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CONTENIDO EXCLUSIVO.Costa Rica vive un momento político sin precedentes. El presidente Rodrigo Alberto de Jesús Chaves Robles, quien asumió el poder el 8 de mayo de 2022, se enfrenta a la posibilidad real de perder la inmunidad que lo protege de ser procesado penalmente durante su mandato.
El 18 de junio de 2025, la Fiscalía General solicitó a la Corte Suprema de Justicia que remitiera a la Asamblea Legislativa el levantamiento de su fuero, en el marco de una investigación por financiamiento electoral ilícito y posibles delitos de concusión relacionados con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La dimensión histórica es clara: nunca antes en la Segunda República (establecida en 1949) un presidente costarricense había sido formalmente requerido para un proceso de desafuero.
Este hecho ocurre mientras Chaves afronta un cúmulo de más de 30 investigaciones penales, un creciente aislamiento político y un clima de inseguridad ciudadana que ha erosionado la confianza institucional.
La bola, de momento, está en contra de Chaves: la Asamblea Legislativa deberá decidir si existen los 38 votos necesarios para levantar la inmunidad presidencial, una decisión que, de producirse, obligaría a Chaves a apartarse del cargo mientras la Corte Penal evalúa su situación jurídica.
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Coyuntura inédita
Para el sociólogo y catedrático universitario Carlos Sandoval, este momento representa una “coyuntura inédita en la historia republicana costarricense”.
Sandoval subraya que el proceso penal a Chaves no es un episodio aislado de otros sucesos: coincide con la entrada en vigor de la reforma constitucional que habilita la extradición de costarricenses por delitos de narcotráfico, y con las diligencias de la DEA sobre figuras antes intocables de la élite política y judicial.
“Es el primer caso en la historia de Costa Rica que la Corte eleva a la Asamblea Legislativa una solicitud para levantarle la inmunidad al presidente”, afirma Sandoval.
El experto destaca que el contexto se agrava con las acusaciones cruzadas de Chaves contra los funcionarios de otros poderes, la desconfianza en las instituciones y la cercanía de las elecciones de 2026.
“Este proceso de desafuero se suma a la controversia por la extradición de costarricenses, como el exfuncionario estatal Celso Gamboa, y coloca al país ante una encrucijada política y judicial pocas veces vista”, observa.
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Pelota en la cancha legislativa
Sandoval subraya que la acusación de concusión —dar o prometer dinero público sin la debida transparencia— se vincula directamente a las formas de financiamiento de la campaña de Chaves y a la opacidad en el manejo de recursos provenientes del BCIE.
“La responsabilidad ahora está en la Asamblea Legislativa”, advierte, recordando que el propio abogado defensor de Chaves ha anunciado la intención de recusar diputados que, a su juicio, han adelantado criterio, en un intento por frenar o desacreditar el proceso.
Sobre este punto, Sandoval reflexiona: “Algunas personas vinculadas a la Asamblea Legislativa han manifestado que adelantar criterio no tipifica una prohibición para diputados, como sí ocurre en el Poder Judicial. Es decir, la recusación en la Asamblea no cabría”.
Para el analista, esta táctica muestra un patrón más amplio: “Es la misma lógica de confrontación que Chaves ha aplicado desde que llegó al poder. Cada vez que surge un cuestionamiento, responde con descalificación y con la narrativa de que todos están en su contra”.
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Imagen autoritaria
Sandoval advierte que este discurso es parte de su estrategia política y que ha tenido eco en sectores que valoran la figura de un líder “fuerte” en tiempos de incertidumbre.
“El presidente ha consolidado una imagen asociada a esta idea de figura campechana, dicharachera, pero también autoritaria. Ese populismo autoritario se conecta con el hartazgo de la gente ante los problemas no resueltos. Es una mezcla peligrosa porque debilita la confianza democrática”, sostiene.
Para Sandoval, la pregunta crucial es si ese capital político que ha mantenido a Chaves con índices de aprobación superiores al 50 % podrá transferirse a otro candidato oficialista en las elecciones de 2026.
“Yo tengo serias dudas. El liderazgo carismático no siempre es transferible, y menos cuando está contaminado por sospechas tan graves como estas”, explica.
“Parece que el 12 de julio van a anunciar desde cuál partido se va a postular la fórmula presidencial afín a Chaves. Pero nadie sabe si eso será suficiente”, añade.
