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La arbitrariedad con la que la dictadura sandinista ha manejado al poder judicial sólo se ahondará con la llegada de siete nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), advirtió Salvador Marenco, coordinador del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
Seis de siete magistrados, recientemente integrados por la dictadura de Nicaragua a la CSJ, han sido identificados como responsables de la comisión de crímenes de lesa humanidad por ese colectivo en un reciente proyecto de documentación.
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Estos funcionarios cuestionados son: Ana Julia Guido, Ernesto Leonel Rodríguez, Octavio Ernesto Rothschuh, José Manuel Fuertes, Rosa Argentina Solís Dávila y María Elsa Frixione Ocón, quienes han operado en contra de la legalidad desde el poder judicial para beneficio de la dictadura
Son «parte de los 126 principales operadores de crímenes de lesa humanidad señalados en nuestro Museo de la Memoria y la Verdad… han cometido distintos tipos de crímenes de lesa humanidad: detenciones arbitrarias, tortura, desaparición forzada, deportación, persecución por motivos políticos y religiosos», precisó Marenco.
Según el defensor, estos operadores fueron nombrados precisamente porque están sucios, en una maniobra que ha buscado formalizar el sometimiento del poder judicial al Ejecutivo. Según la nueva Constitución —reformada a finales de 2024 y vigente desde febrero—Ortega y Murillo coordinan al resto de órganos del Estado.
«La CSJ estará subordinada o coordinada directamente por la Copresidencia», parafraseó Marenco a la Carta Magna. «Desde su propia estructura legal, la Corte está sometida a la pareja codictatorial», valoró.
En plena coincidencia con la norma y el sistema totalitario, los operadores son reconocidos como violadores de derechos humanos y criminales de lesa humanidad por distintos organismos, entre ellos el Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés) y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el cual emitió sanciones contra ellos entre 2018 y 2023.
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Marenco señaló a magistrados como Frixione, quien fuera procuradora constitucional, alegando que ella «tuvo un papel fundamental en encubrir de manera sistemática las violaciones a la Constitución realizadas por el régimen».
Frixione había defendido políticas y decisiones inconstitucionales desde su asiento en la Procuraduría Constitucional cuando estas eran cuestionadas por defensorías de derechos humanos. Algunas de las políticas que defendió fueron el cierre arbitrario de más de cinco mil organizaciones no gubernamentales, y la desnacionalización y confiscación de casi quinientos ciudadanos opositores. De igual forma las denuncias de represión transnacional contra el régimen sandinista.
“El Estado de Nicaragua no acepta que se pretenda responsabilizarnos de supuestos casos de esa denominada represión transnacional o de cualquier otro tipo de intimidación u hostigamiento contra algún nicaragüense o cualquier otra persona en el exterior. El Estado de Nicaragua es respetuoso de la soberanía de cada país”, dijo Frixione en noviembre de 2024.
También destacó el papel de José Manuel Fuertes como secretario político del FSLN en Boaco. «Él participó directamente en la detención de personas que luego fueron presas políticas y sufrieron torturas, y dirigió todo el aparataje represivo en esa región», agregó.
De modo que cada uno de estos individuos ofrece lealtad a la dictadura en tanto siempre existirá la amenaza de ser judicializados por estos delitos, que ante la normativa internacional no prescriben y ante un cambio de régimen pudieran formularse en su contra. Esa situación «es la verdadera cadena que los ata irreversiblemente a la pareja dictatorial», sentenció el experto.
Estas personas, insiste Marenco, «no cuentan con las capacidades técnicas ni jurídicas para ocupar un cargo de esa magnitud en un país donde se respetara la carrera judicial. Son designadas a dedo por su lealtad al régimen y por su participación en crímenes de lesa humanidad».
Y a su juicio esto tiene ramificaciones más allá de lo político. «La gente sufrirá una administración de justicia deficiente en materias familiares, civiles, laborales y penales. Se profundizará la arbitrariedad como norma y el desapego a la poca ley que aún existe cuando se trate de conflictos entre particulares», estimó el defensor.
Las actuaciones de los magistrados salientes han sido también cuestionadas y su paso por la CSJ ha permitido a Ortega y Murillo consolidar su régimen totalitario. El nombramiento de estos reemplazos también ha provocado reacciones internacionales, como del exsecretario de la CIDH, Paulo Abrão, quien señaló que era «ofensivo» para las víctimas de derechos humanos.
