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El excarcelado político Melkissedex Antonio López Ferrey, de 33 años, quien permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos, cumplió este 10 de diciembre un mes de estar detenido en la Instalación Correccional North Lake en Michigan, después de que fue detenido junto a su hermano por las autoridades estadounidenses, pese a contar con documentos legales y un proceso de asilo en curso.
Martha Alvarado, su progenitora, dijo a LA PRENSA que su hijo urge de asistencia jurídica para enfrentar el proceso migratorio al que fue sometido tras su detención. «Él necesita urgentemente un abogado, necesito que me defiendan a mi hijo, yo voy a pagar lo que sea, aunque sea en abono yo voy a pagar, si quieren anticipo también», afirmó.
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López estuvo 386 días secuestrado por la dictadura en Nicaragua desde el 12 de diciembre de 2018 que fue detenido, pero fue excarcelado por el régimen orteguista en diciembre de 2019, junto a un grupo de más de 90 presos políticos.
Un año después, ante la brutal persecución que sufría se vio obligado a migrar de manera irregular a Estados Unidos, pasando por los países centroamericanos, hasta llegar a México y posteriormente se entregó en EE. UU.
Abogado había pedido dinero extra
La urgencia que vive la familia del exreo de conciencia surge después de que el abogado de inmigración con el nombre de Jorge Luis Santana Jr. que tramitaba su caso de asilo no responde al llamado. Alvarado contó que su hijo le había pagado más de 5,000 dólares al abogado.
«El abogado que mi hijo pagó no responde. Cuando me lo detienen, yo llamé al abogado y le informé que lo tenía ICE, y que mi hijo lo había nombrado a él como su representante, y lo que me pidió es 1,500 dólares más, yo le dije que se los iba a dar en abono, y no aceptó», apuntó Alvarado.
En la actualidad, la progenitora ya logró recoger los 1,500 dólares que solicitó el abogado, sin embargo, «no me contesta siquiera para saber cómo le envío el dinero, no me contesta para nada ni llamada, ni WhatsApps ni correo electrónico ni nada».
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La mujer está desesperada por encontrar a un abogado que defienda a su hijo. «Tengo miedo que mi hijo me lo manden a Nicaragua, allá fue preso político y me pone nerviosa saber si lo vuelven a agarrar allá, necesita un abogado para que presente todas las pruebas del riesgo que corre mi hijo», afirmó.
Le adelantaron la Corte
El excarcelado político tenía programada Corte para el próximo 26 de febrero de 2026, pero por encontrarse bajo custodia de ICE le informaron que sería adelantada.
La información que obtuvo su progenitora es que ahora está programada para el 7 de enero de 2026 a las 8:30 a.m. ante el juez Ian R. Simons.
La progenitora suplica a algún abogado de inmigración que pueda retomar el caso de su hijo. «Yo quiero que me lo defiendan, que me le den la oportunidad de presentar sus pruebas de que él corre peligro si lo mandan a Nicaragua», apuntó.
El excarcelado político es padre de cuatro menores que viven en Nicaragua, y según Alvarado, «él es el único sustento para ellos, mi hijo ya no quiere estar detenido, por eso buscamos a alguien que nos ayude a defenderlo, o sacarlo por fianza y que espere su Corte en libertad».
A finales de octubre pasado, la jueza Sunshine Suzanne Sykes, del Distrito Central de California, restableció el derecho de miles de migrantes en Estados Unidos a solicitar una audiencia de fianza, después de haber anulado el fallo Matter of Yajure Hurtado emitido por la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) en 2025.
Sykes dictaminó que el Gobierno Federal de Donald Trump no puede mantener en ningún lugar de EE. UU. a migrantes en detención sin primero permitirles intentar salir bajo fianza. En julio pasado, el DHS había establecido la prohibición argumentando que había un supuesto «vacío legal».
«Es una injuria generalizada y se puede resolver tan solo con determinar que la nueva política es violatoria de los derechos al debido proceso», declaró Sykes en el documento, según Reuteurs
