Jan-Michael Simon combina la investigación con la práctica en materia de derechos humanos, justicia transicional, estado de derecho y lucha contra la corrupción, principalmente en las Américas. LA PRENSA/ CORTESÍA

Jan-Michael Simon combina la investigación con la práctica en materia de derechos humanos, justicia transicional, estado de derecho y lucha contra la corrupción, principalmente en las Américas. LA PRENSA/ CORTESÍA

Jan-Michael Simon: “En la medida que exporten su violencia, será más fácil investigarlos”

El presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua afirma en esta entrevista que la violencia de los Ortega Murillo contra los nicaragüenses no tiene precedente en Centroamérica y asegura que “todos los regímenes que caen, pagan”.

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El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas, conocido por sus siglas en inglés como GHREN, se prepara para en septiembre próximo brindar un nuevo informe sobre las violaciones de derechos humanos que los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo vienen cometiendo contra los nicaragüenses desde el año 2018.

Aunque el presidente del Grupo, el alemán Jan-Michael Simon, pide en esta entrevista que no se le pregunte sobre los hallazgos de las últimas investigaciones, como el papel del Ejército en la represión y quiénes son las personas que se benefician económicamente con la dictadura Ortega Murillo, el experto sí señala que en la medida en que el régimen exporte su violencia hacia fuera, y persiga también a su propia gente, será más fácil investigarlos.

Simon, de 58 años, abogado especialista en derecho internacional y derechos humanos, y ex miembro de las Fuerzas Armadas de Alemania, conoce muy de cerca lo que ha ocurrido en Nicaragua durante los últimos 50 años porque, al servicio de la ONU, ha cumplido misiones de derechos humanos en Guatemala, El Salvador y Honduras desde los años noventa del siglo pasado, y ha investigado la historia de los nicaragüenses, aunque a Nicaragua ha llegado solo como turista. Desde que es miembro del GHRE, los Ortega Murillo no le han permitido entrar al país.

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En Guatemala, integró la Comisión de la Verdad que investigó masacres en la guerra que durante más de 30 años enfrentó a guerrilleros de izquierda con las fuerzas del gobierno y que terminó en Acuerdos de Paz en 1996. En Honduras, trabajó con el alto comisionado de las Naciones Unidas tras las protestas por el golpe de Estado en 2009 contra el presidente Manuel Zelaya. En El Salvador, integró un panel internacional para elegir los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, que después jugó un rol esencial para restaurar el Estado de Derecho y la democracia en ese país.

En el caso de Nicaragua, actualmente trabaja junto a la uruguaya Ariela Peralta Distefano y el húngaro Reed Brody, como expertos independientes.

En esta entrevista, Simon indica que los Ortega Murillo se mantienen sobre la base de un poder descarnado y sin frenos, cometiendo abusos que no tienen precedentes en la región centroamericana, pero que la historia enseña que este tipo de regímenes caen y luego pagan por sus crímenes.

¿Qué lo llevó a aceptar el reto de dirigir el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua?

Esta misión coincide en muchos elementos con lo que hice antes (en Guatemala, en Honduras y en El Salvador), pero difiere en dos aspectos muy concretos. Uno es que se trata de una sociedad (la nicaragüense) que ha tenido varios conflictos en las últimas décadas y ninguno de ellos ha pasado por un proceso de justicia transicional, en lo más mínimo, como sí ha ocurrido en los casos de Guatemala y El Salvador y, al menos en parte, porque hubo una comisión de la verdad, en Honduras en 2009.
En Nicaragua, y no me refiero a la Comisión de la Verdad que instaló el gobierno de Nicaragua en su momento, de eso no se trata cuando hablamos de justicia transicional como proceso auténtico de recuperación de la memoria histórica y restauración de las violaciones sufridas por las víctimas y, además, se difiere, en el caso de Nicaragua, de un proceso que culmina en un control total y totalitario del sistema político de la sociedad en general, lo dijimos en el primer informe, en el fondo se trata del caso casi clásico en donde el poder de un Estado tomó de rehén a su propia población totalmente. En esta magnitud, carece de precedentes en toda la región de América Central y es por eso por lo que me interesó el caso.

¿Ha estado en Nicaragua?

Conocí a Nicaragua desde antes, pero no en una función oficial, sino más bien como turista.

¿Qué le pareció?

