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Con cada cambio de secretario general en la Organización de Estados Americanos (OEA) se vive un proceso de transición a la espera de que el nuevo funcionario pueda definir y trabajar una nueva agenda, priorizando los temas de la misma. Según diplomáticos con larga experiencia en la organización, la primera Asamblea General bajo un nuevo secretario no se caracteriza por incorporar temas controvertidos o arrastrar asuntos debatidos previamente.
La agenda de la 55 Asamblea General, realizada recientemente en Antigua y Barbuda, como era de esperarse, no incorporó la falta de democracia en Nicaragua, Venezuela y Cuba. Las particularidades de la sucesión del secretario general operan en un contexto de debilitamiento del multilateralismo, en que los organismos internacionales están perdiendo efectividad frente a los regímenes totalitarios.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) igual que la OEA lucen ineficientes e ineficaces para detener las violaciones al derecho internacional y los atropellos de las dictaduras frente a los compromisos democráticos y los derechos humanos, y se muestran incapaces de subsanar la impunidad de este tipo de regímenes.
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La debilidad del multilateralismo dejó de lado las normas del derecho internacional y volvió obsoleto el sistema construido por la comunidad internacional desde que terminó la Segunda Guerra Mundial.
En América y el mundo, el consenso democrático se está reduciendo, algunos analistas consideran que el siglo XXI es el del autoritarismo. La soberanía de los Estados y no la democracia y los derechos humanos son el eje rector de las relaciones internacionales a las que no escapa nuestra región.
Manipulan concepto de soberanía
Un concepto manipulado de soberanía se usa como escudo para justificar las más graves agresiones contra los pueblos, que son sus legítimos poseedores, para negarles los derechos conquistados a lo largo de la historia, y tiranos que no fueron electos por el voto popular se apropian de la soberanía para convertir a los ciudadanos en esclavos modernos.
No es posible que bajo el falso argumento del respeto al principio de la libre autodeterminación, independencia y soberanía de poblaciones como la nicaragüense, venezolana y cubana, que no gozan del derecho a expresarse y menos del de definir su futuro, los organismos multilaterales consientan a los dictadores que niegan el ejercicio de la soberanía popular la comisión de graves crímenes contra los ciudadanos.
La OEA, a diferencia de la ONU, establece en la Carta Democrática el compromiso colectivo de promover y defender “el derecho de los pueblos de América a la democracia”, que está por encima del derecho de los gobiernos.
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Esto es un reconocimiento a la soberanía popular, que le da a la población el carácter de sujeto del derecho internacional cuando la democracia le es arrebatada. La evolución positiva inició al permitir la denuncia individual ante los organismos especializados en materia de derechos humanos y ahora la Carta Democrática permite que la población, a través de organizaciones de la sociedad civil, defienda su derecho a la democracia ante los órganos políticos de la OEA.
La OEA tiene responsabilidades
Los nicaragüenses estamos claros de que el cambio de regímenes no es una función propia de la OEA, ya que carece de mecanismos para lograrlo. Pero tanto la organización como su secretario general están comprometidos a contribuir a la constante deslegitimación de las dictaduras.
Esta es una responsabilidad que no pueden ignorar. Por disposición de la Carta Democrática están obligados a acompañar en la restauración de la democracia a los pueblos que sufren las violaciones de sus derechos más elementales. Deben hacerlo, incluso, mediante la aplicación de medidas coercitivas, superando el falso paradigma de que las sanciones perjudican al pueblo, cuando la peor sanción que este enfrenta es estar sometido a una cruel dictadura que para prolongar el sufrimiento se aprovecha de la inoperancia de las organizaciones internacionales.
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La Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) reconoce la labor de la pequeña delegación de organizaciones de la sociedad civil nicaragüense presente en la Asamblea General celebrada en Saint John, que le recordó a las delegaciones su obligación frente a la grave situación que viven los nicaragüenses, y obtuvo el compromiso de reactivar el Grupo Voluntario, creado por el Consejo Permanente para impulsar iniciativas en favor del pueblo de Nicaragua.
Además, llama a los Estados miembros de la OEA que participan en el Grupo Voluntario a apoyar mecanismos que permitan llevar al régimen Ortega Murillo ante la justicia internacional, y al secretario general Albert Ramdin a que, una vez superada la transición, ejerza el liderazgo que le corresponde como principal funcionario de una organización comprometida con la democracia y los derechos humanos.
*Este artículo se publicó originalmente en: www.cdnicaraguense.org
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