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Para estudiar el caso bochornoso protagonizado por Gustavo Petro en la Asamblea General de la ONU, hemos de definir lo que significa la inmunidad diplomática. Está regulada en el Convenio de Viena, sobre relaciones diplomáticas, de 18 de abril de 1961, en sus artículos 22 y siguientes.
El Diccionario Panhispánico del Español Jurídico la define así: “Como integrante del denominado estatuto diplomático, concedido no en beneficio de las personas, sino con el fin de garantizar el desempeño eficaz de las funciones diplomáticas en calidad de representantes de los Estados, que comprende la inmunidad de jurisdicción de los agentes diplomáticos y la inviolabilidad de la misión diplomática”.
De acuerdo con esta definición el presidente de Colombia vulneró el estatuto de la inmunidad de la que gozaba para el eficaz desempeño de su misión, cuando saltó a la calles fuera del edificio de la ONU, para apoyar una manifestación de propalestinos que gritaban en contra de la guerra de Gaza, incitando a los manifestantes y las fuerzas de seguridad que protege el edificio sede de la ONU y para que se rebelasen contra su gobierno.
La inmunidad la gozan los presidentes, jefes de gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores, que entraña la exclusión de la jurisdicción penal y civil, lo que está claramente establecido en el derecho internacional que al igual que los agentes diplomáticos y consulares, por elevación ciertas personas como jefes de Estado, jefes de gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores, gozan en otros estados de inmunidades de jurisdicción civil y penal según la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de fecha 14 de febrero de 2002, respecto a una orden de detención dictada por un funcionario que desempeñaba uno de los cargos mencionados.
Pero volvamos al caso Petro. Con su acción que ya dijimos que violó el Estatuto, quizás no podría haber sido detenido en territorio de EE.UU. y en espacio territorial del que goza la ONU por el acuerdo de sede. Esto ha causado un serio disgusto al gobierno de EE.UU. y por su violación ha sido castigado con la prohibición de gozar de su inmunidad y prohibido de entrar en territorio norteamericano. Bajo mi punto de vista incluso con esas sanciones se han quedado cortos.
Sabemos que el gobierno de Colombia es un gobierno comunista, dirigido por un presidente de esa ideología, basta ver sus antecedentes como miembro de la guerrilla del M19, que tanto daño causó al pueblo y al gobierno colombiano durante sus años de efervescencia en las montañas del Cauca, causando muertes, daños materiales por explosiones y otros actos de barbarie.
Muchos analistas que han estudiado el caso han llegado a la conclusión que su acción estaba basada en deseo de quedar como un presidente que desafió al gobierno norteamericano en su propio territorio y que ello lo consagraría como el más adelantado de los antiyanquis en Latinoamérica.
Colombia como todos sabemos es el mayor productor de cocaína y en la mayoría de los casos los productores son las guerrillas de las FARC-EP jefeadas por el temido Manuel Marulanda Vélez, sucedido por Alfonso Cano y el Ejército de Liberación Nacional, con su titular Eliécer Chamorro Acosta, como responsable político y militar, que actualmente siguen en negociaciones con el gobierno. Grupos estos que surgieron en la década de años 60-70 y surgieron como movimientos debido a conflictos sociales, la desigualdad, la seguridad, la reforma agraria y en su momento se consolidaron como organizaciones de corte marxista-leninista y bolivariano.
Sigamos con el presidente Petro, quien sabe que su gobierno atraviesa una seria crisis política y económica que lo mantiene en el filo de la cuerda, por las carencias que está pasando en estos momentos de su vida republicana y quizás también ese haya sido otros de los motivos que lo llevó a cometer el acto desleal, descortés y lleno de simbolismo antimperialista, muy a pesar de que el gobierno norteamericano ha gastado millones de dólares para extirpar ese cáncer que aqueja al pueblo y a su propio gobierno.
Petro ascendió al poder al ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2022 e inició su mandato el 7 de agosto del mismo año, por lo que le queda un año de gobierno hasta llegar a las elecciones de 2026, y también ese fue otro motivo que le impulsó a dejar ese nefasto recuerdo para los colombianos que no comulgan con su marxismo.
Esperemos que en las próximas elecciones le suceda un gobierno que surja de la oposición liberal o conservadora y que lleve al país por otros derroteros no tan escabrosos como los de este momento histórico. Colombia ya ha probado esta receta que sabe mal y espera pues otro cuyo signo este más endulzado y vuelta por los derroteros de la paz sin comillas y vuelva imperar el sentido común.
El autor es abogado nicaragüense radicado en España.