Un país lindo, con muchas atracciones dada su belleza en términos de playas, de arquitectura. El caso de Granada es realmente fantástico. Su propia gente, que tiene en común mucho con los demás centroamericanos que es un pueblo, cuando hablo de pueblo hablo más allá del pueblo nicaragüense, hondureño, más bien de los pueblos centroamericanos que son muy amables y se distinguen de cierta forma de los de Sudamérica. Yo me crie no solamente en Alemania, sino también en Sudamérica, en Brasil, y conozco los demás países del sur y sí hay una diferencia considerable entre los pueblos. Cada uno tiene sus ventajas, pero yo me siento muy cómodo y muy bien en la región de América Central.

¿Entonces, ya había escuchado de Daniel Ortega?

De Ortega había escuchado desde muy joven por el interés que tengo en el derecho internacional, soy abogado, y el caso de Nicaragua, desde los años ochenta, siempre ha sido de mi interés y todo el contexto de este caso. Así que estaba familiarizado con la historia de los últimos 50 años del país (Nicaragua) y había también leído el informe del GIEI antes de asumir este cargo. Estuvo bastante presente la situación del 2018 en mi lectura de las cosas de la región, porque siempre me interesa lo que pasa en América Central.

¿Qué sabía exactamente de Ortega? ¿Ha cambiado la opinión inicial que tenía de él?

De Daniel Ortega, como persona, no conocía nada. Como gobernante, sí me había llamado la atención. Yo soy ex militar, estuve en las Fuerzas Armadas de Alemania y siempre me interesé en el tema de los tanques. Me acuerdo de que en 2016 hubo un envío de T-32 a Nicaragua en una cantidad considerable. En ese momento yo me preguntaba: ¿Para qué un país centroamericano necesita ese tipo de arma? ¿De dónde venían? Estaba trabajando en Honduras en ese momento, lo compartí incluso con militares de Honduras. No voy a repetir lo que me dijeron, pero sí me llamó la atención que había cierto paralelismo entre lo que vivíamos ya desde hace rato y que desgraciadamente culminó en febrero del 2022, en Ucrania, y lo que estaba sucediendo en la región.

Hasta ahí no más, no estaba en mi radar Daniel Ortega como gobernante, hasta que sucedió lo de abril de 2018. Es ahí donde empecé a interesarme mucho más porque las protestas que se dieron en Nicaragua coincidieron en muchos elementos con las protestas contra el Instituto de Seguridad Social de Guatemala en su momento, y en el de Honduras también en su momento. Ambas protestas fueron manejadas por los gobiernos de una manera abierta. No voy a calificar los gobiernos que estaban de turno en esos momentos en Centroamérica, es decir, el gobierno guatemalteco, por un lado, y el hondureño, pero la respuesta del gobierno en Nicaragua fue todo lo contrario de lo que yo había visto en Honduras y en Guatemala.

Empecé a ver que se trataba de un régimen que tenía como objetivo mantenerse en el poder con lo que en la ciencia política se llama “poder descarnado”, demostrando la violencia pura y los recursos de violencia pura que el Estado puede utilizar en un Estado democrático, al menos controlado por otros poderes, pero que en el caso de Nicaragua estaba totalmente sin frenos.

¿Le sorprendió la reacción de los Ortega Murillo?

No tenía la idea de que un gobierno podía responder tan violentamente contra su propia población. No es que me sorprendió, porque para ser sorprendido uno necesita conocer al personaje. Yo no lo conocía suficientemente (a Ortega), pero, como Estado, sí tenía mis precedentes y comparaciones con los países de la vecindad y esos manejaron la situación de manera distinta. En ese sentido, como soy académico, me interesan más bien los fenómenos, no tengo muchas emociones en cuanto a eso. Para mí fue un indicador de que este régimen (Ortega Murillo) sí era distinto de los demás.

¿Cuál es la opinión que tiene ahora de Ortega? Algunos dicen que la mala es su esposa Rosario Murillo y no tanto él.

Personalmente, no conozco ni a su esposa ni a él. Tenemos la información que hemos publicado sobre la incidencia de ambos desde la cúpula del Estado que tendrían, y tienen en el fondo, aplicando nuestro umbral probatorio, la responsabilidad máxima de lo que sucedió. Las cuotas de quién tenía más responsabilidad o menos responsabilidad esto vamos a ver una vez sí, ojalá en el futuro, alguien se va a dedicar a buscar más material probatorio. No lo podría decir.


