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Lucas es un nicaragüenses que llegó a Estados Unidos en 2021 huyendo de la persecución política que enfrentaba bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Como miles de connacionales, cruzó la frontera con la esperanza de obtener asilo político y reconstruir su vida en un país seguro. Cuatro años después, enfrenta un giro inesperado: una orden de deportación hacia Guatemala.
El nicaragüense forma parte del grupo creciente de solicitantes de asilo afectados por un cambio procesal que los fiscales y jueces de inmigración están implementando con mayor frecuencia: la «moción de preclusión», también conocida como «moción preterm».
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La herramienta legal ordenada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) permite que las autoridades rechacen una solicitud de asilo sin una audiencia completa, cuando la Fiscalía considera que el caso no cumple con los requisitos mínimos establecidos por la Ley.
Moción utilizada «con mayor agresividad»
La abogada de inmigración, Cindy Blandón, en declaraciones a LA PRENSA afirmó que desde noviembre pasado esta moción se está «utilizando con más agresividad contra los solicitantes de asilo» y agregó que lo hacen sin importar nacionalidad o si sufren persecución en sus países de origen.
«La ‘moción preterm’ se está presentando incluso en casos que antes los jueces permitían avanzar el proceso. Ahora están cerrando o desestimando expedientes de forma preliminar, sin que el solicitante tenga oportunidad de exponer su testimonio en audiencia», apuntó.
Blandón es la abogada que representa a Lucas y que el próximo 16 de diciembre tiene la corte final. «La Fiscalía le está pidiendo al juez que haga la ‘moción preterm’ y lo deporte a Guatemala», afirmó.
Explicó que si bien es cierto hay fiscales que envían sus solicitudes al juez con antelación «hay otros que lo hacen en 24 horas antes del juicio, argumentándole al juez que la persona está sujeta al Tratado de ACA (Acuerdo de Cooperación de Asilo) para enviarlo ya sea a Guatemala u Honduras, se comenzó a conocer que también a Uganda y Ecuador».
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En cuanto al caso específico de Lucas, aseguró que «tiene temor de regresar a Nicaragua, pero tampoco quiere ser deportado a Guatemala».
¿Por qué Guatemala?
Estados Unidos y Honduras firmaron en junio el acuerdo sobre «Cooperación en el Examen de Solicitudes de Protección», que permite al Gobierno estadounidense enviar a solicitantes de asilo hacia Honduras, donde pueden presentar su solicitud de protección. El acuerdo, según medios hondureños, tenía un límite y se prevé que solo se pueda trasladar a través de este hasta 240 personas en un periodo de dos años.
Tras la aprobación de la moción de preclusión, muchos nicaragüenses están recibiendo órdenes para ser deportados a Guatemala. Blandón explica que los fiscales argumentan que Honduras ya completó su cuota para recibir nicaragüenses deportados. «Ahora dicen que Honduras ya cumplió con su capacidad y entonces ahora las órdenes son para Guatemala», dijo Blandón.
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La abogada de inmigración explica que lo anterior ocurre dado a los acuerdos migratorios vigentes que le permiten a EE. UU. trasladar a ciertos extranjeros a terceros países «seguros» por donde hayan transitado o donde exista una disponibilidad logística.
Guatemala y EE. UU. suscribieron en junio un acuerdo relativo al traslado de nacionales de países centroamericanos a tierras guatemaltecas que fue publicado en 15 de julio pasado en el Registro Federal. Se dio tras un intercambio de notas diplomáticas entre el 11 y 13 de junio pasado.
«En virtud del presente Acuerdo, las partes se proponen garantizar el traslado digno, seguro y oportuno de los nacionales de los países centroamericanos a Guatemala, y las acciones de las partes en virtud de este Acuerdo se realizarán de conformidad con sus respectivas obligaciones internacionales, constitucionales nacionales, leyes, reglamentos y políticas de inmigración y visas», indicó la nota enviada por la Embajada de EE. UU.
Agregó que también «incluida la consideración de Guatemala de las solicitudes de refugio o protección temporal equivalente presentadas por estos nacionales de países centroamericanos». En respuesta, el 13 de junio, el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala indicó en su misiva que la propuesta era «aceptada».
Blandón es enfática al señalar que «estamos viendo órdenes de deportación a Guatemala para nicaragüenses cuya solicitud de asilo fue descartada. No significa que Guatemala los recibirá como refugiados, es un país de tránsito y en muchos casos quedan en completa indefensión por la falta de mecanismos».
La abogada de inmigración sostuvo que a diferencia de Honduras, las autoridades trazaron un plan de acogida. «Honduras hizo una guía, estableció cuántos podía recibir y a quiénes, pero esto no existe con Guatemala, y eso argumentaremos», señaló Blandón.
El 1 de julio pasado, el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo anunció en conferencia de prensa que concederá asilo a los migrantes nicaragüenses que sean deportados por EE. UU. y que no deseen volver a Nicaragua por la situación de crisis sociopolítica que enfrenta el país al estar bajo el control de la dictadura.
«Ante la situación que hay en Nicaragua de persecución política y el compromiso fraterno y solidario que nuestro país tiene con centroamericanos, a quienes la Constitución les da el carácter de guatemaltecos de origen en potencia, nosotros hemos aceptado, hemos tomado la decisión de que, en el caso de los nicaragüenses que deseen quedarse en Guatemala porque no pueden regresar a su país de origen ante la situación política que tienen, ahora se les va a dar la condición de asilo», dijo Arévalo.
El presidente guatemalteco además aclaró, al ser consultado por la prensa local, que la decisión no corresponde a ningún acuerdo firmado con el Gobierno de Estados Unidos sobre un «tercer país seguro».
Hasta ahora, el Instituto Guatemalteco de Migración cuenta con datos de nacionales de ese país deportados de EE. UU., pero no de nicaragüenses.
Evidencia sólida podría frenar proceso
Blandón aseveró que la evidencia sólida podría frenar el proceso de deportación, no obstante, dijo que «no todos los jueces están dando la oportunidad, esa es otra violación al debido proceso aquí en EE. UU.».
Contó que ella obtuvo la oportunidad de frenar la orden de deportación de un nicaragüense a Honduras.
«Yo hice mis argumentos constitucionales y le dije que iba a aplicar a la tercera excepción de demostrar persecución en el país de Honduras, ya que mi cliente era nicaragüense y tenía miedo de sufrir persecución transnacional, y la jueza me dio la oportunidad de presentar evidencia, ahora tengo el juicio en enero», señaló.
Blandón insistió a los nicaragüenses la importancia de contar con un abogado de inmigración que «conozca cómo tomar estos casos, deben preservar el récord, presentar mucha evidencia de persecución».
