El pasado miércoles 11 de diciembre, la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) anunció la imposición de un arancel del 15 por ciento a los bienes importados desde Nicaragua que no sean originarios de los países firmantes del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta, por sus siglas en inglés).
Esto significa que los bienes exportados de Nicaragua a Estados Unidos que no cumplan con las reglas de origen establecidas en el DR-Cafta estarán sujetos al nuevo arancel. Un bien se considera originario del tratado cuando es obtenido o producido íntegramente en los países socios. Por el contrario, un producto no es originario cuando incorpora insumos provenientes de países fuera de la región DR-Cafta y no cumple con las reglas de origen específicas establecidas en el acuerdo.
Si bien no existe información pública concluyente sobre el porcentaje exacto de los bienes nicaragüenses exportados a Estados Unidos que no califican como originarios bajo el DR-Cafta, expertos consultados estiman que dicho porcentaje se sitúa entre el 20 por ciento y el 40 por ciento del total.
Con esta decisión, Washington envía a la dictadura de Managua una señal clara y contundente sobre la prioridad que otorga a los derechos humanos y a las prácticas laborales justas dentro de su política comercial exterior, al tiempo que procura limitar el impacto adverso sobre las empresas estadounidenses que importan desde Nicaragua o que producen en el país para exportar al mercado estadounidense.
Como es bien sabido, este nuevo arancel responde a las violaciones sistemáticas y crecientes del régimen Ortega-Murillo en materia de derechos laborales y derechos humanos, así como al desmantelamiento deliberado del Estado de derecho. Las autoridades comerciales estadounidenses determinaron que dichas prácticas son irrazonables y que cargan o restringen el comercio de Estados Unidos. Cabe subrayar que este arancel se suma al arancel del 18 por ciento impuesto meses atrás en el marco de la política de aranceles recíprocos de la administración Trump.
Muchos esperaban un arancel más alto y de aplicación generalizada. Sin embargo, es claro que la oficina del USTR buscó equilibrar la necesidad de actuar frente a las malas prácticas de la dictadura Ortega-Murillo con la importancia de reducir el impacto sobre los trabajadores nicaragüenses, a quienes el régimen ha demostrado despreciar sistemáticamente. Para ello, las autoridades estadounidenses anunciaron que el arancel se implementará de forma escalonada durante un período de dos años. Tal como señala la propia oficina del USTR, este plazo también ofrece a las empresas el tiempo necesario para relocalizar sus operaciones desde Nicaragua hacia otros países miembros del DR-Cafta, dado que resulta poco realista esperar que el régimen corrija las violaciones a los derechos fundamentales, la represión y la demolición institucional que constituyen la base de su permanencia en el poder, pese al rechazo mayoritario de la población.
Es evidente que la presión comercial sobre el régimen Ortega-Murillo no ha concluido. En su nota de acción, el Representante Comercial de Estados Unidos afirmó que continuará monitoreando el progreso hacia la eliminación de las prácticas objeto de la investigación y evaluará si el arancel anunciado constituye un incentivo suficiente para que el régimen las revierta, o si, por el contrario, se requieren medidas adicionales. Asimismo, indicó que está actuando en coordinación con el Departamento de Estado, con el fin de complementar las medidas comerciales con acciones de presión diplomática.
Cualquier disrupción económica o social que estas medidas puedan generar en Nicaragua es responsabilidad exclusiva de la dictadura, que ha optado deliberadamente por anteponer su permanencia en el poder al bienestar de su población. El régimen no actúa en defensa del pueblo nicaragüense, sino guiado por una lógica de represión sistemática, miedo y coacción como instrumentos de control político. Al cerrar los espacios democráticos, violar derechos fundamentales y desmantelar el Estado de derecho, el Gobierno ha creado las condiciones que conducen inevitablemente al aislamiento internacional y a sus consecuencias económicas.
No se trata, por tanto, de un castigo al pueblo, sino del resultado directo de un modelo de poder que sacrifica desarrollo, empleo y estabilidad con tal de preservar el control absoluto del Estado.