«En la medida que el Estado vaya exportando su violencia hacia afuera, cada vez queda más fácil. Por una simple razón, como usted acaba de decir, las víctimas están afuera. Y nuestras fuentes son las víctimas. Pero en la medida en que el régimen vaya exportando su violencia y consolidando su control total en el territorio, va a exportar también personas de adentro del sistema que son fuentes muy considerables para nuestro trabajo».

Jan-Michael Simon, presidente del GHREN.

Algunos nicaragüenses se preguntan que, si los Ortega Murillo han sido tan violentos contra la población nicaragüense, y si son tan evidentes los crímenes cometidos, ¿por qué aún no hay justicia? ¿Cómo podría explicar usted a los nicaragüenses eso? Muchos creen que Ortega y Murillo van a morir sin nunca sentarse ante la justicia.

El régimen en Nicaragua no es el primero que comete atrocidades y que, mientras está en el poder, no paga sus violaciones de derechos humanos. Es típico de regímenes que tienen un control total, y que toman de rehén a su propia población, que mientras esto siga sucediendo puedan mantenerse en el poder y, en la medida que se mantengan el poder, no pagarán en ningún tribunal por las consecuencias que tienen sus actos. Pero, la historia igual demuestra que una vez perdido este poder, pagan. Todos los regímenes que han caído después de la caída del muro de Alemania Oriental demuestran eso de una u otra forma.

En el caso de Rumanía, usted sabe cómo acabó todo esto, en el fusilamiento del jefe del Estado (Nicolae Ceausescu) junto a su esposa (Elena). Ese es el caso drástico poco deseable en un Estado de Derecho. En el caso de Alemania, las autoridades de la vieja Alemania Oriental eran los responsables de los asesinatos en el Muro (de Berlín), sí fueron enjuiciados, los máximos jefes incluso. En el caso del máximo jefe (Erich Honecker), que padecía de cáncer, se le procesó, pero no pagó con cárcel porque se murió. El castigo para ese tipo de gente, desde la cúpula del Estado, que cometen esos errores, es, en primer lugar, un castigo que demuestra a la población y ante la comunidad internacional que ese tipo de comportamientos y conductas son considerados como los peores crímenes que uno como jefe de Estado puede cometer. No quiero aquí calificar el crimen de corrupción igual que el crimen de asesinato de su propia población, pero sí hay, en términos de calidad moral, si uno quiere ponderar bienes jurídicos o derechos o intereses de personas, las distintas conductas, y esas conductas sí son consideradas la máxima expresión del abuso de poder. Y ese es el objetivo de la justicia en este sentido. En el sentido de las víctimas, que es una justicia muy personal, es distinto.

Hasta ahora le he dado explicación en cuanto al concepto de Estado y al concepto de sociedad. Para las víctimas la justicia es muy personal y requiere para cada caso que sea notificado, procesado en la medida de lo posible y también considerado a la hora de castigar a esas personas. Cuando se trata de crímenes masivos, a una escala muy grande, es muy difícil irse caso por caso, pero no es imposible. Es por eso por lo que hemos creado, en el derecho penal internacional, categorías que van más allá del simple asesinato, lo que llamamos “crímenes de lesa humanidad”, en donde las víctimas entran, tanto el elemento contextual, que define qué determinados actos sean considerados como crímenes de lesa humanidad y en los actos. Se hace un juicio amplio y grande. Espero que, en algún momento en Nicaragua, una vez perdido el poder el actual régimen, y lo va a perder, se pueda hacer eso con los máximos responsables vivos, o sea muertos, porque ya son viejos. El señor (Ortega) ya tiene cierta edad (79), la señora (Murillo) igual (74), pero sí se toman en consideración sus actos. Luego, está el castigo, yo soy cristiano, también divino. Y de este nadie se escapa.

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¿Hay algún problema en los organismos internacionales, incluida la ONU, que se les dificulta castigar este tipo de situaciones? El FMI, por ejemplo, en algunos momentos parece hablar bien de la gestión gubernamental de Ortega y Murillo.

