA PRENSA aseguraron que se trataba de que la nueva CSJ debía alinearse plenamente con la arquitectura de poder definida desde la Presidencia, pero principalmente por Murillo.
La concentración del poder jurídico
Otro de los movimientos más relevantes de 2025 fue la consolidación de la «superministra» Wendy Carolina Morales Urbina como una de las figuras más influyentes de la dictadura de los Ortega Murillo. En agosto, el régimen oficializó su nombramiento como procuradora general de Justicia, al frente de una institución fortalecida tras absorber funciones del antiguo Ministerio Público.
Lejos de limitarse a un rol jurídico, Morales fue incorporada meses después como vicepresidenta de la Junta Directiva de la Empresa Portuaria Nacional (EPN), tras una reforma que eliminó contrapesos internos y redujo la representación externa en esa entidad estratégica. Con ello, la procuradora pasó a tener incidencia directa en decisiones económicas y logísticas clave, un ejemplo claro de la concentración de funciones en pocas manos.
Remociones en ministerios y entes económicos
A lo largo del año también se produjeron salidas abruptas de funcionarios en ministerios y empresas estatales, muchas de ellas sin explicaciones públicas detalladas.
Entre los casos documentados figuran la remoción de Alba Luz Torres Briones en el Ministerio del Trabajo, la salida de José de Jesús Bermúdez Carvajal del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), y cambios en la dirección de Enabas, la Autoridad Nacional del Agua y otras instituciones.
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Las “codirecciones»: un mecanismo de control
Uno de los rasgos más distintivos de los reacomodos institucionales de 2025 fue la imposición del modelo de “codirección” en instituciones clave del Estado. Este esquema se consolidó especialmente en la Policía Nacional y la Cancillería
En el caso de la Policía de Nicaragua, el modelo de codirección ya venía operando de facto, pero en 2025 se afianzó como parte del rediseño institucional posterior a la reforma constitucional. La institución es dirigida por Francisco Díaz Madriz, consuegro de Daniel Ortega, junto a Victoriano Ruiz Urbina, ambos con rango de directores generales.
Analistas advirtieron que, aunque formalmente se presenta como una conducción colegiada, en la práctica esta estructura refuerza la subordinación política de la Policía y blinda la cadena de mando frente a eventuales fracturas internas.
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Cocancilleres
Un caso inédito en la administración pública nicaragüense fue el establecimiento de una codirección en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde en 2025 el régimen oficializó la coexistencia de dos cancilleres: Denis Moncada Colindres y Valdrack Jaentschke Whitaker.
La decisión rompió con la tradición diplomática del país y fue interpretada como un reparto funcional de tareas: Moncada, figura histórica del sandinismo, mantuvo el peso político e ideológico de la política exterior, mientras Jaentschke asumió un rol más operativo y técnico en la gestión cotidiana y en la relación con aliados estratégicos.
Un patrón político, no administrativo
Analistas consultados por LA PRENSA coinciden en que estos movimientos no responden a criterios técnicos, sino a una lógica política de control, disciplina interna y prevención de fisuras dentro del aparato estatal. Las remociones y ascensos ocurrieron en paralelo al fortalecimiento del aparato represivo, a la creación de estructuras de seguridad paralelas y a la redefinición constitucional del Estado.
«2025 funcionó como un año de transición autoritaria, en el que el régimen ajustó piezas antes de poner en marcha plenamente el nuevo orden constitucional. Las purgas silenciosas, las renuncias en cadena y los ascensos estratégicos delinean el mapa del poder con el que Ortega y Murillo buscan gobernar los próximos años», opinó un analista bajo condición de anonimato.
El analista advirtió que en ese tablero, la Corte Suprema, la Procuraduría, Hacienda y los entes económicos estratégicos dejaron de ser espacios técnicos para convertirse en extensiones directas del poder presidencial.
