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Durante más de diez años, Álvaro Baltodano Monroy operó con normalidad una red corporativa con sociedades inscritas en Nicaragua, Panamá, Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas hasta que su zona de confort en Nicaragua fue sepultada por una acusación de lavado de dinero y evasión fiscal de parte del régimen de Daniel Ortega. Como consecuencia del proceso abierto en su contra, el Estado puso fin a la concesión de la empresa geotérmica Momotombo Power Company (MPC).
Según la documentación revisada por LA PRENSA, MPC se encuentra inscrita en Islas Caimán, pero opera a través de una sucursal en Nicaragua, cuyos documentos se encuentran legalizados en el registro mercantil de León. Baltodano Monroy dirigió este negocio desde 2014 hasta agosto pasado. Un período en que la compañía ganó millones de dólares al amparo del Poder Ejecutivo.
Dos abogados antilavado, consultados bajo condición de anonimato, indicaron que la historia del ascenso y caída de Baltodano Monroy evidencia la complicidad e inacción del régimen y sus órganos de control cuando los implicados en supuestos casos de corrupción son miembros de la cúpula gubernamental.
La UAF no vio nada durante 10 años
Baltodano Monroy es hijo del general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, exministro delegado presidencial para la promoción de inversiones y facilitación del comercio exterior. El exmilitar fue detenido en mayo y procesado en secreto por el mismo caso de su hijo. La Procuraduría acusó a ambos de cometer “actos criminales” que “deshonran al pueblo de Nicaragua”.
A pesar del tono lírico de la nota oficial, expertos legales coincidieron en que les resulta injustificable que la Unidad de Análisis Financiero (UAF)— una entidad creada en 2012 para combatir el lavado de dinero— no tomase medidas con contundencia antes. Los abogados dijeron que las transacciones realizadas por Baltodano Monroy debieron someterse a vigilancia por las autoridades.
En el marco jurídico local, los Baltodano pertenecen a la categoría de Personas Expuestas Políticamente (PEP), en el nivel de “alto rango”, que es como definen técnicamente a quienes ocupan cargos públicos y a su entorno más cercano.
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“La UAF debió ponerles el ojo por tratarse de quiénes eran. Incluso, aunque estas hubiesen sido operaciones legítimas debieron ser vigiladas. Los Baltodano son PEP y además se menciona que tenían transacciones en paraísos fiscales. Es una doble señal de alerta. Fallaron, o no quisieron implementar, los controles”, enfatizó uno de los juristas.
Para otro experto consultado, la subordinación de las instituciones al Poder Ejecutivo hace imposible conocer públicamente el alcance de las transacciones realizadas por Baltodano Monroy, así como las conexiones de las mismas. Pero el experto enfatiza que, además de la falla u omisión evidente de la UAF, sobre esta institución se sabe que “si no tienen un caso, te lo montan” si uno es considerado enemigo del régimen.
Expediente está oculto
El expediente judicial de los Baltodano en Nicaragua se mantiene oculto. La única referencia al respecto es que la dictadura los señala de haber creado un esquema formado por veinte “sociedades de maletín”, constituidas precisamente en paraísos fiscales. La captura y posterior condena del general en retiro Baltodano Cantarero ocurrió en medio de una purga política, revestida de lucha contra la corrupción, atribuida por analistas y la oposición a Rosario Murillo, esposa de Ortega, con la que busca afianzar la sucesión familiar en las estructuras del Estado.
Las funciones de la UAF y su instrumentalización en la represión
La UAF tiene la atribución de solicitar y recibir reportes sobre operaciones sospechosas y comunicar sus resultados a las autoridades responsables de ejercer la acción penal. Para hacer sus indagaciones, las autoridades en Nicaragua tienen herramientas como la ley 977 contra lavado de activos. Esta ley obliga a personas y empresas–sean nacionales o internacionales– a conservar información sobre su beneficiario final y su estructura de propiedad y control. Las autoridades judiciales, de supervisión, investigativas y la UAF podrán acceder a esa información de “manera oportuna”.
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Sin embargo, críticos de Ortega han señalado en el pasado a la UAF de ser un instrumento político de la dictadura. Es dirigida por el mayor general Denis Membreño, exinspector general del Ejército. Su segundo al mando es el subdirector de la Policía, el comisionado general Aldo Sáenz Ulloa.
Ambos funcionarios del régimen fueron incluidos en julio de 2023 en la lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos, la lista identifica a individuos de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala que han socavado la democracia y/o han cometido actos de corrupción..
“En Nicaragua, al amparo del poder, se cometen actos de corrupción en el orteguismo. Se utiliza el sistema financiero para eso. Este tipo de operaciones no lo hacés sin el aval de las más altas autoridades del país. Cuando entrás en conflicto con los miembros de la cúpula, el régimen usa argumentos para pasar factura. Durante años, te pueden dejar operar, averiguan tu flanco débil. Las autoridades de control se hacen de la vista gorda y actúan cuando reciben la orden de hacerlo”, amplió otro experto mencionado.
Baltodano Monroy aparecía como empresario exitoso
Antes de caer en desgracia en el orteguismo, además de desarrollar sus negocios, Baltodano Monroy cultivó en la prensa internacional la imagen de empresario de éxito. Se pronunció a favor de la producción de energías limpias y de la meritocracia en sus labores, las cuales combinó a nivel personal con una rutina disciplinada de asistir al gimnasio o jugar golf al menos una vez a la semana, si sus viajes se lo permitían, dijo en 2019 a BloombergLive.
El negocio era fructífero. La generación de energía térmica le generó ingresos a MPC al menos de 28.26 millones de dólares durante sus primeros tres años de operaciones (2014-2016), según estimaciones realizadas por LA PRENSA basadas en datos oficiales. Estos se publicaron en los informes financieros de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL).
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Aunque persiste el secretismo a nivel nacional, los negocios de Baltodano Monroy se han conocido debido a los dos procesos en su contra: Una demanda en 2023 por daños y perjuicios iniciada en Florida por incumplimiento de pago a su exsocio mexicano Arturo Gamboa Rullán. El otro corresponde a una solicitud de asistencia judicial realizada este año por los abogados de éste en Nueva York.
Exsocio lo señaló de desviar 4.4 millones de dólares
De acuerdo con estos documentos judiciales, Baltodano Monroy habría desviado al menos 4.4 millones de dólares entre 2018 y 2024 a cinco empresas bajo su control. Una de estas es un proyecto de siembra de caña de azúcar en el sur de Nicaragua. En ese caso fueron 776.900 dólares.
Gamboa entró en sociedad con el empresario nicaragüense y el tío materno de este, el también empresario mexicano Pablo Monroy Cazorla. Gamboa Rullán puso 8.6 millones de dólares en mayo de 2013 para la compra de la concesión de la planta geotérmica Momotombo a los antiguos arrendatarios: el grupo israelí Ormat Holding.
La condición del préstamo de Gamboa, que no se honró, era que 7.45 millones se ocuparan para comprar el paquete accionario y 1.15 millones para “capital de trabajo”.
Los israelíes vendieron en 7.5 millones de dólares. Sin embargo, la cifra está muy por debajo de un “negocio marcha” como describió otro analista a la operación en Momotombo de Álvaro Baltodano Monroy. Este experto incluso estimó el valor de la empresa en 37 millones de dólares. Además explicó que semejante ganga sólo se puede explicar ahora en que a los antiguos concesionarios los forzaron a vender.
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