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Desde el 20 de octubre la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), comenzó a recibir comentarios sobre las medidas que propone para evitar que las violaciones a los derechos humanos, laborales y al Estado de derecho, que comete la dictadura Ortega Murillo, sigan obstaculizando el comercio estadounidense. Hasta el 27 de octubre, 624 organizaciones y personas expusieron sus argumentos. Unos alegan que las medidas afectarán la economía y mandarán a miles al desempleo; y otros confían en que ayudarán a fin a los abusos de los Ortega Murillo.
Desde Managua, el jefe de misión de la embajada de Estados Unidos, Kevin O’Reilly, invitó al público, al sector privado y a las autoridades del gobierno de Nicaragua, a presentar sus comentarios en el sitio que habilitó la USTR sobre las medidas que contempla aplicar para frenar los abusos que determinó su investigación.
A criterio de especialistas, los comentarios que expresan desacuerdo con las medidas, reflejan la defensa económica frente a una revisión con enfoque de derechos. Por tanto, es crucial que las víctimas de estos abusos y los defensores de derechos humanos, visibilicen que las medidas no son un castigo económico, sino acciones de coherencia moral y política frente a un régimen que comete crímenes de lesa humanidad.
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Las medidas que propone la USTR
Hace pocos días concluyó la investigación que la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), inició en diciembre de 2024, sustentada en la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Sus resultados determinaron que los abusos que comete la dictadura son «irrazonables y obstaculizan o restringen el comercio estadounidense». Para frenar estas violaciones a los derechos humanos, laborales y al Estado de derecho, la USTR propone cuatro medidas.
Las medidas propuestas por la USTR son suspender parcialmente los beneficios del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, conocido como DR-Cafta; aplicar aranceles de hasta el 100 por ciento, de forma inmediata o escalonada en un periodo de hasta 12 meses, a todos los productos que Nicaragua manda a ese mercado; aplicar inmediatamente aranceles de hasta el 100 por ciento a sectores seleccionados; o suspender, de manera inmediata o gradual durante 12 meses, todos los beneficios del DR-Cafta.
La suspensión de los beneficios del Cafta afectaría especialmente la protección que otorga a las inversiones, ya que los beneficios arancelarios del convenio desaparecieron el 1 de agosto, cuando entró en vigencia el arancel del 18 por ciento, que el presidente Donald Trump le impuso a los productos nicaragüenses que entran al mercado estadounidense.
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La defensa del sector empresarial
Entre el 20 y el 27 de octubre el espacio que la USTR abrió en su sitio web para que cualquier persona haga click en este enlace para dejar sus comentarios y opiniones, 624 personas se expresaron. Entre los que hicieron público el nombre de la organización que representan, cerca de la mitad está vinculado a la industria de los puros y el tabaco, y un porcentaje menor a empresas del sector textil vinculadas a la industria textil de zona franca. El sector empresarial aboga para que no se implementen las medidas, por los efectos desastrosos que provocarán en la economía, especialmente al dejar a miles en el desempleo.
Un grupo menor, que ya supera los cien comentarios y creció mucho en las últimas horas, defiende las medidas que propone la USTR, porque confía en que ellas obligarán a los dictadores, Daniel Ortega y Rosario Murillo, a cesar sus abusos contra los derechos humanos y laborales y ayudaría a restituir el Estado de derecho.
Representantes de los diversos negocios vinculados a la industria textil y de los puros, alegan que suspenderle a Nicaragua los beneficios del Cafta, o imponer un arancel de hasta 100 por ciento a los productos nicaragüenses que entran al mercado estadounidense, afectaría a la población y no a los dictadores.
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Proceso de la USTR no es votación popular
«Retirar a Nicaragua del DR-Cafta no castigaría a los líderes políticos, sino que perjudicaría a los trabajadores y comunidades que dependen de un trabajo legítimo y transparente. Desmantelaría una industria que representa uno de los ejemplos más exitosos de comercio pacífico y cooperación entre Estados Unidos y Centroamérica. Si el objetivo de esta propuesta es fomentar los derechos humanos y el crecimiento económico, se lograría lo contrario», asegura un comentario de Cigar Press Magazine, revista especializada en la industria mundial de los cigarros premium.
Como este, la mayoría de los comentarios registrados se oponen a nuevas medidas arancelarias contra Nicaragua. «Sin embargo, este aparente consenso negativo no responde a un rechazo social amplio, sino a una estrategia coordinada por el sector importador y minorista de puros nicaragüenses en Estados Unidos, que busca proteger sus intereses económicos», explica una especialista que solicita anonimato.
La especialista detalla que han participado representantes de pequeños comercios y consumidores que alegan los efectos negativos de un incremento arancelario. Este grupo ya está afectado por el arancel del 18 por ciento que les cobra Estados Unidos desde el 1 de agosto; y advierte que un nuevo incremento en el arancel no lo podrán trasladar al consumidor final sin que el negocio resulte afectado.
«Los comentarios reflejan preocupaciones legítimas de carácter económico, pero no una evaluación política sobre la situación de Nicaragua. Para estos actores, el tema central es el costo y la rentabilidad. La democracia, el Estado de derecho o los derechos laborales no forman parte de su agenda», señala la especialista.
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Reacción comercial a la propuesta de la USTR
Cabe aclarar que la recolección de comentarios que impulsa la USTR no es una votación popular, sino una consulta técnica sobre las cuatro medidas que contempla. Por tanto, el volumen de comentarios, sin importar que sean a favor o contra no determinarán la decisión final, ya que ésta se basará en criterios jurídicos, estratégicos y de política exterior.
