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El acuerdo entre Rusia y Nicaragua de «protección recíproca» no tiene ningún efecto en otros países, ni pone en riesgo procesos penales en marcha como el de Argentina, donde un juez ordenó la captura internacional del dictador Daniel Ortega, su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y 16 de sus colaboradores, advirtieron especialistas y analistas políticos.
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El denominado «Acuerdo sobre la protección recíproca de los ciudadanos contra los abusos en el ámbito de la justicia internacional» —aprobado el pasado 10 de julio por la Asamblea Nacional nicaragüense— es un compromiso bilateral entre Rusia y Nicaragua de no usar la justicia penal universal en contra de sus ciudadanos; el mismo ordena a ambos países «elaborar normas para que sus ciudadanos no sean víctimas de las desviaciones de la justicia internacional» y, además, ambos países se comprometen «a abstenerse de intervenir en los asuntos soberanos de la otra parte mediante el uso de la justicia penal internacional o nacional, o ayudando a una tercera parte en el uso de la justicia penal internacional o nacional».
El especialista en relaciones internacionales costarricense, Carlos Murillo, confirmó que este acuerdo sólo tiene efecto en esos dos países que lo firmaron. «El acuerdo bilateral no alcanza a otros países que no sean parte del acuerdo, es decir, en el hipotético caso de que caiga el régimen, salen de Nicaragua y si la Policía en alguno de los países en ruta a Moscú acepta, por ejemplo, esa orden internacional en el caso de Argentina o cualquier otro lado, los pueden detener y los trasladan al país donde se desarrolla el proceso penal, en este caso en Argentina», dijo Murillo.
Sin embargo, el analista duda que ese acuerdo siga teniendo vigencia si el gobierno de Rusia o la dictadura en Nicaragua cambia totalmente, a uno contrario a esos regímenes. En ese caso, según Murillo, estarán en las manos de la voluntad del gobierno que se instaure.
La exguerrillera sandinista y opositora en el exilio, Dora María Téllez, consideró que Ortega y Murillo están conscientes de que han llevado sus crímenes a otro nivel con los asesinatos de opositores en el exilio, lo que los ha puesto cada vez más en la mira de la justicia transnacional, un proceso que aborda las consecuencias de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante períodos de conflicto, represión o violencia a gran escala.
Particularmente el asesinato del mayor en retiro Roberto Samcam —el pasado 19 de junio— abrió pie a una investigación en Costa Rica en la que están participando abogados extranjeros.
La prestigiosa abogada española Almudena Bernabéu, reconocida por enjuiciar a dictadores, ha confirmado que se va a hacer cargo del caso de Roberto Samcam y anunció que pronto estará en Costa Rica para preparar una acusación penal contra los autores materiales e intelectuales del asesinato.
Con relación al caso de Joao Maldonado, otro opositor exiliado en Costa Rica que sobrevivió a dos atentados armados, el Ministerio Público de Costa Rica anunció el pasado 3 de julio que se prepara para presentar la acusación formal ante los tribunales penales costarricenses.
Proceso penal contra la dictadura de Ortega en Argentina
La proceso en Costa Rica es el segundo en marcha para investigar a la dictadura Ortega Murillo en otro país.
En Argentina, el 26 de agosto de 2022, un grupo de abogados y profesores de la Universidad de Buenos Aires, con apoyo de alumnos de la carrera de Derecho, abrieron una denuncia penal contra Ortega ante los tribunales federales de Buenos Aires, bajo el principio de justicia universal.
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De acuerdo con el escrito judicial argentino, en Nicaragua se puso en marcha en 2018 un “plan sistemático y generalizado de violenta represión contra la población civil” que se valió “de la estructura del aparato estatal” y cuyo objetivo “era la disuasión de manifestaciones sociales y la persecución de los sectores políticos disidentes”.
En los eventos de 2018, al régimen orteguista se le atribuyen más de 300 muertes por la represión policial desatada contra las protestas civiles, algo que está documentado caso por caso en informes de organizaciones internacionales de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Alto Comisionado de Naciones Unidas en ese ámbito. El Grupo de Expertos de Naciones Unidos para los Derechos Humanos señaló a 54 ejecutores de la represión en Nicaragua.
En diciembre de 2024, el juez federal argentino Ariel Lijo ordenó la captura internacional de Ortega, su esposa y otros funcionarios públicos del régimen sandinista por presuntas violaciones a los derechos humanos. La orden de captura llegó después de casi dos años y medio de investigación sobre las denuncias de crímenes que ha cometido el régimen Ortega Murillo desde 2018.
«Ley exótica»
Téllez aseguró que ningún convenio bilateral va a detener las investigaciones y los juicios contra Ortega en otros países. Además dijo que este convenio tampoco es algo «escrito en piedra».
«Esta es una ley completamente exótica, que dice que aunque haya cambio de gobierno en Rusia o en Nicaragua, la ley va a seguir teniendo efecto, que es una cosa completamente divertida, porque no existe ninguna ley de piedra. Así como las cosas se hacen, así se deshacen», dijo Téllez.
La opositora agregó que las acciones judiciales como la orden de captura dejan a Ortega con pocas opciones para viajar, así que no es de extrañar que esté considerando a Rusia para buscar protección.
«La justicia camina y los Ortega Murillo saben que la justicia camina y que esa justicia les va a llegar. Entonces preparan su refugio en Rusia, para ver cómo se escapan de esas acusaciones de crímenes de lesa humanidad y como se escapan de las acusaciones de crímenes transnacionales que es a lo que han pasado actualmente», manifestó Téllez en su podcast de la semana.
Lo que sí reconoció Telléz es que difícilmente se podría llevar una causa penal contra el régimen Ortega Murillo ante el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Rusia tiene veto.
Ortega y Murillo nunca saldrán de Nicaragua
El sociólogo Oscar René Vargas, autor de numerosos ensayos y libros en los que profundiza sobre las entrañas de la dictadura Ortega Murillo, afirma que los dictadores no buscan protección para ellos, porque ambos esperan morir en el poder.
«Ellos nunca se van a ir de Nicaragua, nunca van a dejar el país. Están protegiendo a sus hijos, a sus nietos, a las familias de las esposas de sus hijos y también a las familias de los diferentes anillos de poder, Fidel Moreno, Mojica, Porras y los otros. Ese es el objetivo fundamental para firmar ese acuerdo», dijo Vargas.
Esto coincide con el planteamiento de Dora María Téllez, quien cree que los viajes mensuales a Rusia de Laureano Ortega Murillo, hijo de los dictadores, pueden ser para explorar su futura residencia.
«¿Será que anda buscando casa, será que anda buscando dónde establecerse, será que está trabajando en una exploración mayor del terreno, para que ellos puedan tener un refugio seguro allí? Porque si no, ¿cuál es la prisa de aprobar en decreto legislativo con una norma que los protege y los vuelve impunes en Rusia a los Ortega Murillo?», se preguntó Téllez.
