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Por décadas el aporte de los inmigrantes al desarrollo de los Estados Unidos ha sido ignorado y, aunque la sociedad norteamericana se ha visto beneficiada con su fuerza laboral, jamás se ha reconocido su aporte y producto de ello es que los inmigrantes que trabajan en labores agrícolas y en la construcción mayormente, han pasado años sin que ninguna institución se preocupe por legalizar su situación migratoria. En otras palabras, los usan y los abusan, llegan incluso a ignorar su existencia con el único propósito de mantenerlos en un limbo legal.
Todo esto ha cambiado con la llegada a la Casa Blanca del presidente Donald Trump, quien hizo campaña con la promesa de deportar a más de once millones de inmigrantes indocumentados acusándolos de ladrones, asesinos y otros epítetos, todo para justificar su persecución. Con lo que no contaba el actual inquilino de la Casa Blanca, es que esa persecución iba a hacer tambalear los cimientos de la economía estadounidense. Al día de hoy son cientos las empresas que se han visto afectadas por esta persecución inmisericorde en todo el país, las ciudades más importantes han participado en manifestaciones masivas repudiando la acción del gobierno y por ende en respaldo a esos seres humanos que conviven en sus comunidades realizando muchos de los trabajos que los ciudadanos norteamericanos rechazan.
Si bien es cierto que el presidente Donald Trump ha empeñado todo su esfuerzo en cumplir su promesa de deportar a todos los indocumentados, también es cierto que muchas comunidades los están defendiendo y denunciando que, de seguir con esa cacería humana, la economía norteamericana decrecerá y el gasto familiar del norteamericano promedio incrementará. Si a esto le agregamos los ridículos impuestos a productos esenciales para las familias que llegan de México, podríamos decir que es la tormenta perfecta que aunque Trump y su equipo la ven venir, porque no son ciegos, la ignoran, no así una gran mayoría de ese pueblo.
Ese es el escenario que viven los norteamericanos actualmente, por mucho una sociedad en crisis de valores de todo tipo. Por ello a una veintena de congresistas entre la que se encuentra María Elvira Salazar (republicana) y Verónica Escobar (demócrata) presentaron el martes de la semana pasada el proyecto de ley Dignidad 2025, una propuesta bipartidista que busca regularizar a millones de migrantes indocumentados que residen desde hace más de cinco años en Estados Unidos.
El proyecto, que retoma elementos de una iniciativa similar presentada en 2023, propone un “Programa Dignidad” de siete años, durante el cual los beneficiarios podrán acceder a permisos de trabajo y viaje, así como protección contra la deportación, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos: no tener antecedentes penales, pagar impuestos adeudados y una “multa de restitución” de 7 mil dólares que se distribuiría en ese periodo. Los fondos serían destinados a apoyar programas laborales para ciudadanos estadounidenses. La medida no ofrece un camino hacia la ciudadanía, salvo para los llamados “soñadores” (migrantes que llegaron de niños al país), quienes sí podrían optar por la naturalización y estatus legal. Ojala y ese proyecto que, si bien no cumple con todas las expectativas de los inmigrantes, es un buen comienzo para empezar a reconocer el valor de los hispanos en la sociedad norteamericana.
El autor es analista político.
