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El Ministerio de Salud (Minsa), bajo el control de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, destinó más de 220 millones de córdobas —unos seis millones de dólares— en la segunda etapa de construcción del Centro Oncológico Nacional Dr. Juan Ignacio Gutiérrez Sacasa, construido en la propiedad robada al Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), tras el cierre forzado de esa institución académica en septiembre de 2023.
Una revisión realizada por LA PRENSA a documentos publicados en el Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas (Siscae) revela que el ministro en funciones del Minsa, Carlos Sáenz, mediante la resolución ministerial N. 570-2025 adjudicó el contrato a D’Guerreros Ingenieros S.A., por la suma total de 220,997,634.23 córdobas con IVA incluido.
El Comité de Evaluación, según la resolución ministerial, recomendó al ministro Sáenz adjudicar la contratación a D’Guerrero Ingenieros S.A., por «cumplir sustancialmente con los requisitos y condiciones establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, así como con los criterios de evaluación, y por estar calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente».
Entre las obligaciones del contratista establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la obra figuran: preparar planos y entregarlos en un plazo de 10 días, cumplir con todas las leyes, ordenanzas, y reglamentos relacionados con la ejecución del trabajo, mantener la protección adecuada de todo su trabajo, contra daño y protegerá los bienes del contratante.
La institución sanitaria aseguró en la convocatoria pública —abierta hasta el 22 de agosto y correspondiente al proceso de licitación pública 10-07-2025— que el financiamiento de la obra proviene de «rentas del tesoro», es decir recursos recaudados por el Estado, lo que evidencia que la dictadura destina fondos públicos para ejecutar proyectos levantados sobre bienes confiscados y presentarlos como «obras para el pueblo».
LA PRENSA le consultó a la gerencia de D’Guerreros Ingenieros S.A. su opinión en relación a que las obras se realicen en una propiedad confiscada. Sin embargo, hasta la publicación del artículo, no habían dado una respuesta.
Obra debe construirse en un plazo de 180 días
La adjudicación fue firmada por el ministro Sáenz el 14 de octubre de 2025. Según el documento, la vigencia administrativa del contrato comienza con la formalización del mismo.
El plazo de ejecución de la obra es de 180 días calendario, a partir de la entrega del sitio y la ubicación exacta es el kilómetro 15 de la carretera sur en Managua.
Fue en septiembre del 2023, que la dictadura despojó al Incae —considerado uno de los principales centros de formación de la región— de su personalidad jurídica, a través del Acuerdo Ministerial 106-2023-OSFL. La propiedad del Incae es de 40 manzanas de terreno que incluyen cinco manzanas de edificios administrativos, aulas y apartamentos para estudiantes solteros y casados.
En ese momento, lo que hoy es el Ministerio del Interior lo acusó de «obstaculizar» sus funciones de «control y vigilancia», «incumplir sus obligaciones», «no promover políticas de la transparencia en la administración de los fondos, desconociendo la ejecución de sus proyectos y si fueron acorde a sus objetivos y fines, por los cuales se otorgó personalidad jurídica y registro».
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El Incae, según la descripción que ofrece ese instituto en su sitio web, es una institución que fue fundada en 1964, privada multinacional de enseñanza superior, sin fines de lucro, que se dedica a la docencia e investigación en el campo de la administración y la economía, desde una perspectiva mundial. Además, cuenta con la asesoría de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard.
Un año después, en noviembre de 2024, el Minsa anunció la construcción del centro oncológico. Detallando que se realizaría en cuatro etapas. La primera etapa fue inaugurada el 7 de marzo de este año, cuya inversión fue de 6.2 millones de córdobas, según reportes de medios oficialistas.
En 2019, el Incae fue la sede del segundo intento de diálogo nacional entre sectores opositores y delegados de la dictadura orteguista, para superar la crisis político-social provocada por la represión armada contra las protestas civiles de 2018.
Las partes firmaron acuerdos, entre estos realizar elecciones libres y justas, pero Ortega no cumplió. El primer intento de diálogo se realizó en mayo de 2018, en el Seminario de Fátima de la Iglesia católica, en Managua también.