Si estos organismos internacionales no tuvieran ninguna influencia, el señor Ortega no se hubiera retirado de estos organismos internacionales, y sí se ha retirado de manera masiva, sobre todo de órganos y organizaciones de Naciones Unidas. Eso ya es un indicador que esto no es así. En el caso del Fondo Monetario Internacional, hasta ahora está todavía en buen diálogo con el “country team (equipo país)” que tiene el Fondo para evaluar, bajo el artículo 4 de su estatuto, cada año a Nicaragua porque necesitará una línea de crédito del Fondo, porque si bien no la tiene en este momento, sí lo va a necesitar. Y el Fondo Monetario también lo sabe. El Fondo Monetario y todas las organizaciones multilaterales, en el fondo son también un conjunto de intereses egoístas de Estados. Sería muy ingenuo pensar que se tratan de entes distintos a Estados, que sí formalmente son distintos, como entes internacionales, pero los miembros del club son Estados.

En un club en donde hay estados tan diversos como Irán, China, Estados Unidos, Inglaterra, Cuba, etcétera, uno se puede imaginar que no hay consenso sobre distintas situaciones en distintos países. Y eso explica en buena medida del porqué en organismos multilaterales no hay consenso sobre situaciones tan claras como las de Nicaragua. Y Nicaragua no es el único país a nivel mundial, si uno ve casos en Asia y en África, yo no voy a mencionar aquí los estados, pero no son muy distintos. Por eso, el trabajo de nosotros, de hablar con esos organismos multilaterales y de informar y de incidir con nuestra información, que tiene un estándar probatorio relativamente alto, y es metodológicamente bien sólido para poder ser tomados en consideración a la hora de tomar decisiones. Y en el Fondo Monetario, si bien se ha criticado mucho, si usted lee los informes de los últimos tres años, en el pilar cinco de evaluación, en cuanto al Estado de Derecho, usted va a ver entre las líneas que sí se aumentó el tono. Y esto se reflejará, ojalá, en el momento en que el gobierno de Nicaragua va a pedir un crédito. ¿Y cómo se reflejaría? En el condicionamiento del desembolso. Así que hay que ser paciente y trabajar duro y conocer a los organismos internacionales para entender que todos responden en la medida de lo que reflejan los intereses de los Estados dentro de los organismos multilaterales.

Nosotros tenemos la gran ventaja de ser expertos independientes, es decir, detrás de nosotros no hay nadie, solo nuestra propia conciencia, así que lo que Ariela (Peralta, de Uruguay) y el colega Reed (Brody, de Hungría) y yo digamos, no hay ni un interés detrás salvo el interés de nosotros por la justicia y por la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua.

Acaban de matar a a un ex miembro del ejército, Roberto Sancam. Los nicaragüenses en el exilio se llenaron de temor con ese crimen. ¿Qué es lo más reciente que están ustedes trabajando respecto a la represión de los Ortega Murillo?

Estamos en lo que podría llamarse la cuarta etapa del proceso de violaciones. En la primera teníamos la represión violenta hacia las protestas, muy violenta, con todas las ejecuciones que hemos documentado. Luego, en la segunda fase tenemos una represión más específica para garantizar la mal llamada reelección. Una tercera, en que se elimina la más remota posibilidad de oponerse dentro del territorio de Nicaragua, con todas las prácticas que ya conocemos, como quitar la nacionalidad, sacar gente del país, no dejar entrar, etcétera. La cuarta fase coincide con lo que culminó, debo ser cauteloso porque todavía no hay un proceso cerrado, supuestamente con la muerte del doctor Samcam, que en la jerga internacional se llama “represión transnacional”.

Yo utilizo este concepto entre comillas porque no hay un consenso en el derecho internacional, en la diplomacia, de lo que representa este concepto en términos de una definición, pero lo que sí son claros son sus elementos. Esos elementos tienen varias facetas que ya hemos descrito antes de que sucediera la muerte de Samcam, y eso es controlar ya no solamente adentro, sino más bien afuera cualquier expresión que pueda oponerse al poder en Nicaragua. Esto es el castigo a familiares representando a opositores que están afuera. Esto es utilizar los sistemas de lavado de activos internacionales para reprimir financieramente, incluso quitar toda la base económica a las personas que están afuera, confiscando sus pensiones, etcétera. Y eso, en esa cuarta fase, yo lo llamaría una violencia escalada hacía, sin exageración, una violencia global contra toda persona que se pueda oponer a este régimen. No es el único país que practica ese tipo de violencia, hay otros países que también lo hacen, y muchos de los elementos que podemos ver, que vamos a presentar al Consejo de Derechos Humanos en septiembre, y en la Asamblea General en octubre, son conocidos. Pero hay un elemento que queda un poco desapercibido, pero que hace parte de esa estrategia. Es, por un lado, demostrar a la comunidad internacional el desprecio hacia sus instituciones, incluyendo Naciones Unidas, y por el otro lado utilizarlas para cometer violaciones contra opositores.

