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Más de 300 comentarios había recibido ayer por la noche la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), sobre la propuesta de suspender parcial o totalmente a Nicaragua del DR-Cafta por las violaciones de derechos humanos y los abusos de la dictadura, las que consideró son «irrazonables y obstaculizan o restringen el comercio estadounidense».
El 10 de diciembre de 2024, de conformidad con la Sección 302(b)(1) de la Ley de Comercio, tras recibir asesoramiento del Comité de la Sección 301 y de los comités asesores, el Representante Comercial de los Estados Unidos decidió iniciar una investigación sobre los actos, políticas y prácticas de Nicaragua relacionados con los derechos laborales, los derechos humanos y el estado de derecho.
Esta semana se conoció que, tras el proceso de investigación, dicha oficina constató las violaciones en Nicaragua por lo que propuso cinco posibles acciones, que abarcan desde suspender a Nicaragua del DR-Cafta hasta imponer un arancel del 100 por ciento a las exportaciones locales. Para tomar una decisión final, la USTR decidió abrir un proceso de consultas y comentarios del público.
En menos de cinco días, la oficina ya ha recibido alrededor de 360 comentarios, la mayoría de los cuales están abogando para que Nicaragua se mantenga dentro del acuerdo comercial y otros demandan que se presione a la dictadura a que haga reformas y cambios institucionales mediante este mecanismo comercial.
La USTR ha puesto a disposición de cualquier persona este enlace para que deje sus comentarios y opiniones en relación a la acción propuesta ante los actos del régimen contra los derechos humanos, laborales, y la libertad religiosa en el país.
Ministerio Puerta de la Montaña aboga por arancel y fin del DR-Cafta
Una de las organizaciones que se mostró a favor de que a Nicaragua se le suspenda del acuerdo fue el ministerio evangélico Mountain Gateway (Puerta de la Montaña). El comentario aparece firmado por su fundador Britt Hancock, quien señala: «Estamos a favor de cancelar la participación de Nicaragua en el Cafta-DR, entendiendo que dicha revocación se debe a la represión y a graves violaciones de derechos humanos. La libertad religiosa es un derecho humano fundamental».
Al menos 11 pastores pertenecientes a Mountain Gateway fueron arrestados en diciembre de 2023 y condenados por la dictadura de Daniel Ortega en marzo de 2024 en el contexto de la persecución religiosa en Nicaragua. Los mismos fueron desterrados en septiembre del año pasado y sus propiedades confiscadas.
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Hancock señala como medida inmediata la imposición de un arancel a todas las importaciones de Estados Unidos desde Nicaragua.
Textilera trata de justificar acercamiento de la dictadura con China y Rusia
Son las tabacaleras y textileras las que están abogando para que a Nicaragua se le mantenga dentro del acuerdo comercial, advirtiendo el impacto que esto tendría en la economía y el empleo.
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Hansoll Textile planteó que «la propuesta actual de la USTR amenazaría el sustento de cientos de miles de personas en Nicaragua que trabajan y viven en circunstancias normales y legales. En América Latina, tales acciones no solo traerían graves dificultades económicas y sociales, sino que también irían en contra de los intereses de Estados Unidos. En lugar de fomentar la democracia o la estabilidad, esta medida corre el riesgo de expandir el sentimiento antiestadounidense y, en última instancia, podría crear un nuevo escenario ‘Cuba’ en la región».
El planteamiento firmado por Kwangsu Lee indica que «las recientes tendencias pro-China y pro-Rusia del gobierno nicaragüense deben entenderse más como una petición de atención y apoyo que como una verdadera alineación ideológica. En lugar de responder con comprensión o compromiso, las sanciones propuestas equivalen a un rechazo punitivo a una nación vecina más pequeña. Tal decisión tendría importantes repercusiones en América Latina, socavando la influencia de Estados Unidos y la confianza regional».
Pretenden asustar a Estados Unidos con la migración ilegal
Lee advierte que de aplicarse la medida «más de 100,000 trabajadores desempleados, muchos de los cuales podrían verse obligados a buscar la migración económica ilegal a Estados Unidos por pura necesidad. También es importante destacar que el sector textil y de la confección dentro de las Zonas Francas de Nicaragua opera bajo la estricta supervisión de importantes minoristas estadounidenses como Walmart y Target, así como de organizaciones internacionales de cumplimiento, como Better Work y WRAP».
