El ciudadano estadounidense Wilmer Chavarría, originario de una familia nicaragüense refugiada, fue sometido a un intenso interrogatorio por parte de agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston, Texas, tras regresar de un viaje a Nicaragua junto con su pareja.
Chavarría, quien actualmente funge como superintendente del Distrito Escolar de Winooski en Vermont, fue detenido por más de cinco horas, durante las cuales le confiscaron su teléfono y computadora, y se le negó el derecho a comunicarse con su pareja, familiares o abogado, relató al medio estadounidense NBC 5.
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«Declararon falsamente que yo, ciudadano estadounidense, carecía de derechos constitucionales en un punto de entrada, y los oficiales se pusieron cada vez más nerviosos mientras yo seguía haciendo valer mis derechos a pesar de todo», denunció Chavarría.
Chavarría nació en un campo de refugiados en Nicaragua, y varios miembros de su familia se autodeportaron recientemente al país después de vivir bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos.
Programa Global Entry
Chavarría y su pareja regresaban de visitar a su familia en Nicaragua. Sólo Chavarría fue detenido.
El superintendente, quien forma parte del programa Global Entry —una iniciativa de preaprobación para viajeros internacionales de bajo riesgo—, fue llevado a cuatro salas de interrogatorio diferentes. En una de ellas, cuatro oficiales lo interrogaron simultáneamente. También cuestionaron la autenticidad de su matrimonio, una relación desde hace 15 años, y dudaron de su cargo como superintendente, a pesar de que su trayectoria está ampliamente documentada.
«Cuando cuatro de ellos estaban frente a mí, de pie mientras me tenían sentado, dijeron que no tengo derechos, que mis derechos constitucionales no importan en un puerto de entrada y que debería dejar de hablar de derechos», relató Chavarría a NBC 5.
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Al día siguiente del incidente, recibió un correo notificándole que había sido expulsado del programa Global Entry, sin ninguna explicación adicional. Chavarría describió la experiencia como «nada menos que surrealista y la definición misma del terror psicológico».
Hasta ahora, las autoridades de inmigración estadounidenses no han ofrecido una justificación pública sobre la detención prolongada ni sobre la cancelación de su estatus en Global Entry.
Confiscaron su computadora y celular
Chavarría relató que cuando pidió hacer una llamada, los agentes que lo interrogaban se la negaron y en su lugar intentaron amenazarlo y manipularlo para que les diera acceso a sus dispositivos profesionales, que contenían información sobre los estudiantes del Distrito Winooski.
«Me amenazaron con denunciarme ante el FBI; lo mencionaron varias veces. También amenazaron con manchar mi expediente para que no volviera a conseguir trabajo. También amenazaron con una detención prolongada si no les daba las contraseñas de la información estudiantil o de mis archivos del Distrito», denunció.
Sin embargo, después de cinco horas y sin jamás entregar la información de sus estudiantes, Chavarría dijo que finalmente fue liberado.
La Junta Escolar de Winooski emitió una declaración el martes 22 de julio, apoyando firmemente a Chavarría y pidiendo a los funcionarios electos que investiguen. «A pesar de ser ciudadano estadounidense, el superintendente Chavarría fue separado de su esposo y recibió un trato profundamente perturbador e inaceptable», escribieron.
A su vez agregó que «el superintendente Chavarría es un líder ejemplar y un miembro muy querido de la comunidad del Distrito Escolar de Winooski. Su compromiso con nuestros estudiantes, familias y personal es inquebrantable».
Finalmente, la Junta Escolar de Winooski hizo un llamado a todos los habitantes de Vermont, y a todos los estadounidenses, a solidarizarse con el superintendente Chavarría y su familia. «Instamos a nuestros líderes electos y agencias federales a investigar este incidente y tomar medidas significativas para evitar que tales abusos continúen. Nadie, y mucho menos un ciudadano estadounidense, debería sufrir tal trato a manos de su gobierno», apuntaron.