Finalmente, el sociólogo advierte que la combinación del caso Gamboa, la elevada percepción de inseguridad ciudadana con el aumento de la violencia narco, más el riesgo de desafuero y el discurso polarizante de Chaves “sin duda tendrá una repercusión en las elecciones. Va a definir las conversaciones políticas de aquí a abril del año próximo.”
Desafío a la política tradicional
Rodrigo Alberto de Jesús Chaves Robles, nacido el 10 de junio de 1961, en San José, Costa Rica, es un economista y político que asumió la Presidencia de Costa Rica el 8 de mayo de 2022.
Es hijo de Rodrigo Chaves Arguedas, quien trabajó como guardaespaldas y chofer del expresidente José Figueres Ferrer, y Alicia Robles Jiménez. Chaves se describe a sí mismo como “el hijo del guardaespaldas y chofer de Don Pepe”, destacando sus orígenes humildes.
Estudió en la Universidad de Costa Rica antes de trasladarse a Estados Unidos, donde obtuvo un doctorado en Economía en la Universidad Estatal de Ohio.
Durante 27 años trabajó en el Banco Mundial, ocupando cargos en más de 45 países, incluyendo el de director para Indonesia y Timor Oriental. Está casado con la economista letona Signe Zeicate desde 2015 y tiene dos hijas, una de un matrimonio anterior con Monika Hempel.
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Ascenso al poder
Chaves irrumpió en la política costarricense en 2019, cuando el presidente Carlos Alvarado lo nombró ministro de Hacienda, cargo que ocupó de noviembre de 2019 a mayo de 2020.
Su gestión fue breve y marcada por controversias, como propuestas no autorizadas (por ejemplo, un impuesto solidario a salarios altos durante la pandemia) y desacuerdos con Alvarado sobre la disciplina fiscal, lo que llevó a su renuncia
En julio de 2021, Chaves anunció su candidatura presidencial por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD), una agrupación conservadora fundada en 2018.
A pesar de partir con bajo reconocimiento y encuestas que lo situaban con apenas un 2 % de intención de voto, su discurso anti-establishment, centrado en combatir la corrupción y criticar a la clase política tradicional, resonó con un electorado desencantado con los partidos tradicionales.
En la primera vuelta electoral del 6 de febrero de 2022, obtuvo un sorprendente 16.78 %, quedando en segundo lugar detrás de José María Figueres, del Partido Liberación Nacional (PLN).
En la segunda vuelta, el 3 de abril de 2022, Chaves venció a Figueres con el 52.84 % de los votos, en unos comicios marcados por un alto abstencionismo (43.23 %).
Su campaña enfrentó críticas por acusaciones de acoso sexual durante su tiempo en el Banco Mundial (sancionado en 2019 por “insinuaciones sexuales” y “comportamiento inapropiado” entre 2008 y 2013) y por el uso de un fideicomiso privado para financiar su campaña, lo que generó cuestionamientos legales.
Un estilo agresivo
Desde su investidura, Chaves ha gobernado con un estilo confrontativo, tildado de populista por analistas, enfrentándose a medios de prensa (a los que llama “prensa canalla”), al Poder Judicial y a la Contraloría General de la República.
Ha cuestionado rudamente a las universidades públicas, a los poderes del Estado, a las organizaciones ambientales, a la diversidad sexual, a las fuerzas de seguridad, sindicatos, medios de comunicación y decenas de organizaciones y sectores sociales.
Llegó al extremo de organizar una marcha desde el Gobierno para exigir la destitución del fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz Sánchez, en medio de varias investigaciones en curso en contra suya.
Su Administración se ha centrado en reactivar la economía, reducir la pobreza (23 % en 2022), atraer la inversión extranjera, reducir el desempleo (13.6 %) y negociar con el Fondo Monetario Internacional y otras instancias internacionales.
Entre sus propuestas destaca la controversial “Ley Jaguar”, que busca reducir controles de la Contraloría para agilizar proyectos de infraestructura, lo que ha generado críticas por posibles riesgos a la transparencia y la corrupción.
También ha impulsado medidas controversiales como eliminar el uso obligatorio de mascarillas, eliminar el Día de la Diversidad Sexual, limitar el acceso de los periodistas a sus conferencias de prensa y celebrar el desvisado de Estados Unidos a diputados adversos a su gobierno.
