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En un artículo reciente del Financial Times, el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Paul Atkins, argumentó que “la SEC solo debería exigir a las empresas que proporcionen información bajo el criterio objetivo de si un inversor razonable la consideraría importante para una decisión de inversión. Las normas redactadas para accionistas que buscan generar un cambio social o que tienen motivos ajenos a maximizar el rendimiento financiero de su inversión no superan esta prueba y, por lo tanto, perjudican a los inversores”.
A primera vista, la declaración de Atkins parece común y corriente. Sin embargo, deja abierta una pregunta clave: ¿Qué es relevante para el desempeño financiero de una empresa? Atkins sugiere que la divulgación de información no debe estar impulsada por “modas políticas ni objetivos distorsionados”, citando la Directiva de la Unión Europea sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa, que amplía y estandariza dichos informes para mejorar la transparencia y la comparabilidad de la información ambiental, social y de gobernanza (ESG). Según él, estas divulgaciones “pueden ser socialmente significativas, pero generalmente no son relevantes desde el punto de vista financiero”.
Pero esto suena a mera ilusión. Si los reguladores europeos consideran que el medio ambiente es importante y actúan en consecuencia, esto repercute significativamente en los costes operativos de las multinacionales en Europa. El mes pasado, un tribunal de París dictaminó que TotalEnergies había incurrido en prácticas comerciales engañosas al afirmar ser un actor clave en la transición energética. Citando la legislación de la UE que exige que las afirmaciones ecológicas se sustenten en compromisos y objetivos públicos y verificables, el tribunal consideró que las declaraciones climáticas de la empresa eran incompatibles con sus crecientes inversiones en hidrocarburos. Si bien las multas impuestas a Total son modestas, es probable que en el futuro sean mayores y, por lo tanto, tengan un impacto considerable en los inversores.
Es evidente que los reguladores estadounidenses hoy en día restan importancia a las estrategias ecológicas de las empresas y a la necesidad de divulgarlas. Sin embargo, si los reguladores de otros países les dan mayor relevancia, dichas estrategias siguen siendo importantes para las empresas que operan a nivel internacional. Y dado que existe una profunda división en Estados Unidos entre demócratas y republicanos respecto a las ventajas de las políticas ESG, una empresa que evite tomar medidas relacionadas con ESG durante la administración actual podría verse perjudicada en una futura administración. ¿No deberían los inversores que valoran las ganancias a largo plazo poder formarse su propio juicio sobre estos temas? Independientemente de si ESG es una moda política (o si la oposición a ella lo es), la divulgación de prácticas alineadas con ESG aún puede ser relevante para los resultados financieros.
Los reguladores no son los únicos que podrían preocuparse. En el caso de TotalEnergies, la preocupación radicaba en que los clientes se vieran engañados por las declaraciones medioambientales de la empresa. En un mundo que se calienta, es razonable esperar que las prácticas medioambientales de una empresa influyan en las decisiones de compra de algunas personas.
Además, las investigaciones sugieren que las empresas brasileñas con mejores prácticas ambientales (cuando cuentan con la certificación de los organismos reguladores) atraen a trabajadores más cualificados y, en última instancia, obtienen mejores resultados. Por lo tanto, la cuestión de si las prácticas ambientales gozan de aceptación política universal es irrelevante. Si atraen al tipo de trabajador idóneo y mejoran la rentabilidad de la empresa, sus accionistas querrán saberlo.
Atkins plantea una preocupación potencialmente válida sobre el público objetivo de la información corporativa. Se opone a las normas “redactadas para accionistas que buscan generar un cambio social o que tienen motivaciones ajenas a maximizar el rendimiento financiero de su inversión”. Pero, de nuevo, ¿qué ocurre si algunos accionistas están dispuestos a sacrificar rentabilidad en aras de prácticas socialmente beneficiosas? ¿Deberían ignorarse sus preferencias?
El argumento a favor de centrarse exclusivamente en la rentabilidad financiera siempre ha sido que, al hacerlo, la empresa empodera a los inversores minoritarios para que destinen su mayor participación en la riqueza a la causa social o política que prefieran. La empresa no necesita satisfacer sus caprichos para empoderarlos. Sin embargo, Oliver Hart, de Harvard, y Luigi Zingales, de la Universidad de Chicago, presentan un argumento convincente: los accionistas podrían preferir que la empresa actúe directamente en función de sus preocupaciones. El argumento del valor para el accionista sugiere que una empresa debería seguir contaminando el medioambiente para maximizar sus beneficios y el precio de sus acciones, ya que sus accionistas con conciencia ambiental podrían usar parte de su mayor riqueza para financiar la limpieza. Pero el problema con esta perspectiva es evidente: la remediación ambiental suele ser mucho más costosa que prevenir la contaminación desde un principio, por lo que tanto los accionistas como la sociedad se beneficiarían si la empresa sacrificara parte de sus beneficios para adoptar prácticas más limpias.
Dicho de otro modo, la SEC no puede simplemente descartar a los inversores con motivaciones sociales como una molestia, ya que este grupo puede constituir la mayoría en algunas empresas, y sus intereses podrían no verse satisfechos si la empresa se limita a maximizar sus beneficios. En un mundo donde los inversores están inundados de información, la SEC tiene razón al preguntarse qué es relevante y qué no. Las divulgaciones obligatorias de la SEC son valiosas en la medida en que la información es más fiable que cualquier información divulgada voluntariamente. Dado que la divulgación supone una carga para las empresas, su obligatoriedad debe aplicarse con prudencia.
Sin embargo, la SEC debe reconocer que una amplia gama de intereses examinan dichas divulgaciones y que sus efectos son significativos. Desestimar estas preocupaciones como políticas equivale a politizarlas uno mismo. Es preferible reconocer que existen múltiples vías a través de las cuales la divulgación puede afectar a los inversores y a la sociedad, y luego realizar las concesiones necesarias en los mandatos de la SEC.
El autor es exgobernador del Banco de la Reserva de la India y economista jefe del Fondo Monetario Internacional, es profesor de finanzas en la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago y coautor (junto con Rohit Lamba) de Rompiendo el molde: El camino inexplorado de la India hacia la prosperidad ( Princeton University Press, mayo de 2024) .
Derechos de autor: Project Syndicate, 2025.
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