«En este contexto, la oposición empresarial probablemente no alterará el rumbo de la revisión, cuyo fundamento se mantiene en la coherencia entre la política comercial y la defensa de la democracia y los derechos humanos. Lo que se observa, en última instancia, es una tensión entre los valores democráticos y los intereses de mercado: mientras unos defienden su margen de ganancia, otros defienden los principios que justifican el uso del comercio como herramienta de presión frente a regímenes autoritarios», explica la especialista.
Además, añade que la ola de comentarios pidiendo no implementar las medidas que contempla la USTR, deben entenderse más como una reacción sectorial coyuntural que como un factor decisivo.
«La tendencia apunta a que la política comercial estadounidense seguirá orientándose hacia la condicionalidad democrática y la responsabilidad social en el comercio internacional… Aunque el proceso de consulta es de carácter técnico, el resultado final se mueve en un terreno político. Las agencias del gobierno estadounidense (como la USTR), necesitan demostrar la legitimidad política de sus decisiones, y que no son arbitrarias ni impopulares, sino que responden a intereses legítimos, valores democráticos y demandas ciudadanas», señala la especialista.
Comentarios visibilizan los abusos
También hay más de cien comentarios que argumentan la necesidad de que se apliquen las medidas que propone la USTR. «Mi organización no pudo continuar su trabajo voluntario educando a niños en zonas marginadas de Chinandega. No pudimos seguir mejorando la educación ni la alimentación, ni remodelar ni equipar la escuela. Nuestros voluntarios se quedaron sin trabajo debido a la represión e intimidación de los paramilitares de la comunidad», dice parte del comentario de la organización Por los Niños de Villanueva.
Para la especialista comentarios como el de esta y otras organizaciones, afectadas por los abusos de la dictadura son necesarios para lograr un equilibrio y evitar el monopolio del discurso económico. Además, el respaldo público fortalece la posición de la USTR frente a otras agencias.
«Cuando la USTR presenta un informe de recomendaciones, uno de los elementos que se valora es el nivel de apoyo o rechazo que recibió durante el proceso de consulta pública… Por tanto, si el expediente termina con un número abrumador de comentarios en contra, el argumento político para avanzar se debilita. En cambio, si se evidencia respaldo ciudadano, aunque sea minoritario pero fundamentado, la USTR puede afirmar que sus medidas cuentan con legitimidad moral y social. Esto refuerza su posición dentro del gobierno y ante el Congreso», sostiene la especialista.
Los especialistas coinciden en que los comentarios a favor de las medidas que contempla la USTR apoyan la decisión de la entidad, pero también visibilizan la realidad de las víctimas ante la administración estadounidense.
USTR recibirá comentarios hasta el 19 de noviembre
A criterio de la especialista los comentario a favor de las medidas que propone la USTR muestran que hay una sociedad civil activa, organizada y con argumentos. «Envía el mensaje que los opositores no pedimos sanciones por venganza, sino por justicia y coherencia internacional; y reafirman que la comunidad nicaragüense en el exilio y sus aliados están atentos y participan de los procesos formales de política pública en Estados Unidos», asegura.
Por la importancia que representan, los comentarios de los afectados se convierten en una «forma de diplomacia ciudadana, complementaria al trabajo de incidencia institucional y de derechos humanos que ya realizan algunos opositores nicaragüenses ante el Congreso y organismos multilaterales.
El espacio que puso a disposición la USTR estará abierto hasta el 19 de noviembre y cualquier persona puede dejar su opinión, ya sea de forma pública o privada. Al hacerlo, según la especialista las organizaciones y personas «legitiman las acciones del gobierno estadounidense frente a las presiones económicas internas; contrarrestan la narrativa de los importadores y retailers; refuerzan la coherencia ética entre comercio y derechos humanos; visibilizan la voz de las víctimas y opositores del régimen; y protegen la continuidad de la presión internacional sobre los Ortega Murillo.
La culpa es de los Ortega Murillo
Por su parte el politólogo y exreo político desterrado, Félix Maradiaga, reitera que la culpa de que Nicaragua pierda los beneficios el Cafta o le impongan un arancel de hasta 100 por ciento es únicamente de Daniel Ortega y Rosario Murillo, porque destruyeron el Estado de derecho, violaron los derechos humanos y laborales, confiscaron propiedades y convirtieron a Nicaragua en una gran cárcel donde se persigue a todo el que piensa distinto.
«Y mientras nuestro pueblo sufre, Ortega rompe relaciones con países democráticos que invierten en Nicaragua… para alinearse con el Partido Comunista de China, con Bielorrusia, con Corea del Norte, con Afganistán, eso no es soberanía, es aislar a Nicaragua del mundo libre», asegura Maradiaga.
Además, recuerda que incluso cuando se negociaba el Cafta, Ortega como líder de la oposición luchó para evitar que lo aprobaran. Los diputados de su partido votaron en contra de la aprobación del convenio, además, utilizó a los sindicatos para presionar políticamente.
«Ahora, el mismo Ortega que se benefició del Cafta, que se llenó los bolsillos y los de su familia y los del círculo de poder, es quien ha llevado a Nicaragua al borde de perder ese acuerdo que ha sostenido a miles de trabajadores y pequeñas empresas», señala Maradiaga y concluye que si suspenden los beneficios del Cafta, la culpa no será de Estados Unidos, sino de Ortega, que con su represión y corrupción destruyó la credibilidad internacional del Estado nicaragüense.