A pesar de ello, Chaves mantiene una aprobación alta, entre el 50 y 70 % según encuestas, mientras enfrenta más de 30 investigaciones penales y decenas de denuncias civiles, incluyendo acusaciones de financiamiento político ilícito y abuso de poder.
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El origen de la crisis
En junio de 2025, la Fiscalía solicitó al Supremo Tribunal de Elecciones levantar su inmunidad presidencial por un caso de financiamiento ilegal de campaña, lo que ha intensificado la controversia de su mando.
Además, Chaves rompió con el PPSD en 2023, dejándolo sin un partido político sólido de cara a las elecciones de 2026, lo que plantea incertidumbre sobre su sucesión.
Su gestión también ha sido criticada por demoras en firmar leyes clave y por tensiones con instituciones democráticas, lo que ha llevado a un descenso de Costa Rica en el índice de libertad de prensa y a un aumento en la tasa de homicidios.
Los escenarios de Rodrigo Chaves
Para el politólogo Carlos Murillo, este momento es un punto de inflexión en la democracia costarricense y representa un escenario desfavorable no sólo para Chaves, sino para el país completo.
“Lo que estamos viendo no es un escenario cualquiera. Es un escenario con varios actos, que podría derivar en una crisis de legitimidad del poder Ejecutivo”, advierte.
Murillo considera que el estilo de Chaves puede definirse con precisión: “Es un populismo autoritario de postverdad. Él necesita contar cada semana un relato más intenso que el anterior. Si hoy ataca a los medios, mañana tiene que acusar al Poder Judicial de conspirar y pasado mañana a las élites económicas. Así mantiene viva su base política”.
Murillo observa que la narrativa del presidente se ha basado en la victimización sistemática: “Siempre está presentándose como la víctima de un sistema que lo quiere derrocar. Eso es una estrategia de manual: cuanto más se acercan las acusaciones, más se radicaliza el discurso”.
En su criterio, la estrategia tiene dos objetivos: blindar su liderazgo personal y cohesionar a los sectores más leales que lo perciben como un defensor del pueblo contra los privilegios.
El politólogo alerta de que el riesgo más extremo sería un escenario de caos.
“No podemos descartar que en un punto de máxima tensión, Chaves intente declarar un estado de excepción. Eso implicaría suspender las elecciones. Ese sería el autogolpe, la jugada final de su relato de asedio permanente”.
Aunque Murillo aclara que Costa Rica tiene instituciones sólidas, advierte que “ningún país está vacunado contra ese tipo de tentaciones”.
Murillo explica que si la Asamblea Legislativa logra reunir los 38 votos necesarios, Chaves estaría obligado a apartarse temporalmente y dejar el cargo al vicepresidente Stephan Brunner.
“Ese sería un escenario de crisis institucional, pero también de oportunidad para que el país reafirme su democracia”, estima.
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Las claves de la crisis tica
La crisis de Rodrigo Chaves es multidimensional, de acuerdo con los expertos aquí consultados.
Primero, el caso Gamboa ha estremecido a la opinión pública. Celso Gamboa, detenido el 23 de junio de 2025 por orden de la DEA, fue grabado mientras presumía conexiones con ministros y asesores del gobierno.
Un video difundido por CRHoy mostró a Gamboa en el condominio Monterán, donde reside Chaves, diciendo: “Negro, va a conocer al presidente”. Aunque Casa Presidencial negó el encuentro, la credibilidad de esa versión ha quedado en entredicho y la sombra del narcotráfico se ha posado sobre las instituciones públicas.
Segundo, las investigaciones sobre financiamiento ilegal de campaña, sumadas a las 30 causas penales abiertas, han minado la legitimidad de su gobierno. Si fue capaz de recibir dineros de fuentes dudosas, por vías sospechosas ¿de qué más puede ser capaz?, analizan los expertos.
Tercero, su estilo confrontativo ha contribuido a un clima de polarización. Sus ataques constantes a la prensa —a la que tilda de “prensa canalla”— y a la Contraloría han deteriorado los equilibrios institucionales.
Parte de ese conflicto ha derivado a su decisión de dar la espalda a la resolución de un aspecto grave que afecta a Costa Rica: la violencia del crimen organizado y las cifras récord de homicidios en los últimos cuatro años.
Finalmente, están sus planes de transmitir su popularidad a un partido afín a sus ideas, lo cual a criterio de los analistas, siembra las bases para una sucesión y, a la vez, al nacimiento de un régimen dictatorial nunca visto en Costa Rica.
