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Las muertes de los nicaragüenses Giancarlo Díaz Sevilla, Luis Alberto Olivas Aguilar, Wilfredo Moreno Tinoco y Rubén Amado Loáisiga Rodríguez, registradas en Costa Rica, deben ser investigadas como presuntas ejecuciones políticas ordenadas desde Nicaragua, alertaron defensores del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
El abogado Yader Valdivia, coordinador del área de Documentación del Colectivo, explicó a LA PRENSA que a través del informe “Represión transnacional” que presentaron esta semana, además de dejar en evidencia el nuevo patrón represivo que cruza las fronteras de Nicaragua por orden de la dictadura Ortega-Murillo, se extiende la urgencia a las autoridades de Costa Rica de investigar estos cuatro casos de nicaragüenses exiliados asesinados.
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“Estos cuatro casos son los que solicitamos al Gobierno de Costa Rica que se investiguen en el contexto de personas que han sido ejecutadas por razones políticas. Nuestros criterios para pedir ello son que eran cuatro personas solicitantes de refugio, que sus familiares denunciaron que correspondían a situaciones políticas, que no estaban asociados a criminalidad común y tampoco se han investigado a fondo por parte de las autoridades costarricenses”, afirmó Valdivia.
Insistió en que estos cuatro casos, aunque por ahora no se puede afirmar que son ejecuciones políticas, “por los criterios que cumplen, es importante y pedimos a las autoridades que se investiguen en ese marco de ejecuciones”.
Nicaragüenses asesinados a balazos
Los cuatro asesinatos, además de tener en común que eran nicaragüenses exiliados que habían solicitado refugio, también coinciden en que todos perecieron producto de impactos de bala directos al pecho o cabeza.
El nicaragüense Giancarlo Díaz Sevilla, de 26 años, fue asesinado el 26 de agosto de 2018 en una cancha de futbol del barrio antiguo IMAS Río Azul, de La Unión de Cartago, en Costa Rica.
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La versión de las autoridades policiales de Costa Rica, divulgada en medios locales, refiere que dos sujetos, que se trasladaban a bordo de una motocicleta, se acercaron directamente a Díaz Sevilla y le dispararon en varias ocasiones en la cabeza.
El joven tenía solo tres semanas de haber llegado a Costa Rica en busca de refugio por la situación sociopolítica en Nicaragua y fue asesinado frente a su novia.
Militares nicas fueron señalados por Costa Rica
Un año después, el 26 de agosto de 2019, el nicaragüense Rubén Amado Loáisiga Rodríguez fue asesinado a balazos en territorio costarricense.
Las autoridades de Costa Rica, a través del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y del Ministerio de Relaciones Exteriores en ese entonces, señalaron que seis militares nicaragüenses entraron cerca de 150 metros al territorio costarricense en el sector de Pueblo Nuevo, Potosí, cantón de San Carlos, Alajuela, dieron muerte al ciudadano nicaragüense, dejaron el cuerpo tendido en la zona y luego regresaron a territorio nicaragüense.
La Cancillería de Costa Rica calificó el hecho como “una grave violación de la integridad territorial y soberanía”. Sin embargo, la Policía de la dictadura orteguista argumentó que Loáisiga Rodríguez ese mismo día había huido a territorio costarricense tras supuestamente cometer el delito de robo con intimidación y rechazó la supuesta “manipulación” que aseguró hicieron las autoridades costarricenses de la muerte de ese ciudadano nicaragüense.
Dos asesinatos en San José
Otro de los asesinatos que, a juicio del Colectivo deben investigarse como ejecuciones políticas, es el del nicaragüense Luis Alberto Olivas Aguilar, de 37 años, quien tenía dos años de ser solicitante de refugio en Costa Rica y fue asesinado a balazos cerca de la municipalidad de San José, el 26 de mayo de 2021.
Olivas Aguilar era originario de Nagarote, León. Fue asesinado de varios disparos en el pecho, abdomen y espalda. Durante el hecho también pereció otro sujeto, de origen costarricense, de apellido Segura, quien recibió disparos en el tórax.
El 21 de agosto de 2021, en Costa Rica, también fue asesinado el nicaragüense Wilfredo Moreno Tinoco, de 42 años.
Moreno Tinoco se trasladaba en su vehículo, junto a otras dos personas, en el sector de La Uruca, distrito del cantón central de San José, en Costa Rica, cuando fue asesinado.
El Organismo de Investigación Judicial, en ese entonces, informó que Moreno Tinoco recibió varios impactos de bala en el rostro; en la balacera solo resultaron heridas otras dos personas de apellidos Aronez y Valverde.
Ejecuciones documentadas en Honduras y Costa Rica
El abogado Valdivia apuntó que en el trabajo que realizaron también evidencian nueve casos de ejecuciones políticas ordenadas desde Nicaragua: dos con sobrevivientes y otras siete con fallecidos.
Dichas ejecuciones ordenadas por motivos políticos, documentadas por los defensores del Colectivo, ocurrieron cinco en Honduras y cuatro en Costa Rica.
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Entre las víctimas mortales que dejaron esas ejecuciones ordenadas se incluyó a Edgar Aristo Montenegro, Jalmar Antonio Zeledón, Gerardo de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, Rodolfo Rojas Cordero y Santiago Rivera Müller, todos asesinados en Honduras.
También se mencionaron los casos de Jaime Luis Ortega Chavarría y, el más reciente, de Roberto Samcam, ambos asesinados en Costa Rica.
Además, los defensores incluyeron las ejecuciones por motivos políticos ordenadas contra los exiliados Joao Maldonado y Nadia Robleto, quienes sobrevivieron y fueron enviados a un tercer país para resguardar su integridad física.
El Colectivo de Derechos Humanos, en su informe sobre “Represión transnacional”, recomendó a los estados de acogida fortalecer los mecanismos de protección interna frente a amenazas transnacionales, incluyendo unidades policiales especializadas en delitos contra personas refugiadas, y garantizar “canales rápidos de denuncia y reparación, evitando su clasificación como ‘delitos comunes’ desconectados de su carácter político”.