¿A qué se refiere?

Es, por un lado, menospreciar los sistemas multilaterales de derechos humanos, pero, por el otro lado, utilizar los sistemas multilaterales de cooperación policial y de control de lavado de activos para reprimir a la oposición. Esa es una metodología cínica, utilizar el sistema internacional. Es parte del concepto más amplio de exponer a opositores dentro de la comunidad internacional a la violencia y es una especie de expresión frente a la comunidad internacional de desprecio y de arrogancia de poder. Eso sí requiere una respuesta contundente de la comunidad internacional, porque va hacia las bases de su propio trabajo, que es la confianza mutua en los Estados que nosotros utilizamos, los instrumentos de la comunidad internacional para el bien de las sociedades y no para el mal de las sociedades.

¿Ortega no solo manipula a los nicaragüenses, sino que también está manipulando el sistema internacional?

Sí. En materia de lavado activos, es bastante obvio. El mal gusto de las recomendaciones del GAFI, para aniquilar las organizaciones de sociedad civil y de filtrar información en los sistemas de control de lavado para incapacitar financieramente a opositores, y tenemos suficiente evidencia sobre esto, es un buen ejemplo.

Como investigador, ¿ha logrado visitar Nicaragua?

No. Hemos pedido en varias ocasiones el acceso al país, pero el Estado de Nicaragua nos ha impedido el acceso al territorio. No somos los únicos. La gran mayoría de nuestros colegas, de otros mecanismos de investigación de derechos humanos independientes, tampoco tienen acceso al terreno. Nicaragua no es el único, como Estado, que se comporta de esta manera. El caso de Myanmar es lo mismo, el caso de Siria, hasta la caída del régimen, fue lo mismo.

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¿Qué tan difícil ha sido investigar y documentar al régimen? ¿Ha influido que muchos nicaragüenses están fuera de Nicaragua?

Incide, pero no lo hace imposible. Y, en la medida que el Estado vaya exportando su violencia hacia afuera, cada vez queda más fácil. Por una simple razón, como usted acaba de decir, las víctimas están afuera. Y nuestras fuentes son las víctimas. Pero en la medida en que el régimen vaya exportando su violencia y consolidando su control total en el territorio, va a exportar también personas de adentro del sistema que son fuentes muy considerables para nuestro trabajo.

Están encarcelando o persiguiendo a personas que han sido importantes para ellos, que han sido su sostén, que forman parte de su círculo como el comandante Bayardo Arce, como exmilitares. ¿Esto ustedes lo están tomando en cuenta también? ¿Son víctimas ellos también? ¿Cómo están abordando este tema?

Nosotros no distinguimos, en cuanto a los derechos humanos, a que una persona haya asimismo también cometido violaciones de derechos humanos. Eso no justifica ni hace que nosotros no nos ocupemos de ella y de su sufrimiento también. Así que tomamos en cuenta tanto a personas que no han cometido en la trayectoria de su vida ni una violación, como personas que sí podrían tener una cierta responsabilidad y eso es también muy típico. Es decir, muchos regímenes que caen normalmente hay muchos autores arrepentidos que después hablan. Incluso, no solamente de pequeña escala, sino también en muchos casos de un escalón más más arriba. Esto, para la recuperación de la historia del por qué sucedió lo que sucedió.

Jan-Michael Simon es el actual presidente del GRHEN de las Naciones Unidas. LA PRENSA/ FOTO TOMADA DE REDES SOCIALES

Plano personal

Jan-Michael Simon nació en Alemania, en 1967, y está casado y tiene hijos, aunque prefiere no ahondar en su vida íntima.

Como muchos jóvenes de su generación, que crecieron antes de la caída del Muro de Berlín, debió cumplir el servicio militar porque era obligatorio en Alemania en los tiempos de la Guerra Fría.

Sin embargo, luego Simon estudió derecho en Bonn, ciudad que fue la capital de la República Federal de Alemania (Alemania Occidental) desde 1949 hasta 1990.

Actualmente, es experto en derecho penal comparado, política criminal y derecho internacional. Inició su carrera como experto independiente de la ONU, en 1997, en Guatemala.

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