El presidente republicano de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una Orden Ejecutiva para sancionar a gobiernos que detengan de manera indebida a estadounidenses en el extranjero, incluido Nicaragua, informó el Departamento de Estado.
Según la orden, los países designados como Estados Patrocinadores de Detenciones Indebidas podrán enfrentar sanciones severas, que incluyen restricciones económicas, limitaciones en visas, recorte de asistencia exterior y restricciones de viaje para ciudadanos estadounidenses.
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La medida busca desalentar que gobiernos utilicen a personas estadounidenses como fichas de negociación en conflictos internacionales. «El mensaje es claro: quienes detengan indebidamente a estadounidenses deberán enfrentar consecuencias», afirmó Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU.
«Esta administración no solo pone a Estados Unidos primero, sino que también pone a los estadounidenses primero», insistió Rubio. La orden ejecutiva se compara con la designación de Estados Patrocinadores del Terrorismo.
En una publicación en la página de la Embajada de EE. UU. en Managua se compartió el mensaje de Rubio en el que destaca que la nueva orden ofrece «una acción sin precedentes para proteger a los estadounidenses de detenciones injustas en el extranjero».
La orden faculta al Secretario de Estado para designar a cualquier país extranjero como Estado patrocinador de la detención indebida basándose en si comete o presta apoyo a la detención indebida de estadounidenses y también a que ponga fin a la designación si el gobierno extranjero libera a estadounidenses que hayan sido detenidos indebidamente.
En la orden destaca que desde que Trump y su Administración retomó el cargo han logrado la liberación de 72 estadounidenses detenidos en el extranjero, como en Rusia y Afghanistan.
Nicaragua en el nivel más alto de alerta para viajeros
Cabe destacar que en 2018, la dictadura encarceló a Eddy Montes Praslin, ciudadano estadounidense de origen nicaragüense. Fue asesinado bajo custodia policial en 2019, cuando un custodio le disparó con un AK-47, en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro conocido como cárcel La Modelo.
El último presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Michael Healy Lacayo, también era ciudadano nicaragüense y estadounidense y fue detenido en octubre de 2021 justo antes de las elecciones de ese año en Nicaragua. El 9 de febrero de 2023 fue desterrado a Estados Unidos junto con 221 presos políticos; el régimen confiscó sus bienes y le revocó la nacionalidad nicaragüense. Healy falleció de un infarto en Ciudad de Panamá el 25 de enero de 2024, a los 61 años.
Y aunque en el último año no se han registrado detenciones de ciudadanos estadounidenses en Nicaragua, la dictadura Ortega-Murillo ha arremetido contra organizaciones vinculadas a Estados Unidos, como el Ministerio Puerta de la Montaña, cuyo fundador y familiares son de nacionalidad norteamericana. De no haber salido del país a tiempo, habrían corrido la misma suerte que decenas de opositores convertidos en presos políticos.
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El pastor John Britton Hancock, presidente de Puerta de la Montaña; su hijo Jacob Britton Hancock, miembro del ministerio; y Cassandra Mae Hancock, esposa del pastor, figuran entre las personas que permanecen bajo investigación de las autoridades nicaragüenses.
Ante este panorama, el gobierno de Estados Unidos ha expresado serias preocupaciones sobre el riesgo de detenciones arbitrarias de sus ciudadanos en Nicaragua. En agosto de 2025, el Departamento de Estado colocó a Nicaragua en el nivel más alto de alerta para viajeros, advirtiendo que no viajen al país «debido al alto riesgo de detención injusta y arbitraria de ciudadanos estadounidenses».
La medida colocó al régimen de Ortega-Murillo en la misma categoría de países como Irán, Corea del Norte, Rusia, Eritrea, Burma, Afghanistan y Venezuela. A todos estos países, Estados Unidos los ubicó en la categoría «D», aplicado cuando existe un riesgo elevado de detención arbitraria por parte del Gobierno del país de destino.
