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El país va a las urnas bajo estado de excepción, un sistema electoral debilitado y el creciente escrutinio de la comunidad internacional sobre la transparencia del proceso.
Honduras se prepara para votar este domingo 30 de noviembre en unas elecciones que pondrán a prueba la resistencia de sus instituciones y la paciencia de una ciudadanía acostumbrada a la incertidumbre. Unos 5 millones de hondureños están llamados a elegir a un presidente, a los 128 diputados del Congreso Nacional, a casi 300 alcaldes y vicealcaldes, y a más de dos mil regidores municipales en un país donde la política se ha convertido, para muchos, en un ciclo de promesas rotas y crisis repetidas.
La atención externa es inusual incluso para un país acostumbrado a elecciones tensas. El martes pasado, la Organización de Estados Americanos celebró una sesión extraordinaria para analizar el clima preelectoral, un gesto que refleja la preocupación de varios gobiernos del continente, destacando entre ellos Estados Unidos, Argentina y Ecuador, por el deterioro de las instituciones hondureñas. La reunión llegó como una advertencia diplomática evidenciando que la región observa y lo hace de cerca.
La herida abierta del golpe de 2009
El país carga con una herida que nunca terminó de cerrar desde el golpe de Estado de 2009, cuando el entonces presidente Manuel Zelaya fue derrocado en medio de una fractura política que todavía marca la vida pública. Doce años más tarde, Zelaya regresó a la escena política como fundador del partido Libertad y Refundación (Libre), y su esposa, Xiomara Castro, quien ganó la presidencia en 2022 prometiendo una transformación profunda del Estado.
Pero apenas iniciada la nueva administración, una disputa por el control del Congreso expuso la fragilidad del proyecto. En enero de 2022, dos directivas paralelas se disputaron la presidencia del Legislativo en escenas que recordaban a los hondureños que las crisis del pasado estaban lejos de haberse ido.
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Primero, un grupo de diputados disidentes de Libre, aliados con sectores de oposición, juramentó al diputado Jorge Cálix en un club social de Zambrano, un poblado del departamento de Morazán. Al mismo tiempo, la coalición Libre–Partido Salvador de Honduras (PSH) eligió en la sede del Congreso Nacional a Luis Redondo. La doble juramentación terminó con un acuerdo interno, pero el daño ya estaba hecho, el oficialismo había mostrado sus fisuras y el país, una vez más, su débil institucionalidad.
Desde entonces, la tensión no ha bajado. En 2023, el Congreso no logró elegir a un nuevo fiscal general. La falta de consensos llevó a la Comisión Permanente del Congreso a nombrar de manera interina a Johel Zelaya. La oposición cuestionó el procedimiento y acusó al partido de gobierno de intentar capturar el Ministerio Público. El nombramiento, lejos de pacificar el ambiente, se convirtió en otro punto de fricción, alimentando sospechas en un país donde la justicia suele navegar entre la polarización y la desconfianza popular.
Las disputas en el poder electoral
Las instituciones electorales tampoco han escapado a la tormenta. El Consejo Nacional Electoral ha enfrentado disputas entre sus integrantes, retrasos en la organización del proceso y limitaciones presupuestarias que han complicado tareas clave como la capacitación y la logística.
Por otro lado, el Tribunal de Justicia Electoral, llamado a resolver impugnaciones, ha sido criticado por su lentitud y por su aparente afinidad con el partido gobernante. Cada señal de debilidad institucional se traduce en más inquietud ciudadana, particularmente en estas semanas previas a la elección.
Al clima político se suma un factor que divide opiniones como es el estado de excepción, vigente en más de 200 municipios desde diciembre de 2022 y prorrogado varias veces. El Gobierno sostiene que la medida es necesaria para combatir la criminalidad y recuperar territorios capturados por estructuras delictivas. Organizaciones civiles, sin embargo, alertan sobre el impacto en libertades esenciales como la protesta, la movilización y la vigilancia ciudadana. Para un proceso electoral, dicen, tales restricciones pueden alterar las condiciones básicas de la competencia electoral.
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Así mismo, la tecnología electoral ha añadido más tensión, dado que el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), encargado de digitalizar y transmitir las actas desde los centros de votación, enfrenta dudas sobre su robustez técnica. Expertos han señalado problemas de conectividad en zonas rurales y falta de capacitación del personal, lo que podría retrasar la divulgación de resultados preliminares. Esto en un país sensible a rumores de fraude, incluso una demora de horas puede ser suficiente para encender sospechas.
Los principales actores de la contienda
Libre es, para muchos, la promesa de un cambio postergado. Fundado en 2011 por sectores que se opusieron al golpe de Estado, el partido se nutre de sindicatos, movimientos populares y votantes jóvenes. Su candidata, Rixi Moncada, una abogada con experiencia en tres ministerios, representa la continuidad del proyecto iniciado por Castro. Su campaña combina un mensaje de reforma del Estado con el desafío de protegerse de señalamientos de corrupción que han alcanzado a varias figuras del gobierno.
Por su parte, el Partido Nacional de Honduras, con más de un siglo de historia, apuesta a su tradición conservadora y a sus sólidas redes municipales. Su candidato, Nasry Asfura, ex alcalde de Tegucigalpa, se presenta como un gestor pragmático que promete orden y seguridad. Asfura busca atraer al electorado que ve en su partido una estructura conocida y, para algunos, confiable, pese al desgaste acumulado tras años de gobiernos cuestionados y los señalamientos, enjuiciamiento y encarcelamiento del ex presidente Juan Orlando Hernandez, que guarda prisión hoy en Nueva York por narcotráfico.
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El Partido Liberal, el más antiguo del país con más de cien años, intenta recuperar relevancia después de años de declive. Su candidato, Salvador Nasralla, figura mediática y ex designado presidencial, combina su popularidad en televisión con un discurso anticorrupción que interpela a votantes moderados y ciudadanos cansados de las élites tradicionales.
Así Honduras llega a estas elecciones con instituciones desgastadas, un clima de excepción prolongado y la mirada atenta de la comunidad internacional. El resultado definirá no solo quién gobierne los próximos cuatro años, sino también si el país logra dar una señal de estabilidad o si, una vez más, las urnas serán el preludio de otra crisis.
