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El Monitoreo Azul y Blanco, organismo que registra las detenciones arbitrarias en Nicaragua, denunció una nueva ola de hostigamiento policial a los opositores que aún quedan en el país, muchos de ellos bajo un régimen de vigilancia y control.
«En las últimas 48 horas se han recibido numerosos reportes de detenciones arbitrarias en distintos departamentos del país, ejecutadas por la Policía Nacional en lo que parecen ser operativos coordinados contra la población civil. Estas detenciones se realizan de forma violenta, con irrupciones en los hogares, incluso en presencia de niños y niñas», denunció el monitoreo la noche del jueves.
LA PRENSA confirmó que son unos 20 opositores detenidos. También se supo que Masaya y Carazo son dos de los departamentos mayormente afectados por estas nuevas redadas policiales contra los opositores.
Sin explicación oficial sobre los arrestos
La denuncia del Monitoreo agrega que «las autoridades no brindan explicaciones, no presentan órdenes de detenciones ni de allanamiento, y en varios casos han sustraído equipos digitales sin justificación alguna».
«Las familias, al acudir a las estaciones policiales, enfrentan la negativa de acceso a información sobre sus seres queridos, lo que incrementa la vulneración de derechos y profundiza un ambiente de terror e indefensión», agregó.
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El Monitoreo Azul y Blanco exige a las autoridades el cese inmediato de la represión, el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas detenidas, sus familias y la niñez, así como la liberación inmediata de todas las personas privadas de libertad de forma injusta.
Los únicos nombres de detenidos que han sido dados a conocer por el Monitoreo son de Yolanda González Escobar y Luis Francisco Ortiz Calero, ambos de Masaya. Fueron secuestrados en Masaya el 13 de agosto en medio de una redada de detenciones arbitrarias de las últimas horas, denuncia el Monitoreo en sus últimos reportes.
Estas detenciones policiales son consideradas secuestros, porque los opositores son privados de su libertad de forma arbitraria y sin explicaciones, un patrón que viene siguiendo la dictadura de Daniel Ortega desde 2018.
Se conoce que más de 200 personas, conocidas por haber apoyado las protestas de 2018, tienen que llegar a las estaciones policiales para firmar, algunos diariamente, otros cada semana y otros cada 15 días, como una manera de control. Se sabe que estas personas son amenazadas y la Policía orteguista arbitrariamente les quita sus teléfonos móviles para revisarlos. Estas personas viven bajo amenaza de cárcel constantemente por su condición de ser críticos y opositores al régimen.
