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La dictadura Ortega Murillo aprobó recientemente la Ley 1258, Ley de Territorio Fronterizo, con la falsa justificación de razones de seguridad y defensa de la soberanía. Pero la realidad es que la vigilancia y protección, mediante el accionar policial y los dispositivos de defensa no tienen ninguna restricción legal en el territorio de la nación, porque el Ejército y la Policía pueden cumplir perfectamente con sus obligaciones constitucionales, independientemente del régimen de propiedad existente en la zona afectada.
La Ley 1258 nacionaliza unos 18,735 kilómetros cuadrados del territorio nacional, área que se determina multiplicando la extensión de las fronteras norte y sur por los quince kilómetros contemplados en la nueva norma, que considera esa zona de propiedad estatal, sin disponer indemnización sobre las mejoras, cultivos y otras inversiones realizadas, por sus legítimos dueños, a lo largo de muchos años.
La nueva disposición implica la confiscación de la propiedad privada, comunal y cooperativa en el 14.15 % del territorio nacional. Además, fortalece el modelo de propiedad estatal que avanza desde 2007, cuando Daniel Ortega retomó el poder, y ahora a través de leyes y procedimientos diferentes a los que aplicó durante su primer mandato de los años 80, pero que cumplen el mismo objetivo, reducir la propiedad privada e incrementar la estatal, para favorecer el control y la corrupción.
Mediante leyes como la 690, Ley para el Desarrollo de las Zonas Costeras; 620, Ley General de Aguas Nacionales; y 217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, los Ortega Murillo venían reduciendo el área del territorio nacional que puede ser privada o comunal, afectando con ellas los derechos de inversionistas nacionales y extranjeros; y disminuyendo drásticamente junto con otras leyes, el área susceptible de dominio privado o comunal.
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En detrimento del sector privado
Todo esto, con el ánimo de construir progresivamente un régimen de propiedad estatal; y sin pagar los costos políticos que provocaron las confiscaciones individuales y masivas, posteriores a la Revolución de 1979.
Este modelo de propiedad estatal va en detrimento del rol protagónico del sector privado, de los derechos de propiedad de los pueblos indígenas y de la seguridad jurídica. Además, atenta contra la inversión privada nacional e internacional, violenta los derechos adquiridos, afecta a poblaciones enteras, importantes actividades productivas, y tradiciones y formas de vida de numerosas poblaciones indígenas.
El desconocimiento de la propiedad comunal implica la expropiación forzosa de tierras indígenas de las etnias miskita, mayangna y otras, asentadas a lo largo de los ríos Coco y San Juan. Esto sigue estimulando el desplazamiento forzado de más de quince mil indígenas que hasta ahora se han exiliado principalmente en Costa Rica. País al que llegan huyendo de la violencia de los colonos que les roban sus tierras, el acoso de oficiales del Ejército y las consecuencias de la entrega de concesiones forestales y mineras a empresas chinas.
Para algunos analistas, la nueva ley se suma al entreguismo vendepatria de la dictadura Ortega Murillo frente al imperialismo chino, a quien le está otorgando enormes espacios para que establezcan enclaves de explotación de recursos naturales; pues con ella eliminan los obstáculos que podrían surgir de parte de los propietarios afectados.
Nuevo atropello de la dictadura
Sin embargo, la recién aprobada Constitución establece en el artículo 161 la creación de regímenes especiales de desarrollo, lo que hace pensar que no se requiere de esta ley para favorecer los intereses chinos.
Por tanto, considerando los antecedentes podría deducirse que el régimen de propiedad impuesto, obedece a un proyecto piloto que, con base en la experiencia, podría hacerse extensivo al resto de la nación, donde terminarían de aplicar el modelo de propiedad estatal.
Si bien este modelo permitiría a los anteriores propietarios usufructuar por mera tolerancia o mediante concesiones las propiedades que eran de su dominio le facilitan a la dictadura Ortega Murillo apoderarse de ellas en cualquier momento, si conviene a sus intereses, o privarlos de su uso si no se someten a las políticas de la dictadura.
La Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) rechaza este nuevo atropello de la dictadura Ortega Murillo, que al aprobar la Ley 1258 comete un nuevo abuso que afectará la vida de miles de nicaragüenses, y en especial a poblaciones indígenas.
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Además, expresa su respaldo a todas las expresiones de resistencia cívica de los afectados, y el compromiso de que un futuro gobierno democrático revocará esta y todas las leyes represivas y restrictivas de derechos que implementan los Ortega Murillo, y determinará la responsabilidad correspondiente de quienes se beneficiaron de ellas en detrimento de los derechos de los nicaragüenses.
*Este artículo se publicó originalmente en: www.cdnicaraguense.org
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