A criterio de Lee, «el actual aumento arancelario recíproco del 18 % ya ha reducido el volumen de negocios entre un 30 por ciento y un 40 por ciento, lo que perjudica significativamente los intereses tanto de Nicaragua como de Estados Unidos». Indica que las «restricciones adicionales no promoverían los derechos humanos ni la reforma democrática: sólo profundizarían la pobreza, aumentarían la inestabilidad y dañarían uno de los pocos sectores que mantienen vínculos económicos legítimos entre nuestras naciones».
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Otra textilera que cerró filas a favor de que Nicaragua siga en el Cafta fue Intex, que aseguró que «el sector de la confección está regulado por auditores externos que garantizan el cumplimiento de los derechos laborales, ambientales y sociales. Las auditorías son periódicas y cada empresa se audita varias veces al año. La mayor parte de los materiales y el algodón utilizados provienen de Estados Unidos. Es muy injusto arriesgar cientos de miles de empleos por motivos políticos. Insto a ambos gobiernos a que colaboren y encuentren una solución. Una sanción tan severa podría afectar a países vecinos debido a la inmigración y destruir décadas de trabajo».
Tabacaleras piden no tocar el DR-Cafta
Hunter Rowe, de Riverside Cigars, declaró oponerse a la suspensión de los beneficios del DR-Cafta para Nicaragua. «Esto destruiría gran parte de la economía nicaragüense, dejando a la clase trabajadora nicaragüense en sufrimiento. El pueblo de Nicaragua no puede permitirse esto. Destruir vidas por rédito político no está bien, y nosotros, como ciudadanos estadounidenses, estamos observando. Hagan lo correcto».
En tanto, Philip Isley, de Perdomo Cigars, dijo que una afectación al acuerdo comercial tendría un «efecto adverso sobre la industria de los cigarros premium y los consumidores y empresas que la apoyan».
John Gazerro, de Premium Cigar Brokers LLC, manifestó: «Este arancel masivo me obligará a mí y a muchos otros a cerrar nuestros negocios. La industria tabacalera está compuesta principalmente por pequeñas empresas familiares. Estos aranceles tendrán la consecuencia imprevista de perjudicar precisamente a las personas que deberían recibir ayuda».
Mark Lester, de Winds of Peace Foundation, recordó que «el café es un producto de exportación importante que genera empleos a poblaciones rurales muy empobrecidas y no beneficia directamente al Gobierno. Se han realizado grandes esfuerzos para incorporar, especialmente a los pequeños caficultores, al proceso de exportación, por lo que sería contraproducente para los intereses estadounidenses incluir el café en el aumento arancelario. De hecho, eliminar todos los aranceles al café facilitaría el acceso de los pequeños caficultores al mercado estadounidense».
Otras empresas que se han pronunciado en contra de una posible medida de sanción a Nicaragua a través del DR-Cafta son: Smoke and Joe Cigar Lounge, Southern Cross Cigars, Tobacco Cove, Cigar Den-New Jersey, The Craft Cigar Company, Dunbarton Tobacco & Trust, Broward Cigar Board, Horsepower Cigar Lounge, Cigar Shop AZ LLC, Bailey & Co., Inc, entre otros.
Opositores: sanciones «reflejan el costo real de la represión»
Por su parte, y a través de un comunicado, la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) reaccionó preocupada por las medidas anunciadas por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos por el «progresivo desmantelamiento institucional y a la represión sistemática impuesta por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo».
La organización considera que las sanciones comerciales propuestas «no son un castigo al pueblo de Nicaragua, sino una consecuencia directa de las decisiones autoritarias de un régimen que ha secuestrado el Estado de derecho, criminalizado la disidencia y convertido la economía nacional en rehén de su permanencia en el poder».
Los opositores afirman que estas posibles medidas «reflejan el costo real de la represión: empleos perdidos, divisas reducidas y aislamiento internacional», pero además «evidencia que el autoritarismo no es compatible con el libre comercio ni con las reglas básicas de una economía moderna».
Por tal razón, la Concertación exigió «a los Ortega Murillo que impulsen medidas concretas e inmediatas para evitar que más familias paguen el costo de la crisis: restituyan los derechos, permitan el funcionamiento de organizaciones civiles y medios independientes, garanticen la independencia judicial, liberen a todas las personas que están presas por razones políticas y acepten monitoreo público e
internacional de las garantías laborales y civiles».
De adoptar esas acciones, no solo se reduciría «el riesgo de nuevas sanciones, sino que abrirían una ventana para una transición pacífica, basada en reformas reales y en la construcción de condiciones para
la celebración de procesos electorales libres y verificables».
